Por Nicolás Álvarez Arrau

La crisis por covid-19 no sólo provocó un efecto en la salud de los chilenos. También impactó fuertemente en sus bolsillos, al extremo de que ya existen familias y personas cesantes que solicitan alguna ayuda social para paliar sus necesidades básicas.

En la zona, varios parlamentarios han contribuido en la sanitización de espacios, han repartido implementos como mascarillas e, incluso, alimentos. Estas ayudas, sin embargo, han sido blanco de críticas, pues los legisladores han usado sus nombres y fotografías en las entregas, lo que ha sido tildado de aprovechamiento político.

Esta controversia se originó luego de que el diputado RN Frank Sauerbaum entregara cajas de mercadería con una imagen de su rostro en Chillán.

A través de redes sociales, es posible ver cómo algunos senadores y diputados despliegan sus equipos para ir en auxilio de los vecinos. En Biobío son, al menos, cinco los legisladores que han tomado alguna iniciativa dentro de esta emergencia: los senadores Alejandro Navarro (PRO), Felipe Harboe (PPD) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI), y los diputados Enrique van Rysselberghe (UDI) y Joanna Pérez (DC).

A raíz de todas estas situaciones, desde el Servicio Electoral sostuvieron que analizarán los hechos denunciados o de público conocimiento para ver si hay alguna infracción a la normativa de propaganda electoral, "conforme a las atribuciones constitucionales y legales con las que cuenta sobre la materia".

Defensa

El senador Harboe planteó que utilizó cerca del 80% de su sueldo para comprar 10 toneladas de harina para repartir en comunas de Ñuble y en algunos sectores de Alto Biobío y Arauco en la Región del Biobío. También entregó implementos de seguridad, en los que venía un papel con su nombre. Pese a los cuestionamientos, defendió su accionar.

"Comprar 10 mil kilos de harina y repartirlos con la gente, las juntas de vecinos y los concejales, y ayudar en tiempos difíciles es lo que corresponde. Es muy raro que se hagan cuestionamientos. Ahora, quizá, si alguien le pone una foto (al producto) puede ser algo distinto", sostuvo.

El parlamentario insistió además en que este no es un período de campaña electoral y que todas estas acciones también son parte del rol de los representantes. "Eso distingue al que aparece solo en las campañas y a los que estamos permanentemente recorriendo", puntualizó.

En el caso de los hermanos Van Rysselberghe, la senadora argumentó que los equipos de sanitización dispuestos -y que llevan sus nombres- fueron solicitados por los propios dirigentes vecinales de Concepción y Los Ángeles.

"Uno es uno y sus circunstancias. Yo he hecho esto durante todos los años que he sido parlamentaria y no es primera vez que hago temas sociales. Por lo tanto, si alguien quiere hacerlo, bienvenido sea, y creo que es bueno (usar los nombres) porque así se pueden acercar otros dirigentes a pedir la ayuda", aseguró la también timonel nacional de la UDI.

Al igual que Jacqueline y Enrique van Rysselberghe, el senador Alejandro Navarro ha estado llevando a cabo procesos de sanitización en las calles de la Región por medio de vehículos que lucen su nombre.

Si bien el legislador fue contactado para profundizar el asunto, no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió en el caso del diputado Van Rysselberghe.

Cuidar las formas

La diputada demócratacristiana Joanna Pérez, quien junto a su equipo repartió cerca de 500 mascarillas en la feria de Lota durante la semana pasada, comentó que la acción emprendida por algunos parlamentarios obedece, en parte, a la falta de ayuda social brindada por el Gobierno y a la necesidad de responder a la gente cuando solicitan algún tipo de apoyo. Sin embargo, cree que igualmente es necesario "cuidar las formas".

"Creo que ha habido un poquito de falta de pudor en algunos, pero no voy a catalogarlo. Por eso digo que a veces se puede llegar a un nivel de exceso en esas entregas. Uno lo hace de manera silenciosa, pero eso depende de la ética personal. En la sobreexposición está el problema", remarcó.

Un total de $7.470 millones fueron ingresados ayer a las 33 comunas del Biobío desde la Tesorería General de la República. Estas platas corresponden al fondo solidario anunciado por el Presidente Sebastián Piñera hace algunas semanas para hacer frente a los efectos de la pandemia.

Si bien se había proyectado la distribución de los dineros a partir de junio, desde el Ejecutivo se le solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) acelerar los trámites, en especial por las últimas protestas sociales originadas en la capital por la difícil situación económica que enfrentan algunos vecinos.

