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Un recorrido por Talcahuano, especialmente para simular el proceso eleccionario del plebiscito del próximo domingo 25, fueron las principales actividades que realizó en la Región el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg.

En varias ocasiones ha dicho que está por el Apruebo y por la Convención Constitucional. Pero su opción para el futuro del país no es el único tema contingente que ha ocupado la agenda del militante RN. Monckeberg también ha asumido la vocería del proceso de descentralización, específicamente por la presentación de dos proyectos de ley para mejorar los cambios que se iniciarán en abril del próximo año, con la elección del gobernador regional. Esta nueva figura -que reemplazará algunas funciones del actual intendente- asumirá el 10 de junio de 2021.

La primera propuesta, presentada el 30 de septiembre, tiene relación con la descentralización fiscal. La segunda, ingresada una semana después, define qué se entiende por competencia y aclara algunas funciones del gobernador regional que no quedaron tan claras en las leyes aprobadas en 2017.

"Como es más de un ministerio el que participa en los proyectos presentados, nosotros estamos haciendo el esfuerzo coordinador, porque es legislativo y tiene relación con otras instituciones", dijo.

Rentas

-En el caso del proyecto que tiene que ver con el financiamiento, varias organizaciones regionalistas dijeron que era bien pobre porque trataba algo súper específico, sobre el FNDR, pero no habla de otro tipo de financiamiento para las regiones, como impuestos territoriales...

-Hablan desde el desconocimiento, porque pretenderlo todo desde el día uno es no querer nada. Estos son procesos que van avanzando. Nosotros enviamos un proyecto que permite algo que nunca ha existido en las regiones: que el presupuesto se haga ahí, que se apruebe en la región. Crea fondos con asignación de recursos, permite al gobernador presentar su proyecto de presupuesto y que sea elaborado y aprobado por el Consejo Regional, cosa que hoy no ocurre porque es aprobado por el Congreso, crea fondos especiales para asignarse a las necesidades de cada región, permite usar el saldo final de caja. Aquí hay un proyecto que organiza el financiamiento regional, genera la regla fiscal de administración, la responsabilidad en la administración de los recursos. Esperaría que estudiaran el proyecto, escucharan a los expertos y después viéramos qué adiciones se le pueden hacer.

-¿Se pensó esto como punto de partida?

-Forma parte de un compromiso que creíamos importante, no se abordó en la legislación anterior y por eso lo presentamos. Este no es un puntapié para iniciar negociaciones.

-¿Y cómo se hará la asignación? Porque los gobernadores hacen propuestas a tres años, pero el presupuesto se aprueba año a año por el Congreso.

-Hay propuestas y planificación de presupuesto a mediano plazo, pero también hay una asignación de recursos anuales. Eso forma parte de la discusión legislativa.

-En el caso de los fondos nuevos, ¿va a implicar que se asignen más recursos al FNDR?

-Permanentemente estamos destinando más fondos a cada uno de los presupuestos de las regiones y estos fondos que se están creando lo que buscan es eso.

-En el proyecto no queda claro de dónde van a salir esos fondos nuevos.

-Surgen de la ley de presupuesto que año a año aprueba el Congreso. La diferencia está en que aprobada la ley, son las regiones que lo distribuyen, lo programan.

-Las críticas apuntan a que son los mismos fondos y el FNDR representa algo más del 5% del total de recursos regionales.

-No son los mismos fondos. Se crea un fondo de equidad interregional, otro para la contingencia regional y se entrega la posibilidad de administrar de mejor manera los recursos... siempre se van a querer más recursos, pero estamos iniciando un proceso de regionalización, donde hay transferencia de competencias, flexibilidad y autonomía para administrarlos.

-¿Va a implicar un aumento de fondos?

-Eso no puedo decirlo yo, lo va a decidir el Congreso cuando saque adelante la ley de presupuesto.

Separar aguas

-El otro proyecto lo que hace es clarificar de qué se va a encargar el gobernador regional y en qué reparticiones va a tener injerencia, versus el delegado presidencial...

-Lo que se busca es fijar los roles de cada uno, entendiendo que el jefe superior del servicio es el gobernador regional. El proyecto también contiene la definición de competencia, fija la evaluación de las competencias transferidas, qué pasa con los funcionarios públicos que vienen del gobierno central y van a encasillarse en el gobierno regional. Se crea la unidad de control.

-De todas esas cosas, ¿cuál cree que es la más relevante?

-Lo más relevante es que el proceso se inicia. Esta es una adecuación según lo que la mesa técnica señaló. Creo que la unidad de control, el entregar a la Contraloría la contienda de competencias forman parte de definiciones que eran relevantes. Pretender que el gobernador regional, por el solo hecho de asumir, tiene todos los problemas resueltos en su región es impensado. Es clave el rol que jueguen los gobernadores una vez elegidos, en cómo van planificando y empujando a su región para conseguir su objetivo.

