POR NICOLÁS ÁLVAREZ ARRAU

Alrededor de $370 millones de pesos podría desembolsar, por lo menos, el Gobierno Regional a favor de la empresa Valko, constructora que estaba a cargo del proceso de urbanización del proyecto del Parque Científico y Tecnológico (Pacyt), luego de que la firma decidiera dar término anticipado al contrato de obras, a raíz de criterios medioambientales.

La noticia fue confirmada la tarde del martes por el director de Arquitectura, Aldo Careaga, en la comisión mixta de Fomento Productivo y Ciencia y Tecnología del Consejo Regional. "Nosotros hicimos cálculo de esta fórmula y ese valor aproximado nos da cerca de los $370 millones. Esa sería la indemnización a la que, nosotros creemos, tendría derecho la empresa", confirmó el directivo de Obras Públicas en la instancia.

Una eventual falta de rigurosidad por parte de las autoridades a la hora de prever este escenario que afecta a las arcas fiscales se convirtió en uno de los aspectos que más se criticó al interior del Consejo. Si bien en la comisión del martes se cuestionó al intendente Sergio Giacaman por haber solicitado la paralización de las obras, en diciembre, hoy actores políticos de la zona y relacionados al proyecto Pacyt apuntan sus miradas hacia el organismo técnico ministerial.

"A mi entender, la responsabilidad fundamental, desde el punto de vista técnico y desde la interpretación de lo que la Intendencia y la Universidad de Concepción quisieron en espíritu para el proyecto, es del Ministerio de Obras Públicas (MOP)", remarcó el consejero regional y presidente de la Comisión de Fomento Productivo, Luis Santibáñez.

Argumentó que fue el MOP el ente que estableció el artículo 148 del reglamento número 75 para contratos de obras públicas. Justamente, en uno de sus acápites, el artículo en cuestión sostiene que en caso de que la paralización de faenas ordenadas por la Dirección exceda de dos meses -situación que comenzó a fines de año- el contratista podrá pedir, al ordenarse la paralización, la liquidación de su contrato, en cuyo evento solo se le indemnizará de acuerdo a un guarismo especial.

El seremi del ramo, Daniel Escobar, planteó que este no es un tema de responsabilidades. "No es que haya aquí un castigo para alguien, ni para el Gobierno Regional o para la compañía, es un aspecto reglamentario que está hecho así y que no dice relación con los gastos generales o el avance de obra", dijo.

Agregó que el MOP es una unidad técnica que hace el proceso licitatorio, "el cual tomé ya adjudicado, por lo que en ningún momento el Ministerio puede hacer modificaciones u obligar a las empresas a permanecer en una iniciativa que todavía es incierta en cuanto a su paralización".

MÁS CRÍTICAS

El diputado socialista y miembro de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, Jaime Tohá, calificó la situación como lamentable, especialmente por el hecho que la observación de los elementos de un plan de estas características haya sido "tan ligera".

Eso sí, Tohá afirmó que la responsabilidad no pasa tanto por el intendente, pues "no puede tener en su cabeza los contratos de cada uno de los cientos de proyectos que tiene el Gobierno Regional. La responsabilidad es, claramente, de los organismos técnicos".

Producto de esta situación, el diputado espera reunir a sus pares de la zona para agendar una reunión con el intendente Giacaman, de tal manera de hacer ver los efectos negativos de esta coyuntura.

Según su par de la UDI, el diputado Sergio Bobadilla, esta posible indemnización no solo es grave por el actual escenario económico que enfrenta la Región, "sino que siempre es importante que se fiscalice el estricto cumplimiento de las obras por parte de los organismos y extremar las medidas para que no se cancelen recursos de este tipo, por lo que debe existir una rigurosa investigación que determine las responsabilidades".

En tanto, Pedro Ramírez, miembro del directorio del Pacyt y gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional (Cidere) Biobío, también lamentó el hecho. "Quién mejor conoce esto es quien lleva adelante la gestión del proyecto, es decir, el MOP. Sería lamentable que la cifra que se da tuviese que cargarse al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), justo cuando hoy se necesitan más recursos para afrontar la emergencia", remarcó.

Mientras el intendente Giacaman insistió en que la postergación de las obras era necesaria debido a que se encontraron en la zona de construcción especies que requieren un trato distinto, desde la Universidad de Concepción, institución que lidera la ejecución de este plan junto al Gobierno Regional, optaron por no emitir declaraciones antes de una nueva junta de socios.

Una vez formalizada la renuncia de la empresa Valko, se realizará un nuevo proceso de licitación que se definirá en su momento.

