Caso Convenios: Fiscalía investiga rol
La fiscal anticorrupción María José Aguayo no descartó que puedan haber formalizaciones similares a la ocurrida este lunes. Luisa Fonceca cumplirá arresto domiciliario nocturno.
de testaferros para lavado de activos
Lejos del asedio mediático de los últimos meses y acompañada solamente por la defensora Sandra Betancourt, Luisa Fonceca llegó la mañana de ayer a la segunda sala del Juzgado de Garantía de Concepción, para conocer las razones por las cuales el Ministerio Público la investiga en el marco de la arista Fundación En Ti del Caso Convenios.
La madre de Camila Polizzi es la novena persona formalizada desde que se abrió de oficio la investigación en julio pasado que alcanza trece aristas -tras un intento fallido en marzo, donde no se le notificó al domicilio correcto-; en su caso, particularmente se formalizó que se le investiga por el delito de lavado de activos al comprar una camioneta por un monto superior a los $9 millones en abril de 2023.
Tras la audiencia donde se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Fonceca, además de siete meses de investigación, la fiscal anticorrupción María José Aguayo reconoció que se estudia la posibilidad de concretar nuevas formalizaciones a personas que hayan realizado maniobras de ocultamiento de fondos defraudados al Gobierno Regional por parte de fundaciones, de los llamados testaferros.
"Se está indagando la existencia de otros testaferros. Esta figura es lo que en la prensa se conoce como un 'palo blanco'", ahondó la persecutora.
Junto a ello, anticipó que la Fiscalía apelará a la revisión de los arrestos domiciliarios de Rodrigo Martínez y Sebastián Polanco, realizada hace una semana y luego de no haber sido ubicados por Carabineros: "No compartimos lo resuelto por el tribunal".
Los hechos
En una audiencia que se prolongó por casi dos horas producto de un corte de energía, la fiscal Aguayo detalló que el delito por parte de Fonceca se suscitó al haber firmado un contrato de compra-venta del vehículo marca Changán color azul -que fue confiscado por la PDI tras la detención de Polizzi en noviembre-, el 25 de abril del año pasado por un monto superior a los $9 millones, que presuntamente vendrían de los $250 millones asignados por el Gobierno Regional a la Fundación En Ti para el proyecto de recuperación de espacios en Barrio Norte.
"Fonceca no cuenta con licencia para conducir y el vehículo fue escogido y pagado por Polizzi. El objetivo es disimular la trazabilidad de los dineros defraudados y ocultarlos por medio de un bien obtenido con estos dineros", argumentó la fiscal, previo a solicitar el arresto domiciliario total.
Luego de que no se lograra acuerdo y la defensa pidiera medidas cautelares de menor intensidad, Aguayo profundizó en varios de los hallazgos realizados en nueve meses de investigación: detalló que Fonceca pidió una audiencia de tercería para recuperar la camioneta confiscada a su hija, donde presentó documentos que respaldarían que sí tenía los dineros para comprar el vehículo.
"Lo particular acá es que el mismo día de la compra del vehículo se hizo un giro desde la cuenta de la OTEC Frumisal y un día antes de la cuenta de la Fundación En Ti, sumando ambas una cifra cercana a $11 millones", indicó.
Por su parte, Betancourt intentó desmentir toda relación entre los delitos formalizados previamente y el rol de Fonceca, pese a reconocer que Polizzi con su madre si tienen una relación cercana. "No hay antecedentes que digan que ella sabía la estafa que se podría haber estado haciendo, eso lo presume la fiscalía", dijo la defensora en la audiencia.
Finalmente, el magistrado Carlos Aguayo no acogió el pedido de la Fiscalía en su totalidad y decretó arresto domiciliario nocturno como medida cautelar y un plazo de investigación equiparado a los demás formalizados.
Tras la audiencia, la fiscal María José Aguayo indicó que "analizaremos el fallo, pero estamos conformes porque lo principal es que se reconocieran los antecedentes de la comisión del delito como de la participación de la imputada".
La defensora local Sandra Betancourt expuso que "ella ha estado siempre disponible para colaborar con la investigación. El juez no acogió nuestra solicitud pese a que no cuenta con antecedentes anteriores, e incluso se allanó su domicilio (...) Mi representada presentó una serie de antecedentes incluso analizados por la Fiscalía para justificar los ingresos que percibe".