Por Karlyng Silva Leal

Debió pasar un año para que la muerte de Renatta Rozas fuera públicamente confirmada como un asesinato, lo que ayer fue expuesto en la audiencia de formalización de Diego Antican Ramírez (25) por el delito de femicidio, quien quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, pues el tribunal dio por acreditado el ilícito y consideró que existen pruebas suficientes, a esta altura del proceso judicial, para presumir la presunta responsabilidad del imputado en el hecho.

El 6 de mayo del 2023 Renatta fue vista por última vez, desde entonces no volvió a responder su teléfono y no retornó a su hogar. Esta situación levantó alertas en su familia, por lo que ingresaron una denuncia por presunta desgracia, lo que desembocó en una búsqueda en las cercanías del mirador de Lirquén durante 15 días.

Ese era el punto donde testigos y cámaras la ubicaron con vida antes de su desaparición junto a Antican Ramírez, quien prestó declaración al principio de la indagatoria como testigo, asegurando que se había reunido con la joven para comprar droga.

El 25 de mayo del año pasado se realizó el hallazgo de restos humanos que posteriormente fueron confirmados a través de muestras de ADN como la joven de 20 años, cuyos restos óseos aún se encuentran en dependencias del Servicio Médico Legal, y cuya entrega a sus familiares se espera pueda concretarse prontamente.

Formalización

El fiscal Andrés Barahona formalizó al imputado como autor del femicidio no íntimo de la víctima, cuya causa de muerte fue entregada en julio del 2023, asociada a un traumatismo craneano provocado por objeto contuso y en abril de este año se confirmó que esta lesión fue provocada por acción de terceros, descartando la hipótesis de un accidente como una caída.

Según la Fiscalía, el imputado y la víctima concertaron un encuentro, se reunieron en un bus y bajaron en el paradero del mirador antes mencionado pasado el medio día. Desde allí ambos se habrían internado en un cerro con frondosa vegetación, siendo el ese el punto donde el celular de Renata tuvo señal por última vez. Además, dos testigos declararon verlos subir al lugar sin evidenciar que retornaran en algún momento de la tarde.

La finalidad del encuentro habría sido sexual, según consta en la indagatoria, sin embargo, tras la identificación de Antican y ser entrevistado en primera instancia como testigo, este sostuvo que la finalidad era la compra de drogas. También se estableció que el sujeto tras encontrarse con Renatta se deshizo de su polerón, una mochila y una frazada que llevaba, además de limpiar el resto de su vestimenta sin dejar rastros o manchas que lo vincularan con el hecho.

La fiscal regional Marcela Cartagena explicó que las complejas circunstancias del caso requirieron un trabajo serio y por ende tomó bastante tiempo, solicitando el lunes la orden de detención. Por su parte, Barahona agregó que el martes la ex conviviente del imputado amplió su declaración, detallando entre otros antecedentes que había sido víctima de violencia intrafamiliar, psicológica, sexual, entre otras, lo que derivó en su separación.

La Seremi de la Mujer, Camila Contreras, comentó que esta declaración fue sumamente relevante para la investigación "porque su testimonio viene a conformar parte de las hipótesis que manejaba el fiscal y por otra parte se condice con cómo se comportan las víctimas de violencia de género".

Según la Fiscalía, al momento de ser atacada por el imputado habría estado concretando un encuentro en el marco de actividades de comercio sexual.

En esta línea, la fiscal Cartagena explicó que el tipo penal del delito corresponde a un femicidio no íntimo, lo que implica una pena más alta que solo imputar un homicidio, ya que se arriesgan de 15 años de cárcel hasta presidio perpetuo.

El femicidio no íntimo o por razones de género, es un tipo de delito integrado a la normativa a través de la Ley Gabriela, que amplia el este ilícito y eleva sus penas de cárcel.

El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, confirmó ayer que la institución educacional presentó una querella por tráfico de drogas y porte de armas, esto luego de que al interior del campus se registrara una balacera que dejó a un joven herido con arma de fuego la tarde del martes.

"La universidad ha decidido, después de la revisión de los antecedentes que disponemos hasta el momento, desarrollar acciones legales, una querella por dos motivos, por tráfico de drogas y porte de armas al interior de nuestro campus", inform´´o el rector.

A esto agregó que ante este hecho en particular se decidió fortalecer diversas medidas, tales como la coordinación con las policías y la municipalidad. "Reforzaremos las acciones disuasivas que estábamos desarrollando algunos días de la semana, que es el uso de drones para seguimiento de personas al interior del campus que tienen actitudes sospechosas, hablamos de delitos", sumó Saavedra.

Este refuerzo se realizó a partir de la noche del mismo martes, cuando se registró el hecho violento en el espacio frente a la facultad de Derecho y Humanidades del campus en la ciudad de Concepción. Allí, un joven de 22 años fue el que resultó herido en ambas piernas por un arma de fuego, siendo internado en el Hospital Regional donde se encuentra en buen estado de salud tras salir de cirugía.

Por otra parte, el Ministerio Público dejó la investigación del hecho en manos de la Brigada de Homicidios, para esclarecer la dinámica de los hecho e identificar a él o los responsables.

Desde la universidad aclararon que los involucrados corresponden a personas externas a la comunidad universitaria, no obstante aseguraron que el campus sigue siendo un lugar seguro.

En el centro comercial de Talcahuano se desarrolló el sexto operativo contra el comercio ambulante presente en el sector, todo esto con la finalidad de despejar la vía pública y el cumplimiento de la normativa vigente. De esta forma se logró la detención de dos personas que mantenían órdenes vigentes y el decomiso de diversos productos que no contaban con las medidas necesarias para su venta.

La Dirección de Seguridad Pública, junto a Carabineros y la Seremi de Salud, se desplegaron por la zona decomisando productos marinos como pescados y mariscos, además de lácteos que no tenían su cadena de frío ni trazabilidad, siendo una infracción a las normas sanitarias.

Además, se realizaron 97 controles preventivos, se logró la detención de dos personas con órdenes vigentes. Se cursaron 6 infracciones al tránsito, medidas que buscan aumentar la percepción de seguridad y el ordenamiento territorial de la calle Colón en la ciudad puerto.

El alcalde de la comuna, Henry Campos, comentó que el trabajo de control preventivo es valorado por los usuarios y vecinos del sector. "Hay una labor importante ante el comercio ambulante ilegal, por parte de los equipos municipales, Carabineros y Seremi de Salud (...) Queremos un barrio comercial más limpio y ordenado, por eso es importante la fiscalización constante", destacó.

Este tipo de operativos enfocados en el comercio ilícito, así como otras actividades en coordinación con distintas instituciones, han sido definidas a través de la mesa comunal de fiscalización, lo que corresponde a una instancia intersectorial y mensual que tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas y legislaciones vigentes.