Por Karlyng Silva Leal

Un sumario administrativo y la presentación de querellas entre la Municipalidad de Concepción y la empresa Geo Parking Systems SpA es lo que mantiene hoy un complejo e incierto escenario sobre el futuro de los parquímetros aún en plena operación en el centro de la capital penquista, considerando la existencia de deudas millonarias por parte de la administradora de estacionamientos urbanos y la detección de una boleta falsa por más de $520 millones.

A través de un comunicado público, Geo Parking se refirió a la información entregada por el municipio respecto a "documentación supuestamente falsa que la empresa presentó en julio del 2023 al momento de adjudicarse la concesión de parquímetros, podemos señalar que nunca ha sido el ánimo por parte de compañía realizar tal cometido", sin desmentir que el documento entregado no tenga fondos asignados.

En la misma declaración, la empresa confirmó que el día martes presentó una querella criminal "en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos que el municipio imputa a Geo Parking, para lo cual la autoridad municipal deberá entregar los antecedentes con que cuente a fin de reafirmar sus dichos ante el Ministerio Público". Esto se suma a la querella que la misma administración municipal presentó en contra de Geo Parking por falsificación de instrumento privado mercantil y estafa.

El conflicto

Durante las últimas semanas los trabajadores contratados se han movilizado para exigir respuestas sobre la situación de la empresa y, por consiguiente, el futuro de los parquímetros contratados en el centro de Concepción, ya que el municipio solicitó el cobro de la boleta de garantía luego de que la Dirección del Trabajo detectará incumplimientos en relación a las bases de licitación y del contrato vigente.

De esta forma, la empresa presenta una deuda que supera los $496 millones por no pago de imposiciones previsionales a los trabajadores y multas por contrato. Está situación fundamenta la decisión del municipio de realizar el cobro de la boleta que el propio banco Scotiabank determinó como falsa y cuyo monto es de 14 mil UTM.

Respecto a las deudas, la empresa Geo Parking asegura que registran un déficit que supera los $300 millones debido a usuarios que no pagan el uso de los estacionamientos. Plantean que el municipio conoce esta situación y que "se ha negado permanentemente a contribuir con la recuperación de este monto, el cual podría incluso ir directamente a las arcas municipales por la deuda que la empresa presenta en la actualidad".

La empresa agrega que la mala explotación comercial que los ha perjudicado es "en gran medida producto de la falta de cumplimiento por el municipio de su labor contractual de fiscalizar el pago de estacionamientos".

Responsabilidad MUNICIPAL

Debido a que la licitación para este servicio considera procedimientos normales y, por ende, requiere que se cumplan una serie de requisitos, el alcalde aseguró que se buscará determinar la existencia de un procedimiento irregular al interior de la municipalidad. "Instruí un sumario en lo interno para ver si hay responsabilidad de funcionarios o funcionarias ante esa situación", afirmó.

En tanto, desde la empresa plantearon que "es inaceptable que desde julio del año 2023 el municipio no se haya percatado de los documentos supuestamente anómalos que hoy reclama; toda vez que estos fueron revisados personalmente por autoridades municipales al momento de ser entregados por la empresa".

El edil de Concepción sostuvo en respuesta que "acá no se persigue a nadie, menos queremos perjudicar a más de 100 trabajadores a los cuales muchas veces no se les ha pagado su sueldo y precisamente las boletas de garantía permiten asegurar el pago cuando eso ocurre". En cuanto a la posibilidad de suspender el contrato, Ortiz agregó que eso debe analizarse con el Consejo Municipal y seguir el consejo de la Dirección Jurídica para generar el menor daño e impacto posible a la comunidad.

300 millones de pesos, al menos, es el déficit que la empresa asegura tener por el no pago del servicio de los usuarios

Ante el llamado de la Contralora Nacional (s) a los municipios para que fiscalicen los locales comerciales que podrían estar operando como fachadas y asociados al crimen organizado, el alcalde de Concepción aseguró que ese trabajo se está haciendo en la comuna y que, hasta ahora, no se han detectado situaciones anómalas.

Hace unas semanas la contralora (s) Dorothy Pérez manifestó su preocupación por el aumento explosivo de barberías en el país y la posibilidad de que esté ocurriendo el delito de lavado de activos. En esta línea, Álvaro Ortiz, aseguró que en la capital penquista hay 116 patentes de barberías y giros afines, de las cuales el 80% están ubicadas en el perímetro central, es decir desde Víctor Lamas a Avenida Los Carrera y desde Prat a Avenida Paicaví.

Así también, hace unos días el diputado Eric Aedo aseguró tener información sobre 9 de estos negocios que tendrían vínculos ilícitos, ante lo cual Ortiz comentó que sería útil para el municipio conocer esos antecedentes.

Por otra parte, sobre el llamado a fiscalizar que realizó la contralora, el edil dijo que "en el plan anual de fiscalización a barberías y otras tiendas, hasta el momento no hemos detectado nada extraño".

A esto sumó que el llamado de la contralora es a indagar en el origen de los capitales, sobre lo cual indicó que los municipios "tenemos un rol, sí: el de entregar las patentes si ese contribuyente cumple lo que establece la ley, si tenemos que fiscalizar que estén las patentes, que esté todo lo que corresponda y lo hacemos. Pero aquí también hay otras instituciones que tienen que hacerse parte", haciendo mención del trabajo de SII, la Fiscalía y las policías.

Consultado sobre la facultad del municipio para dejar de entregar patentes a rubros determinados, como las barberías, el edil planteó que se desconoce dentro de qué marco legal se podría fundamentar dicha toma de decisión, por lo que hasta el momento se confirman los antecedentes estándar para realizar el trámite.

En Concepción el 80% de las patentes de barberías corresponde a locales

ubicados en la zona

céntrica de la comuna

La jefatura de la Región Policial del Biobío se encuentra desde el martes a cargo de la prefecta inspectora Claudia Chamorro Contreras, quien asumió este cargo sucediendo a Hugo Haeger, quien ascendió al grado de Prefecto General y debe iniciar sus nuevas funciones como Subdirector de Investigación Policial y Criminalística.

Desde la institución destacaron que este nombramiento marca un hito a nivel regional, pues Chamorro es la primera mujer en dirigir el trabajo de la zona policial. La prefecta es oficial graduada de la Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI, licenciado en Ciencias Policiales, entre otras especializaciones.

Así también destacaron que ella se encuentra trabajando en la PDI desde 1993, siendo su último cargo desde 2021 hasta este año como jefa de la Prefectura Provincial El Loa, región de Antofagasta.

En el marco de su carrera policial, se ha desempeñado en distintas unidades del país, como Quilpué, Los Andes, Viña del Mar, Santiago, Concepción, Coronel, Talcahuano y Las Condes, en la Brigada de Investigación Criminal de esta última comuna.

El acto oficial se realizó con la presencia de la delegada regional, Daniela Dresdner, la fiscal regional Marcela Cartagena, el Contralor Regional, alcaldes de la provincia, el Jefe de la Zona Biobío de Carabineros, el Jefe de la II Zona Naval, entre otras autoridades locales.