En Biobío, son tres las comunas que concentran el 35% de los dineros: Los Ángeles ($980 millones), Concepción ($943 millones) y Talcahuano ($688 millones). Al contrario, los municipios que menos recursos recibieron por este beneficio son Quilaco ($21 millones), Antuco ($21 millones) y San Rosendo ($17 millones).

Julio Rodríguez, encargado regional de la Subdere, explicó que los fondos fueron entregados a las municipalidades en función de un algoritmo que considera la cantidad de habitantes de los territorios y los niveles de vulnerabilidad y pobreza que poseen, según la ficha Casen.

"Eso hace que la distribución sea objetiva en función y con una óptica y mirada social", puntualizó Rodríguez.

Objetivo

El encargado regional de la Subdere remarcó que los dineros transferidos por concepto de fondo solidario son asignaciones no reembolsables y de libre disposición, es decir, los alcaldes y los respectivos concejos municipales podrán definir qué área focalizar, siempre y cuando se utilicen dentro del marco de la pandemia.

"La idea es que las municipalidades puedan ir en ayuda de las familias y comunidades que hoy requieren apoyo, por ejemplo, en materia de alimentos o medicamentos, así como en la compra de utensilios, pago de facturas o ayuda social", sostuvo.

En tanto, el intendente Sergio Giacaman aseguró que el monto total recibido por Biobío es muy interesante: "Esperamos que los alcaldes, tal como lo han hecho hasta hoy, utilicen esto para ayudar en el contexto de la pandemia a las familias que lo requieran, porque sabemos que ellos son el primer contacto de las personas con el Estado".

A nivel nacional, son $80 mil millones los que se transferirán a los municipios.

Los alcaldes

El alcalde de San Pedro de la Paz y presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Audito Retamal, recibió positivamente esta transferencia, "ya que sin duda viene a ayudar a las comunas". Eso sí, puntualizó que "no resuelve toda la situación".

Por esto mismo, el jefe comunal planteó que, dependiendo de cómo avance la emergencia, será necesario que el Gobierno realice un segundo esfuerzo económico. "Hay que ver si más adelante el nivel central puede decir que habrá una segunda partida. Por el momento, nosotros esperamos cumplir bien esta".

Sin embargo, otros jefes comunales fueron menos optimistas. Fredy Barrueto, máxima autoridad de Quilaco -uno de las tres municipios que menos recursos recibió- lamentó que en los casos de los territorios más vulnerables no se hubieran ingresado más fondos.

"Para nosotros es muy preocupante el tema, porque también tenemos muchas necesidades que cubrir. Hay gente que no tiene trabajo y tenemos que buscar formas para ir en ayuda, y estamos recién empezando", cuestionó.

Agregó que, por lo menos, este tipo de municipalidades debió haber recibido cerca de $50 millones.

La Contraloría General de la República dará inicio a un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Chiguayante con el objeto de determinar posibles responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados en actos irregulares asociados a pagos y contrataciones de licitaciones.

A raíz de un requerimiento presentando por el diputado RN Leonidas Romero y la concejala UDI Jéssica Flores, y tras el análisis de la Unidad de Auditoría, el órgano de control advirtió que, a la luz de los antecedentes aportados, "se aprecian situaciones que, al observarlas, dan indicios de actos lejanos a la probidad".

Desde el municipio sostuvieron que entregarán todos los antecedentes solicitados para que se investigue y así, de ser necesario, se corrijan los posibles errores administrativos que pudieran haberse cometido.

Sin embargo, puntualizaron que "parece preocupante que desde un organismo tan importante como la Contraloría se indique que hay indicios de actos lejanos a la probidad, sin que nos hayan solicitado antecedentes o informado sobre los eventuales actos cuestionados, más aun habiendo desestimado muchas otras acciones presentadas por los denunciantes".

La semana pasada la concejala Flores presentó una querella por eventuales delitos de cohecho, negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco en contra de quienes resulten responsables de estos actos.

El diputado socialista Gastón Saavedra informó que presentó una moción dirigida a crear un Ministerio del Mar, con el objeto de dar mayor realce al recurso marítimo del país.

"Cuando uno observa lo que pasa con nuestro océano y en nuestro borde costero, nos hace pensar que ha llegado el momento de solicitar esta decisión. Debemos tener un organismo administrativo y sistémico que le dé un contenido distinto de carácter estratégico", precisó Saavedra.

La acción, que fue presentada con apoyo de la bancada socialista, busca también evitar que Chile enfoque su rumbo solo hacia el sector alimentario. Según Saavedra, actualmente existen intenciones de llevar la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura hacia el Ministerio de Agricultura.

La propuesta fue aplaudida por Hugo Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales, Ferepa.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja en una iniciativa denominada "Mares de Chile: visión 2040" para la creación de un Consejo de Mares en los próximos años.