Los últimos meses no fueron fáciles para Jaime Vásquez. Desde que fue nombrado presidente de la UDI en Biobío, a fines de febrero, el exconsejero regional debió afrontar una serie de cuestionamientos que, si bien no apuntan directamente a su persona, buscan invalidar el proceso que lo posicionó como el timonel local del partido, en reemplazo de Alejandro Reyes.

Actualmente, el grupo disidente compuesto por el consejero regional Luis Santibáñez y los diputados Iván Norambuena y Sergio Bobadilla mantiene en el Tribunal Supremo UDI una reclamación respecto al último consejo regional.

-Usted llegó a la presidencia por medio de un acuerdo político, pero, según dijo en su momento Alejandro Reyes, quien debía asumir el cargo era Patricio Kuhn. ¿Por qué su nombre apareció en último momento?

-A Patricio Kuhn se le planteó la opción de que pudiera ser presidente, pero él señaló que no estaba disponible por razones personales. Claudio Parra, otro miembro de la directiva, tampoco estuvo disponible, por tanto, surgió la posibilidad de que yo encabezara la presidencia.

-A raíz de toda esta polémica al interior de la UDI regional, ¿no considera que, quizá, fue un error el haber optado por este pacto? Tal vez así se habrían evitado las suspicacias.

-Yo confío que cuando se empeña la palabra y se toma un acuerdo, este se va a respetar. Uno nunca espera que no se cumplan. Evidentemente, hay otros mecanismos que pueden ser mejores, pero insistimos en esta opción porque era parte de un acuerdo político.

-¿Por qué cree que no se ha respetado?

-Aquí genera inquietud la propuesta que se ha planteado por parte de un grupo de militantes y a la cual no me puedo negar, que es la posibilidad de mi precandidatura de gobernador regional.

-El mismo grupo al que alude impugnó el consejo en el que usted fue nombrado presidente. ¿Qué le parece?

-Aquí se ha tratado de poner en tela de juicio mi nombre, sin embargo, lo que han cuestionado es un proceso que condujo el presidente anterior desde el inicio hasta el final. Además, los estatutos contemplaban que cualquier reclamo debía ser planteado al Tribunal Regional. En ese sentido, se han cometido muchos errores. Se saltaron la instancia regional y pasaron directamente al Tribunal Supremo. No se puede inhabilitar un tribunal, pues si las personas que lo componen tienen dificultades, estas solo deben ser reemplazadas.

-¿Cuestiona la decisión que tomó el propio Tribunal Supremo de su partido?

-No es justo que solo el Tribunal Supremo tome una decisión y no nos dé la posibilidad de una doble instancia (...) Se pretende que el Tribunal Supremo defina en una sola instancia, lo que me parece tremendamente inadecuado, pero entiendo que pueden ser errores de cómo proceder.

-Pero más allá de errores del Tribunal Supremo, quizá sus miembros tengan razones fundadas para inhabilitar al Tribunal Regional...

-Voy a esperar los resultados, pero lo justo era que se respetara el derecho de doble instancia. Eso hablaría de un proceso transparente.

-¿Qué acción tomará si el resultado no le es favorable?

-Uno perfectamente podría presentar un recurso de protección frente a un hecho que no parece que se ajusta a legalidad y frenar esto, pero no lo voy a hacer.

-Hace unas semanas, la Contraloría le instruyó devolver $16 millones pagados irregularmente cuando usted se desempeñaba en el Servicio de Salud Concepción. ¿Los devolvió?

-Estamos en un proceso de aclaración y de apelación. La Contraloría no ha tenido todos los antecedentes sobre la mesa. Yo señalé la existencia de un correo electrónico, en donde la propia Contraloría autorizó esa asignación, pero esa información no fue entregada desde el Servicio de Salud, lo que me parece grave.

Impulsar el trabajo de los micro, pequeños y medianos empresarios de Concepción y también de los emprendedores es el objetivo de los fondos concursable que lanzó hoy la Municipalidad de Concepción. La iniciativa busca apoyar a quienes se han visto afectados por las contingencias, tanto de octubre pasado como por el covid-19, para que puedan recuperarse y revitalizar una de las principales actividades económicas de la capital regional.

El alcalde Álvaro Ortiz destacó que son "recursos totalmente municipales donde ellos no deberán endeudarse con la banca para ponerse de pie y enfrentar de mejor manera lo que estamos viviendo como país". Además, llamó a postular ingresando a www.concepcion.cl y a revisar plazos y condiciones.