La Comisión de Salud del Senado aprobó esta semana iniciar la discusión del proyecto de ley que reformará Fonasa y que crea por primera vez un Plan Nacional de Salud, y que el Gobierno había enviado hace un año al Congreso para su trámite legislativo. El proyecto de ley pretende modificar las normas que regulan al Fondo Nacional de Salud, con el fin de transformar su rol y funciones, para convertirlo en un seguro nacional de salud y, además, para crear un Plan de Salud Universal, con el propósito de garantizar a sus más de 14 millones de beneficiarios una atención de calidad, oportuna y económicamente accesible.

Este plan universal incluye, según el texto del proyecto, las prestaciones de examen de medicina preventiva y manejo de enfermedades crónicas, hospitalización, atención de urgencia, maternidad y cuidado del recién nacido, medicamentos e insumos hospitalarios y medicamentos ambulatorios, rehabilitación, exámenes de laboratorio y rayos, servicios ambulatorios, cuidados paliativos, servicios de pediatría, enfermedades Auge y otros beneficios que se determinen en leyes especiales.

Asimismo, se establecen tiempos máximos de atención para cirugías y consultas médicas de especialidad de enfermedades no Auge. Si un recinto de salud no cuenta con capacidad de resolución, Fonasa ofrecerá al usuario una red de prestadores en convenio para garantizar su atención. De aprobarse en el Congreso, se trataría de una ley que da casi rango constitucional al derecho a la salud, porque lo hace exigible, da garantía de acceso, de oportunidad atención, con un plazo para ser atendido, entregando cobertura financiera en la red de prestadores que establezca Fonasa y creando un seguro de medicamentos y catastrófico.

Para la implementación, se le otorgarán más atribuciones a Fonasa para que se transforme en el garante de los derechos de sus afiliados, con un seguro público de salud. A la vez, para garantizar la trasparencia en la gestión de Fonasa, así como su independencia y autonomía, se establecerá un nuevo gobierno corporativo, a través de la creación de un consejo directivo, que asesorará las decisiones.

El Fondo Nacional de Salud es un sistema público de seguros de salud del Gobierno de Chile, que fue creado mediante el decreto ley N° 2762, del 11 de julio de 1979, mientras que el sistema privado de Instituciones de Salud Previsional (Isapres), se creó con la publicación del decreto con fuerza de ley N° 3, del 19 de marzo de 1981. Han pasado cuatro décadas desde entonces y sin lugar a dudas que ambos requieren actualizaciones, para adecuarse a las nuevas necesidades de la población a la cual dan cobertura en cada caso.

El ministro de Salud, Enrique Paris, ha agradecido a la Comisión del Senado que aprobara la idea de legislar sobre el tema y ha señalado que "es una ley largamente esperada por la sociedad y que tendrá un impacto muy importante en la atención de salud de todos los chilenos". A su vez, el exministro Osvaldo Artaza Barrios, ha expresado que "los senadores de la Comisión de Salud exigieron, en buena hora, que dicho proyecto se tramitara, como mínimo, paralelamente junto al que pretende una reforma al sector privado (Isapres), que ha visto pasar varios intentos de reforma, sin que ninguno haya tenido éxito".

Esta es una reforma ambiciosa y que por lo mismo generará polémica, sobre todo en un momento convulsionado por la pandemia. El representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, Fernando Leanes, ha valorado la iniciativa y ha expresado que el tema se ha analizado con las autoridades de salud, en el contexto y las distintas experiencias que existen en otros países que han emprendido reformas tan importantes como ésta y ha comprometido la asesoría que sea necesaria. A su juicio, la carga de enfermedades crónicas está saturando los sistemas de salud en el mundo y éstas son respuestas que hay que dar.

Ésta es una reforma ambiciosa y que por lo mismo generará polémica, sobre todo en el momento convulsionado que vive el país por la pandemia. Es una reforma largamente esperada por la sociedad y que, de aprobarse, tendrá un impacto muy importante en la atención de salud de todos los chilenos.

En particular, en la última década se ha observado un incremento sostenido de la deuda pública del Estado, lo cual no ha sido diferente del aumento de la deuda de sectores empresariales, como tampoco distinto de lo ocurrido con la situación que afecta a muchas familias en el país, debido principalmente a los conocidos hechos ocurridos, surgidos originalmente desde el débil comportamiento de la economía, como consecuencias del estallido social, hasta llegar al tema de la pandemia vigente.

