Por Nicolás Álvarez Arrau

El proyecto de reforma que limita la reelección de autoridades tendrá un impacto directo en la zona. En total, serán siete los parlamentarios que se verán imposibilitados de repostular a sus actuales cargos. Lo mismo ocurrirá con los alcaldes Audito Retamal (San Pedro de la Paz), que va en su tercer periodo; Ángel Castro (Santa Juana), que completa cinco; Ricardo Fuentes (Hualqui) y Mauricio Alarcón (Arauco), quienes ya cumplen con los tres períodos consecutivos máximos establecidos en la normativa.

Una vez promulgada la normativa, regirá para las siguientes elecciones: las municipales, agendadas para abril del próximo y año y las elecciones parlamentarias, programadas para noviembre de 2021.

Consultados al respecto, parte de los aludidos sostuvieron que la propuesta visada este miércoles por la Cámara afecta a la democracia y el derecho a elegir de los ciudadanos. Así lo cree, por lo menos, el jefe comunal de Arauco.

"Las leyes están para ser acatadas por todos, pero en términos personales lo lamento mucho, porque considero que el ejercicio de la democracia es una condición basal de ella, es decir, el derecho de la gente a poder elegir a sus representantes", remarcó.

Alarcón puntualizó, además, que la situación de los alcaldes y concejales es diferente a la de los legisladores, ya que el trabajo del día a día realizado por estas autoridades tiene que ver con el contacto ciudadano, la gestión y la mejora de resultados, en relación a la condición de vida de los habitantes. Por eso, remarcó que la señal que se dio en el Congreso "no es la correcta".

Ángel Castro, quien ostenta el sillón edilicio de Santa Juana desde hace 20 años, coincidió con su par. Según él, "es la sabiduría de la gente la que debe decidir si una persona lo hace bien o lo hace mal" y no una normativa. Eso sí, advirtió que, pese a todo, es necesario respetar el actual sistema político.

Aunque esta vez no hubo pronunciamiento por parte de los alcaldes Ricardo Fuentes y Audito Retamal, voces internas de estos municipios advirtieron que el límite a la reelección para las autoridades edilicias no está zanjado del todo. En primer lugar, explicaron que aún se está a la espera de un compromiso legal que las exima de la normativa por medio de un proyecto de reforma adicional. Esta iniciativa, justamente, ya ha sido planteada por Renovación Nacional, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.

Junto con ello, sostuvieron que actualmente existe un problema de interpretación de la ley, pues chocaría con la normativa general de elecciones, que establece los requisitos para declarar y admitir las candidaturas.

Discusión constitucional

El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción (UdeC), Carlos Maturana, planteó que todavía existe margen para que la normativa sea modificada, por ejemplo, mediante el Tribunal Calificador de Elecciones o algún veto presidencial. Incluso, comentó, está abierta la posibilidad de que alguien posteriormente recurra al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, dado el actual escenario, precisó que "hoy los alcaldes no tienen mucho pie para un reclamo", especialmente porque al ser una reforma constitucional, esta medida tiene una jerarquía mayor que otras leyes.

En la misma línea de su colega, el profesor de Derecho Político Constitucional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y presidente del Comité de Derecho Constitucional de la Federación Interamericana de Abogados, Fernando Saenger, planteó que, por tratarse de una reforma constitucional, las leyes aludidas desde algunos municipios y que hoy determinan las candidaturas quedarán obsoletas.

"Esta es una reforma constitucional, no es una ley, por lo que prima sobre ella, ya que la Constitución Política es suprema. La ley quedará obsoleta y, prácticamente, derogada por la Constitución", puntualizó.

Renuncia anticipada

Ninguno de los cuatro alcaldes de la zona en cuestión ha expresado oficialmente su deseo de apostar, por ejemplo, al Congreso, aun cuando el proyecto de reforma aprobado esta semana no imposibilita que las autoridades afectadas postulen a otros cargos públicos.

En caso de que muestren interés por convertirse en diputados, estos jefes comunales deberán renunciar a sus respectivos municipios, a más tardar, dentro de noviembre, según lo plantea la Carta Fundamental en su artículo 57.

"Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección", reza el documento.

