Por ESTEBAN VEGA GARRIDO

Cuestionamientos ha generado la implementación de la barrera sanitaria que el pasado sábado comenzó a operar en los ingresos de Coronel. La medida fue anunciada para hacer frente al alza de los contagios por covid-19 en esa comuna, que a la fecha se acercan a los 200 casos.

De acuerdo al último reporte, el número de casos acumulados a la fecha en la excomuna minera llega a 189. Coronel se ubica en el quinto lugar a nivel regional.

En el lanzamiento, las autoridades informaron que los controles aleatorios se extenderían por 10 días en dos puntos de la ciudad e incluirían el despliegue de personal de la Seremi de Salud, militar y municipal. No se iba a solicitar salvoconducto a las personas que tuvieran que movilizarse.

El alcalde coronelino, Boris Chamorro, afirmó que las acciones anunciadas fueron insuficientes y, con el paso de los días, la barrera fue cada vez menos efectiva. Junto con ello denunció la ausencia del personal de la Seremi de Salud y el incumplimiento de los horarios establecidos. Por este motivo, la autoridad decidió el pasado martes retirar al personal municipal que apoyaba en la barrera.

El intendente, Sergio Giacaman, lamentó la decisión de Chamorro y enfatizó que por ahora las medidas locales están orientadas a la generación de residencias sanitarias para atender a los contagiados y contactos estrechos que requieran aislamiento.

Medida insuficiente

Boris Chamorro afirmó que el actuar de la seremi de Salud reafirmó que la instalación de una barrera fue insuficiente en Coronel.

"Ni siquiera ellos venían a ser parte de la barrera sanitaria y nos dejaban la responsabilidad al municipio", dijo.

Ese, indicó la autoridad, fue uno de los motivos por el cual decidieron restarse de la iniciativa. "La Defensa Civil, que es una organización voluntaria, también decidió salir de esta medida, porque no existe un real compromiso de parte del Ministerio de Salud. No tiene sentido generar una barrera, cuando en varios días el personal a cargo llegó tarde o se fue antes", manifestó.

El jefe comunal confirmó que en muchos de los controles aleatorios se sorprendió a personas con sospecha, pero en ninguno de ellos se les pudo obligar a acudir a un recinto asistencial.

"En más de una ocasión se detectó a personas con más de 38 grados de temperatura y lo que se hacía es que se le invitaba a la persona a acudir, de manera voluntaria, a un centro de salud, sin que se tomaran las medidas de resguardo para el resto", afirmó.

El alcalde coronelino enfatizó en la necesidad de instalar un control sanitaria o una cuarentena considerando el incremento de casos que ha experimentado la comuna en las últimas dos semanas. "Acá se está actuando con una lentitud irresponsable. Se debió actuar cuando la brecha era de dos casos y no cuando hoy tenemos una brecha de 20 casos", precisó.

Chamorro dijo que el área jurídica actualmente se encuentra analizando alternativas de estrategias para aplicar en la comuna. Sin embargo, no detalló cuáles.

MEDIDA INDIVIDUAL

El intendente, Sergio Giacaman, señaló que la estrategia local está orientada a la capacidad de detección, trazabilidad y medidas individuales restrictivas, entre ellas, la instalación de residencias sanitarias en distintas comunas.

Respecto a la implementación de medidas colectivas de mayor intensidad, como una cuarentena comunal, la autoridad insistió en que las alternativas, por ahora, son otras: "Siempre la mayor efectividad va a ser las medidas que podamos tomar a nivel individual y desde ahí los esfuerzos que hemos hecho esta semana está orientado a tener mayor capacidad de habitaciones para enviar a personas en residencias sanitarias", afirmó.

Giacaman señaló que Coronel es otra de las comunas donde se pretende instalar una residencia y para ello se tomó contacto con el alcalde Chamorro. A la fecha no hay avances, aclaró.

De acuerdo al reporte de La Armada, desde el sábado 30 de mayo se han realizado 17.810 controles y se han fiscalizado 7.070 vehículos en Coronel.

A través de un comunicado, la Seremi de Salud informó que la barrera sanitaria podría ser reforzada con un trabajo de 12 personas. "Este trabajo se suma a la ardua labor de fiscalización que desarrollamos en la comuna y que considera inspección de cuarentenas domiciliarias, del uso obligatorio de mascarilla, verificación de limpieza y sanitización de buses, además de vigilancia de medidas de control sanitario en supermercados y ferias libres, entre otras", señalaron.

Cinco fueron las reclamaciones que ayer fueron escuchadas por el Tribunal Ambiental de Valdivia, vinculadas al proyecto GNL Talcahuano. La audiencia se extendió por tres horas y se hizo vía remota.

Los reclamos fueron interpuestos por agrupaciones, comunidades y vecinos de diversas comunas del Biobío, en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, que rechazó las solicitudes de invalidación en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano. Este proyecto, que busca instalar una planta que envase gas natural en la bahía de Concepción es impulsado por Inversiones GNL Talcahuano SpA.

