Un golpe a la descentralización
Esta semana se ha conocido, a través de una declaración de la Corporación de Fomento (Corfo), que este organismo ha decidido que su política de descentralización se realizará mediante el mecanismo de transferencias de competencias a los gobiernos regionales "y no a través de comités de desarrollo productivo, que fueron programas pilotos que se trataron de impulsar desde Corfo anteriormente (…) el Estado está preparando esta forma de descentralización que será igual para todas las regiones".
Esta confirmación, entregada a Diario El Sur desde el nivel central de la institución, generó una serie de reacciones a nivel local, debido a que significaría el término de una experiencia de descentralización donde Biobío, Los Ríos y Antofagasta fueron las regiones donde se aplicó el plan piloto. Una mirada a la historia de esta iniciativa permite clarificar el significado, particularmente para Biobío, de una determinación de esta naturaleza.
Fue a fines de 2015 cuando los Comités de Desarrollo Productivo Regionales se pusieron en marcha a través de un proceso administrativo basado en las facultades ejecutivas de la Corporación de Fomento (Corfo).
Los comités fueron considerados como una opción de descentralización que combinó las aproximaciones legislativas y administrativas y otorgó la responsabilidad política del fomento productivo a los gobiernos regionales, mientras que la ejecución de las políticas regionales quedó a cargo de estas nuevas agencias ejecutoras especializadas.
En el contexto de la descentralización, los comités fueron planteados como una herramienta de nueva gobernanza, ya que contaban con un consejo directivo compuesto mayoritariamente por entidades y representantes regionales, que integraban al sector público, privado y académico regional.
Los comités dispusieron de presupuesto propio para transferir a los beneficiarios, así como también personal calificado y recursos operativos. Para ello se integraron instrumentos de Corfo y Sercotec, que se proyectaron a través de una identidad común. En el caso particular de Biobío, este plan consideró la absorción por parte del comité del Programa de Innovación Tecnológica de la Región del Bíobío, más conocido como Innova Biobío, el cual se había creado mucho antes -en los albores del Siglo XXI- a partir de la suscripción de un Convenio de Programación por parte del Gobierno Regional de la Región del Bíobío (bajo el mandato del exintendente y hoy diputado Jaime Tohá), el Ministerio de Economía y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) que tuvo como objetivo fomentar, mediante el cofinanciamiento parcial no reembolsable, la realización de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico relevantes para el desarrollo productivo regional.
Su propósito específico fue fomentar la realización de proyectos de Innovación y desarrollo tecnológico por parte de empresas, entidades de investigación y emprendedores de la Región del Biobío, que generaran nuevos productos, servicios y procesos, mientras que su principal característica fue haber sido una política pública nacida en una región -y no definida centralizadamente- aunque luego fue replicada a nivel nacional a través de la entidad Innova Chile.
La creación de Innova Biobío fue una instancia inédita, que combinó un mecanismo real de descentralización pensado y alentado desde la propia región -un enfoque absolutamente distinto al que ha caracterizado al proceso en Chile- y que consideró un proceso de mayor autonomía del Gobierno Regional, como también la entrega de un mayor poder de decisión a los actores locales (contaba con un consejo directivo integrado por 13 miembros, nueve de la Región y cuatro de Corfo Central), para direccionar fenómenos de innovación y desarrollo tecnológico hacia los objetivos que había trazado la propia zona en su Estrategia Regional de Desarrollo.
Fue por esta razón que mientras se discutía la instalación del comité, hace un quinquenio, hubo varias voces locales que advirtieron el costo que tendría para la Región la "absorción" de Innova Biobío por parte del nuevo comité e incluso algunos plantearon que se trataba sencillamente de una estrategia del "centro", para sacarse de encima una institución que siempre generó ruido en Santiago, básicamente porque no respondía al carácter homogeneizador de la política pública en Chile. También porque generaba, a juicio de sus detractores, una especie de "competencia desleal" a favor de la Región.
Esta postura, por cierto, no consideraba ni las particularidades territoriales ni la trayectoria institucional existente en Biobío, en particular referida a la visión de desarrollo local expresada en antecedentes como la primera Estrategia Regional de Desarrollo, que data de 1966, incluso antes de la formación de Biobío como una unidad político-administrativa independiente.
Así, más allá de que es efectivo que las evaluaciones del plan piloto del comité -especialmente en Biobío- dan cuenta de problemas y aspectos que mejorar en la gestión, lo lamentable es que si se confirma esta decisión, se estará dando un golpe a la descentralización que afecta especialmente a nuestra Región.
Una eventual desaparición del Comité de Desarrollo Productivo significaría un retroceso importante, en particular porque desaparecería un modelo de gobernanza del fomento donde la Región fue pionera a nivel nacional, a través de la figura de Innova Biobío.