Con diez votos a favor y una abstención, el Concejo Municipal de Concepción visó ayer una ordenanza sobre prevención, distanciamiento social y otras medidas en el contexto del brote de covid-19 en la comuna.

La normativa aborda situaciones como la demarcación de espacios para mantener la distancia física, la ocupación del espacio público y las sanciones para quienes incumplan estas medidas.

Lo que aborda

El dictamen establece que mientras el Ministerio de Salud mantenga decretada la alerta sanitaria en el país, no se otorgará autorización para la ocupación de bienes nacionales de uso público que tengan por fin realizar reuniones, eventos o agrupaciones de personas.

Los establecimientos de bienes y servicios como bancos, comercio y supermercados, entre otros, serán responsables de la demarcación externa del bien nacional de uso público en el que sus clientes o usuarios se encuentren a la espera de su atención.

En el interior de los locales se debe asegurar un espacio de 4 metros cuadrados (2x2) por persona, ya sea en el espacio libre o pasillos de circulación del local.

También prohíbe el uso de todo tipo de juegos infantiles o similares, equipamiento deportivo y bebederos de agua instalados en parques, plazas o en cualquier bien municipal o nacional de uso público.

Esto será fiscalizado por inspectores municipales. Los infractores serán sancionada con multas de 1 UTM ($50 mil) y en caso de reiteración de la conducta, tendrán que pagar entre 2 y 5 UTM ($100 mil y $251 mil, aproximadamente).

Reacciones

El alcalde Álvaro Ortiz mencionó que esta ordenanza entrará en vigencia en las próximas horas y complementa a la de uso obligatorio de mascarillas, vigente hace más de un mes en Concepción.

La idea, explicó el jefe comunal, es que se respete a lo menos el metro y medio de distancia entre una persona y otra, que haya funcionarios de la empresa donde se genera la fila procurando que se guarde esa distancia, que estén repartiendo alcohol gel o estén recomendando que se use la mascarilla.

La concejala Fabiola Troncoso (DC), quien propuso la iniciativa, mencionó que "se requiere compromiso y voluntad del sector público y privado para enfrentar esta pandemia y con medidas sencillas nos podemos cuidar. La propuesta es que en todas aquellas zonas de comercio y servicios, se demarque en el suelo el lugar que deben tomar las personas mientras esperan su turno de atención".

El diputado socialista Manuel Monsalve denunció irregularidades en los hospitales Traumatológico y Guillermo Grant Benavente de Concepción, en relación a pagos menores a los acordados en los contratos de trabajo y sueldos aún no cancelados desde marzo a funcionarios de salud.

Dentro de los afectados, apuntó, se encontrarían personas contratadas en el Hospital Traumatológico para desarrollar turnos cada 15 días, como una manera de evitar el contagio cruzado entre los equipos a raíz de la pandemia por covid-19. "Esta razón, estrictamente sanitaria, ha sido usada por parte del Ministerio de Salud como una práctica abusiva, que busca pagarle solo los días trabajados, a pesar de que esto va en contra de lo establecido en sus contratos de trabajo", dijo el diputado.

En segundo lugar, Monsalve advirtió que hay personal a honorarios en el Hospital Guillermo Grant Benavente que, actualmente, atiende a pacientes y se ve expuesto al virus, "pero que no reciben los pagos de sus sueldos desde el mes de marzo de 2020, lo que es una situación realmente inaceptable".

"El ministro Jaime Mañalich ha dicho que los funcionarios de la salud son verdaderos héroes, pero a estos héroes se les están haciendo prácticas abusivas desde el punto de vista laboral y no se les está pagando su salario", añadió.

El parlamentario puntualizó que ya se le pidió al ministro y al Servicio de Salud Concepción (SSC) corregir estas irregularidades, de tal forma "de que a los trabajadores de ambos recintos se les respete la totalidad de sus derechos y también la totalidad de lo establecido en sus contratos".

Consultado sobre esta situación, el director del Servicio de Salud Concepción, Carlos Grant, aseguró desconocer las denuncias del diputado Monsalve. El profesional sostuvo además que no responderá este tipo de acusaciones por la prensa, ya que "para eso existen canales formales".