Esta es la segunda audiencia que se desarrolla en menos de un mes por este mismo proyecto de energía. La anterior se hizo el 12 de mayo y en ella se escucharon tres reclamaciones interpuestas por 12 personas naturales, seis organizaciones y agrupaciones sociales de la Región.

Los argumentos

El alegato correspondiente a la reclamación interpuesta por la Asociación Gremial Cámara de Comercio de Penco y la Unión Comunal del Adulto Mayor de Penco, resaltó que el SEA habría superado el plazo de dos años determinado por el legislador para resolver la solicitud de invalidación, lo que habría tornado ilegítima la decisión.

Además, argumentó que la definición del área de influencia se realizó de manera incorrecta respecto del componente humano, y sería necesario incluir a la comuna de Penco en la misma. Otro de los puntos alegados fue que se habría generado un fraccionamiento del proyecto, lo que habría impedido evaluar correctamente los impactos del mismo.

En el caso de las reclamaciones interpuestas por integrantes de organizaciones indígenas, los argumentos se centraron en que el mismo titular reconoció a otras comunas en el área de influencia por las emisiones atmosféricas (Penco, Tomé, Hualpén y Concepción), pero posteriormente el SEA redefinió dichas áreas, limitándola a la comuna de Talcahuano.

Según estos reclamantes, el área de influencia original obligaba al SEA a desarrollar actividades de Participación Ciudadanas (PAC), adecuadas a las condiciones de cada territorio; y a incluir a dichos municipios en la evaluación ambiental. Los reclamantes además aseguraron que el proceso requería ser sometido a un proceso de consulta indígena (PCPI), debido a que su construcción y operación afectará a agrupaciones mapuche-lafkenches ubicados en sus cercanías.

Defienden trabajo

En medio de la audiencia, el SEA señaló que en el marco de la evaluación, primero se determinó una superficie de estudio para después definir el área de influencia. Según el organismo público, el área de influencia se determina de acuerdo a cada componente y en este caso se concluyó que todas las obras, partes e impactos del proyecto se ubican solo en la comuna de Talcahuano.

El SEA además sostuvo que los reclamantes podían haber presentado observaciones y que hay habitantes de sus mismas comunas que participaron de la PAC.

Por otro lado, el organismo descartó la necesidad de someter el proyecto a una Consulta Indígena, argumentando que el proyecto no es susceptible de generar afectación directa a agrupaciones y comunidades indígenas.

La empresa aludida, en tanto, señaló que tres reclamaciones fueron interpuestas extemporáneamente, en otra reclamación no se acreditó la representación de la presidenta de la organización reclamante y en el caso de la primera reclamación, los reclamantes supieron que se estaba realizando la evaluación ambiental e incluso consultaron sobre el proceso PAC; pero no participaron de él.

Tras escuchar los alegatos, el Tribunal determinó dejar las causas en estudio.

En compañía de tres dirigentes de juntas de vecinos de la comuna, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, llegó hasta las oficinas de la CGE para entregar una carta, respaldada por 34 dirigentes vecinales, en la que exigen medidas compensatorias justas por el corte de energía que afectó esta semana a 34 mil familias.

El corte no programado se registró el martes y según lo que explicó la compañía, se produjo cuando tres postes fueron derribados en el marco de obras de construcción en el sector La Riviera de Chiguayante.

"Este corte generó un trastorno general a más de 34 mil familias de Chiguayante y Hualqui, en un contexto de pandemia, lo que significa que hay mucho más gente en sus casas, con graves trastornos para quienes teletrabajan, para los estudiantes, para los comerciantes y vecinos, que pierden la cadena de frío de sus mercaderías y, sobre todo, para las personas electrodependientes", planteó el jefe comunal.

Rivas dijo que la compañía eléctrica no solo debe descontar el día de no uso de la electricidad, sino que también compensar a las familias.

La dirigente Claudia Muñoz, de Licanrayén, pidió que la compañía "se haga cargo de los daños que tuvimos en la comuna, que nos den una explicación y que se hagan cargo. Además, queremos pedir que no nos suban más la luz, porque ya las boletas llegaron con alzas excesivas".

El alcalde solicitó que se revise la situación del alza en las cuentas, ya que hay muchos vecinos que producto de la pandemia han perdido sus trabajos y tienen problemas para pagar sus distintos compromisos.

La carta fue recibida por la jefatura de la CGE.

Tal como estaba programado, a las 19 horas de ayer comenzó la intervención en el sector de Laguna Redonda, en Avenida 21 de Mayo, para reparar una tubería de gran envergadura (de 630 mm), lo que obligó a Essbio a cortar el suministro de agua en tres comunas.

La suspensión del servicio afectó a varios sectores de Hualpén, de Concepción y Talcahuano. En este último caso, involucró a clientes no residenciales.

Previo a los trabajos, el subgerente zonal de Essbio, Cristian Cepeda, informó que para minimizar las molestias se implementó un plan de abastecimiento alternativo de agua potable, a través de 30 estanques móviles y cinco camiones aljibe, los que fueron distribuidos en distintos puntos de los sectores afectados.

La intervención estaba programada hasta las 7 de la mañana de hoy.

En diciembre del año pasado se produjo una rotura de matriz a unas cuadras de donde se hizo la intervención de anoche.