por Actualidad

En septiembre estaría adjudicada la licitación de las obras destinadas a la conservación de las vías exclusivas del transporte público en la comuna de Chiguayante.

De acuerdo a lo informado por la Seremi de Transportes, se trata una proyecto que forma parte de una plan de reactivación y que cuenta con un área específica destinada a la conservación de los denominados corredores de transporte público.

El seremi Jaime Aravena precisó que el objetivo de las obras es mantener la infraestructura que está destinada a las líneas del transporte licitado y que recorren gran parte de la avenida Manuel Rodríguez de la comuna.

"Esta es una iniciativa por $390 millones y que está en proceso de licitación, por lo que esperamos que ojalá dentro de septiembre esté adjudicada y se inicien las obras", explicó Aravena.

Añadió que el plan de conservación del Ministerio de Transportes ya ha incluido otras zonas similares de la provincia. Así fue el caso el año pasado con el corredor de transportes de San Pedro de la Paz, que se extiende por la avenida Pedro Aguirre Cerda y que "esperamos prontamente también hacerlo en el corredor de avenida Paicaví, en Concepción", sostuvo el seremi.

MOVILIDAD SEGURA

La autoridad regional también se refirió a los proyectos que forman parte del Plan de Movilidad Segura, iniciativa definida como respuesta a la pandemia que mantiene en emergencia sanitaria a todo el país.

Aravena precisó que "en la Región del Biobío y especialmente en la Provincia de Concepción, donde tenemos varios proyectos que ya están en carpeta con financiamiento, estamos hablando de $300 millones de inversión".

Esto implica, en lo fundamental, la generación de ciclovías transitorias destinadas a habilitar ejes de conexión con ciclovías que ya existen, de tal manera que se facilite el desplazamiento de personas que tienen la bicicleta como alternativa de transporte.

El seremi recordó que las conexiones incluidas en este plan se ubican en Concepción y San Pedro de la Paz.

En el caso de la comuna penquista se habilitarán ciclovías temporales en las calles Rengo y Caupolicán, con el fin de unir las ya existentes en Manuel Rodríguez y Víctor Lamas, para poder recorrer toda la zona céntrica.

Respecto de San Pedro de la Paz, en tanto, se habilitarán entre avenida Las Torres y Enrique Soro, también con el objetivo de conectarlas , y hacia avenida San Pedro de la Paz con Pedro Aguirre Cerda.

Una declaración pública dio a conocer ayer la Asociación de Contratistas Forestales A.G., Acoforag, en respuesta a las declaraciones realizadas por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

En una entrevista en la edición del domingo, la persecutora se refirió a las dificultades que tienen los fiscales para investigar hechos de violencia en la Provincia de Arauco, asegurando, entre otros, que "hoy tenemos dificultad que a la gente que va a investigar le disparan".

Desde la asociación gremial aseguran que el Ministerio Público tiene la obligación legal de utilizar todos los medios necesarios para investigar aquellos hechos que revistan el carácter de delito, "ése es su trabajo y no es razón válida lo expresado por la fiscal regional para justificar los nulos y malos resultados de la fiscalía regional del Biobío: un atentado esclarecido de 90 ocurridos a contratistas forestales desde el año 2014".

Añadieron que el Ministerio Público debe contar con todos los medios para hacer su trabajo, por lo que "si la violencia en la Provincia de Arauco no les permite a los fiscales acceder al sitio del suceso o a realizar las indagatorias, es su obligación solicitar apoyo en las instancias necesarias".

Sostuvieron que, como gremio, estiman que "de no cambiar la estrategia de investigación, no se llegará a ningún resultado ante las innumerables querellas presentadas por las autoridades y empresas contratistas afectadas".

Además, afirmaron que las declaraciones de la fiscal regional del Biobío reafirman lo que han manifestado como asociación gremial, en torno a a la falta de Estado de Derecho en la Región de La Araucanía y en la Provincia de Arauco. "Esas declaraciones también confirman que el gobierno no le garantiza a nadie -ni al Ministerio Público-, la seguridad requerida para realizar su trabajo", finaliza la declaración.