Mayor debate en torno a la descentralización
Episodios recientes ocurridos en la Región y el país han dado cuenta expresa de la necesidad de impulsar un proceso de descentralización que considere avances significativos que pasan primero por una mayor comprensión de este proceso, como también un compromiso real de generar un diálogo más horizontal y realista entre las regiones y el "poder central", donde además la participación del sector privado -la denominada sociedad civil- es clave para dar continuidad a las propuestas más allá de los acotados ciclos gubernamentales de cuatro años.
De lo contrario, es muy probable que se siga observando la sucesión de planes a medias, desarticulados e incluso contradictorios, que suelen ser ubicados en el amplio concepto de la "descentralización", pero que muchas veces se quedan a medio camino y, con suerte, obedecen a iniciativas de desconcentración o deslocalización del poder.
En ese sentido, es importante destacar que existe cierto consenso a nivel académico respecto de la definición de la descentralización como un proceso de aplicación de políticas públicas que en su conjunto traspasan responsabilidades, recursos o autoridad desde el gobierno central a los subnacionales, en la medida que estos últimos gocen de una suficiente autonomía. Si de una u otra forma el control se mantiene -así como el poder de decisión respecto de la continuidad de determinadas políticas- difícilmente podríamos estar hablando de procesos de verdadera descentralización, sino más bien de virtuales "simulacros" que buscan dejar momentáneamente tranquilas a las regiones, pero que no cumplen con los principios básicos del concepto.
Se trata, entonces, de un proceso de alta complejidad que acentúa el carácter autónomo de los receptores de aquellas nuevas cuotas de poder, por lo cual -por ejemplo- difícilmente se podría pretender que el traspaso de atribuciones a los intendentes sea un elemento que esté dentro de esta categoría conceptual.
La situación que afecta al Comité de Desarrollo Productivo Regional -cuya continuidad está por estos días en duda- es un ejemplo de un mecanismo que fue puesto por la administración anterior como un "ejemplo" de política descentralizadora, pero que ha terminado generando un efecto incluso en sentido contrario.
Esto, porque en primer lugar se consiguió el objetivo de absorber el funcionamiento del Comité Innova Biobío -una instancia de fomento que había nacido en los albores del 2000 realmente "desde abajo", es decir, había sido creada a instancia de líderes regionales y se convirtió en una política pública diferenciadora y que consideraba las particularidades territoriales y la trayectoria institucional. Y, en segundo término, porque las señales indican que será nuevamente Santiago el que definirá en un futuro próximo -sin consulta con las regiones, que solo deben acatar la determinación- un posible cierre de una instancia que más allá de que claramente tiene posibilidades de mejorarse, contaba al menos con una estructura de gobernanza para la toma de decisiones (su consejo directivo), que integraba a actores regionales de Gobierno, pero también del Consejo Regional, la academia y sector privado, en coordinación con representantes de las instituciones centralizadas.
El recorte presupuestario de partidas asociadas a recursos de decisión regional es otro ejemplo de cómo opera un país centralizado, donde pesa sobre las decisiones de los niveles subnacionales la permanente sospecha del riesgo de captura política de las inversiones públicas.
Es cierto que no se puede soslayar que hay quienes advierten que -efectivamente- una mayor cercanía entre quienes toman las determinaciones para asignar recursos públicos y los posibles beneficiarios de esos fondos representa un factor de riesgo mayor en relación a la posibilidad de que se registren irregularidades. Sin embargo, aquello no puede ser la excusa de siempre para mantener un control centralizado de gran parte de los fondos públicos, ya que se impide avanzar en la tarea de ajustar con mayor claridad y precisión el acoplamiento entre las necesidades más urgentes y los fondos disponibles para cubrirlas.
En esa línea, es valorable que instancias públicas como el Consejo Regional de Biobío planteen -como lo han hecho en los últimos días- sus propuestas para avanzar en un real proceso de descentralización en el país. Entre las iniciativas se cuentan ampliar el marco presupuestario del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), aumentar las competencias para los futuros gobernadores regionales y potenciar el desarrollo local junto a los municipios, fortaleciendo la matriz productiva de la Región.
También desde el sector privado han habido recientes propuestas en la materia. Es el caso de Sofofa, que en su documento "Hoja de Ruta", abogó por la puesta en marcha de un proceso de "descentralización inteligente", que apunte a un mayor nivel de solidaridad y redistribución de los ingresos entre las regiones y que se haga a partir de transferencias desde el nivel central. "Creemos que un mayor porcentaje del gasto fiscal debe ser accionado a nivel de los gobiernos locales y que debe fortalecerse un criterio de solidaridad en su distribución entre municipios", planteó el gremio.
Si queremos optar a una descentralización real, seria y de largo plazo, no solo debemos poner atención a cuántos nuevos recursos serán decididos desde las regiones, sino también en qué manos quedarán esos fondos públicos y cómo -con leyes, capacitación y orden- aseguraremos crecientes niveles de eficiencia y claridad en la administración.
Es valorable que instancias locales como el Consejo Regional de Biobío planteen -como lo han hecho en los últimos días- sus propuestas para avanzar en un real proceso de descentralización en el país. También desde el sector privado ha habido recientes propuestas en la materia que ayudan a mantener el tema en discusión.