La necesidad de financiamiento extraordinario, para superar un sin número de dificultades e imprevistos, ha hecho que se deba recurrir a un mayor endeudamiento del Estado para cubrir los déficits surgidos por las innumerables necesidades a satisfacer con fondos adicionales, no contemplados originalmente en los presupuestos de la nación.

Por otra parte y según la (Dirección de Presupuestos (Dipres), la deuda pública llegó a niveles sobre el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año recién pasado y se estima ésta se aproximaría a cifras sobre el 40 % al término del presente año, pero ya proyectándose un nivel de endeudamiento mayor para algunos años más.

Por ahora, se espera que esta situación debería mantenerse hasta el año 2024, cuando debería empezar a decrecer, conforme se aplica lo señalado por la regla de déficit fiscal, que contempla límites a los niveles de déficit del Presupuesto de la Nación, a cubrir con endeudamiento adicional. Se debe tener en cuenta también que la deuda neta es menor, en todo caso, porque se deben considerar los activos financieros que posee el Estado.

La necesidad de ingresos extraordinarios ha llevado al país, sin embargo, a hacer uso de parte de sus ahorros, desde los fondos que ha ido conformando a través de décadas, como ha sido en un caso, la utilización solo de parte del Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) , principalmente por los ingresos obtenidos en ciclos de altos precios en los mercados internacionales, de materias primas exportadas por el país, como el cobre, situación similar al actual ciclo que está sucediendo con el precio de este metal.

Desde este fondo, el país ha utilizado, en el último tiempo solo una parte, cifra estimada en 2.400 millones de dólares, lo cual equivale aproximadamente a un 20 % de él.

Sin duda, el mayor endeudamiento se justifica, porque la aplicación de esos recursos adicionales ha permitido al Estado ayudar a millones de personas, especialmente a los más afectados y en difíciles condiciones económicas, producidas directamente por el flagelo del covid -19, como asimismo utilizados en planes de protección del empleo, subsidios y préstamos "blandos" para las pequeñas y medianas empresas (pymes), etc. Por lo tanto, son mayores gastos corrientes, como también para inversiones, en procura de reactivar la economía.

Ante el escenario anterior, el país, producto de su posición financiera y por el grado de reconocimiento crediticio interno y externo, ha podido aumentar sin problemas su nivel de endeudamiento, por una parte, y por otra, echar mano a sus ahorros, los cuales estaban también destinados para aplicarlos ante serias emergencias y aún más, ya se van definiendo limitaciones con el objetivo de volver a niveles de endeudamiento futuro, que se aceptan como absolutamente manejables.

"El mayor endeudamiento se justifica, porque esos recursos adicionales han permitido al Estado ayudar a millones de personas afectadas por el flagelo del covid -19".

Pruebas

El Juzgado de Garantía de Arauco rechazó prisión preventiva para el imputado por la muerte de Tomasito, su tío abuelo. Pretender formalizar a un imputado apoyándose en pruebas circunstanciales, si bien son importantes para generar un contexto, no suelen llegar, por si solas, a un resultado positivo para quien la esgrime. Los indicios deben encontrarse corroborados por algún medio de convicción Tienen que concurrir varios, la responsabilidad penal no se puede sustentar en indicios aislados. Deben tener una relación material y directa con el hecho criminal y estar interrelacionadas entre si. Los indicios forman un sistema argumentativo de tal manera que deben converger en una solución, pues la divergencia de algunos resta eficacia a la prueba circunstancial en su conjunto. La resolución de la Corte, que debe avalar el fallo, cualquiera que sea, no afecta a lo señalado. Las pruebas circunstanciales no generan, por sí, convicción jurídica.

Christian Paulsen E.P

Normalidad

¿En qué país estaría pensando Andrés Allamand al mencionarle a la ONU que se estaba volviendo a la normalidad después de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019? No creo que en el nuestro, ya que seguimos con toque de queda y con manifestaciones en lugares públicos.

Miguel Carrasco Muñoz

Retiros del 10%

No debe extrañar que algunos parlamentarios estén presionando para sacar adelante un tercer retiro previsional, pero lo que llama la atención es la nula gestión por regularlos. Los retiros previsionales afectan las futuras pensiones y también las arcas fiscales, pues mayor será el aporte del Estado al pilar solidario. Una alternativa técnica y viable, es que para futuros retiros previsionales, quienes se acojan deban retrasar en al menos seis meses tanto la edad de pensión como el ingreso al pilar solidario, y si realiza otro retiro, entonces debe retrasar otros 6 meses, y así sucesivamente. Como dato, la tributación del segundo retiro previsional hizo bajar en un 30% el número de personas que se acogieron respecto al primero, por lo que si adicionamos un retraso obligatorio de la edad de pensión e ingreso al pilar solidario, entonces retirarán sólo aquellos que realmente lo necesiten. Hay que recordar que Chile es de los pocos países que no ha aumentado la edad legal de pensión.