-¿Los seremis van a seguir dependiendo del gobierno?

-Hay seremis que van a depender del nivel central, otras autoridades se van transfiriendo al nivel regional, es un proceso.

-Es decir, una vez que asuma el gobernador regional, van a ir variando...

-El gobernador regional, cuando asuma, tendrá cinco divisiones, más los jefes de servicio, más una serie de transferencias de competencias que se resolvieron por ley el año 2017 y otras que pueda ir sumando a su gestión, pidiéndolas.

Por primera vez la ciudadanía elegirá a su máxima autoridad. Estas asumirán el 10 de junio del próximo año. Por ahora, definirán el presupuesto del FNDR.

-¿Por qué los proyectos se ingresaron al Senado?

-Creímos que era importante que ingresaran los dos en la misma cámara de origen para que hubiese una discusión integral.

-¿Van avanzando a la velocidad correcta? Estamos encima de la elección de gobernador regional.

-Esperamos que estén aprobadas para cuando los gobernadores asuman. Si no, el proceso de regionalización partiría con piedras en el camino, pero ahora la palabra la tiene el Congreso.

-El Gobierno también puede manejar esos tiempos a través de las urgencias y ambos proyectos están con urgencia simple.

-De todas maneras, pero cuando ponemos urgencia inmediata eso significa que tiene que estar discutido en 15 días y pensamos que eso no va a ser oportuno. Hay tiempo para sacarlos adelante y ojalá en los próximos 30 a 60 días puedan salir del Senado para, a finales de este año, ingresarlo a la Cámara de Diputados, lo que nos permitiría tener en el primer trimestre del próximo año estos proyectos aprobados. El óptimo es que estén aprobados cuando asuman los gobernadores.

-¿Hubo conversaciones con los senadores, los presidentes de las comisiones?

-Uno nunca asegura votaciones, pero sí al menos celeridad y tanto el senador Pizarro como la senadora Ebensperger, que presiden las comisiones de Hacienda y de Gobierno Interior, están al tanto. Creo que vamos a tener un buen trámite y esperamos que sea expedito.

Como una situación lamentable calificó ayer el gobernador de Concepción, Julio Anativia, la destrucción de señalizaciones de tránsito y semáforos que dejaron las manifestaciones registradas durante la jornada del lunes en el centro de la capital regional.

Las marchas se produjeron en el marco del año del denominado "estallido social" y se concentraron en el perímetro céntrico de Concepción, especialmente en las plazas de Tribunales y de la Independencia, para luego, entrada la tarde, trasladarse al sector de las avenida Paicaví y Los Carrera.

La autoridad explicó que la mayor cantidad de manifestantes se congregó en el sector de Tribunales, donde hubo "más de 200 personas, vulnerando la normativa sanitaria que se establece para resguardar la vida y la salud de la población". Anativia recordó que según la norma vigente se pueden reunir un máximo de 20 personas en espacios abiertos y con las medidas de prevención de contagios de covid-19 correspondientes, es decir, distancia física y uso de mascarilla.

Agregó que en forma posterior se produjeron "algunos desórdenes y hubo daños a equipamiento y señalética de la ciudad. Carabineros realizó una labor de contención y disuasión, disolviendo estas manifestaciones y al final tuvimos 22 detenidos en la Provincia de Concepción".

El gobernador precisó que se reportaron seis carabineros lesionados durante la jornada y que hubo información sobre posibles heridos entre quienes participaron de las manifestaciones

Uno de los hechos que llamó la atención durante las manifestaciones ocurridas el lunes fue la gran cantidad de personal de Carabineros que se desplegó en las calles céntricas.

El gobernador confirmó que se trató de una modificación de estrategia para abordar estas situaciones y que tiene su base en la experiencia adquirida durante el año pasado. Se trata de la llamada técnica de formaciones de encuentro, que la misma institución identificó como nueva táctica.

"En la planificación y coordinación previa, hubo una consideración a la experiencia del año anterior, por lo tanto Carabineros adecuó su accionar a esta experiencia y desde ese punto de vista se realizó una labor más que nada de contención y de disuasión", sostuvo.

La autoridad provincial lamentó que nuevamente se destruyera señalización vial, en especial los semáforos que habían sido repuestos hace pocas semanas. "Es algo que está establecido para resguardar la seguridad de la población en muchas calles durante este año, hubo accidentes, fallecieron personas y lamentamos que no haya conciencia en algunas personas de los importante que es para la propia población este equipamiento público", cerró.