Eduardo Jerez Sanhueza

Pensionados

Entre las causas que se señalan para explicar el estallido social del 18-de octubre de 2019, estaría la poca empatía de las autoridades tanto del país como de las organizaciones de toda índole de nuestra sociedad, ya sea por desidia o, lo que es más inentendible, por desconocer la realidad en la cual viven los ciudadanos. La Universidad de Concepción estableció hace varias décadas un complemento a la pensión de jubilación -llamada renta vitalicia- a quienes decidieran pensionarse cumplida la edad legal para ello y que hubiesen mantenido una permanencia de 25 o más años en esa casa de estudios. Ni que decir que dicho complemento es una apreciada ayuda a una paupérrima pensión que como las de los miles de chilenos, no supera el 25% de la remuneración que se percibía estando activo. Pero ¡oh sorpresa! las actuales autoridades de la Universidad nos han enviado un mail a los funcionarios pensionados que nos acogimos a ese beneficio, informándonos que atendiendo a la situación económica de la universidad derivada de la pandemia, no se efectuará el reajuste a esta "renta vitalicia". Es decir, las autoridades, agobiadas por la situación económica de la corporación, deciden obtener recursos de quienes dedicamos gran parte, sino toda nuestra vida laboral a la Universidad y que ese complemento compensaba en parte la escuálida pensión que recibimos.

Fernando Rocha Pavés

Excepción

Llevamos más de un año en estado de excepción y el Congreso y el Gobierno buscan extenderlo. ¿Cuánto tiempo más quieren mantenernos encerrados? ¿Por qué mejor no invierten esfuerzo en declarar el estado de excepción en la Araucanía, donde sí se necesita?

Iván Pozo Gallardo

Suboficiales y tropa

Desde la vuelta a la democracia, los gobiernos no se preocuparon por los derechos políticos de los suboficiales y la tropa de las FF.AA. y de los carabineros rasos, discriminados por la Constitución y la ley, sin derecho a sufragio por un largo periodo de nuestra historia, colocados junto a las personas dementes y a los condenados con penas aflictivas. Considerados como incapaces de pensar y opinar por el acontecer del país, lo que se contrapone a la participación de los mandos militares en política, como siempre lo han hecho. Como fue hasta el año 2006, cuando generales y almirantes participaron en el Congreso Nacional como senadores designados, no considerando la opción de congresistas designados que salieran de la tropa. Para avanzar a un país menos desigual, el próximo gobierno debe estar comprometido con la democratización de las FF.AA. Con plena libertad de afiliación a los partidos políticos, participación en cargos de elección popular y carrera militar de nivel universitario para el escalafón de suboficiales y tropa.

José Castillo M.

Elecciones

Es saludable recordar que el éxito del proceso constituyente dependerá en buena medida de un ambiente favorable al trabajo de la Convención Constitucional, evitando desórdenes tanto fuera como dentro del Palacio Pereira (donde funcionarán los constituyentes). Si sigue arreciando la violencia en el centro de Santiago o si los convencionales no son capaces de acordar pronto el reglamento, más posibilidades existirán de que la cuestión constitucional sea resuelta por unos pocos. En definitiva, mientras más caos exista alrededor de la Convención, más poder de decisión tendrá la tan despreciada "cocina".

Juan L. Lagos

Crisis migratoria

El episodio de crisis migratoria que se produjo en Colchane revela que todos llevamos un Trump dentro.

Fabián Morales E.

En las últimas 24 horas, el Laboratorio Central del Hospital Regional de Concepción identificó dos muestras positivas para coronavirus, provenientes de la Región de Maule y correspondientes a un médico pediatra de 33 años y su esposa, quienes estuvieron de luna de miel en el sudeste asiático. Estos resultados coincidieron con el informe que entregó el Instituto de Salud Pública (ISP), que es el organismo que finalmente confirma o descarta los casos.

Un tercer caso fue identificado por un centro privado en la Región Metropolitana. Para el jefe del Laboratorio Central del Hospital Regional, el bioquímico Roberto Vega, esto muestra que "tenemos un laboratorio de primer nivel, con la capacidad para recibir y procesar todas las muestras que sean necesarias".