Por Redacción

El exministro y ahora senador, José Miguel Insulza (PS), dijo ayer que "el plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al Gobierno o lo debilita. Eso es una realidad, no lo vamos a negar". El Ejecutivo respondió que lo que se vota "es un texto constitucional, con todo lo que eso implica, ni más ni menos".

El legislador agregó en Radio Pauta esperar que el oficialismo "se hagan todas las autocríticas del caso. Este ha sido un camino errado, no hubo una que nos una, ni en la primera, ni en la segunda vuelta. Ese tema hay que cerrarlo, hay que terminarlo".

Una de las críticas de políticos cercanos al Gobierno es que la Constitución actual es la de los "cuatro generales", frente a lo cual Insulza afirmó que "me molesté, si yo he trabajado cinco años en la reforma constitucional del (ex) Presidente (Ricardo) Lagos".

"Ahora, reconocí sin embargo, y sigo reconociendo, que con los cambios que le hicimos eliminamos un conjunto de enclaves autoritarios, pero sigue siendo una Constitución un poco híbrida con una cantidad de temas que no debería tener que son materia de Ley", describió el extitular de numerosos ministerios durante los mandatos de la ex Concertación.

"Espero que alguna vez todos reconozcamos que fue un error, que este proceso no debió llevarse a cabo", agregó Insulza.

La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió que "en honor a la verdad, lo que se vota el 17 de diciembre es un texto constitucional, con todo lo que eso implica, ni más ni menos. (...) Las coyunturas siempre se atraviesan y siempre pueden ser leídas en función de un otro escenario a favor de una posición política o no, pero esa es la realidad".

"derrota de sus ideas"

El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que "hay una derrota de sus ideas (del Gobierno), una derrota del octubrismo el próximo 17 de diciembre, si somos capaces de sacar adelante el A Favor con la fuerza que esperamos. (...) Hay una evaluación del Gobierno también, hay una especie de plebiscito, pero básicamente a las ideas del octubrismo que ha defendido este Gobierno, esa es la derrota que se va a dar el próximo 17 de diciembre si gana el A Favor, una derrota a malas ideas".

Su par del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló a Emol que "lo dicho por Insulza es evidente, un triunfo del A Favor, deja al Gobierno sin espacio para insistir en sus reformas refundacionales, ni menos con agendas constitucionales que tanto daño le han hecho a la estabilidad del país".

En caso de ser aprobada la propuesta del Consejo Contitucional, el Ejecutivo "no tendrá más opción que destinar su tiempo a las urgencias en materias de seguridad y económicas, ya que ese será el mandato del nuevo texto", sostuvo el exdiputado.

Bachelet

Por su parte, la ex Presidenta Michelle Bachelet afirma en la franja televisiva que el texto escrito por una mayoría de oposición "pone en riesgo las tres causales" de aborto. Frente a esto, Macaya respondió que "ninguno de los miedos que pretende infundir en las mujeres tiene asidero".

Los partidos del oficialismo declararon que "la ex Presidenta no le debe explicaciones a nadie y, por el contrario, agradecemos el que socialice sus posturas, (...) siempre teniendo una mirada activa".

Contiene las normas más relevantes sobre la protección del medio ambiente y los objetivos hacia los cuales debiera orientarse el Estado en este campo. Incluye otras normas sobre temas ambientales, y, en particular, al deber del Estado de proteger el medio ambiente (artículo 11), al derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación (artículo 16, N° 21), a la función social del derecho de propiedad, que comprende expresamente la conservación del patrimonio ambiental (artículo 16, N° 35, letra a), a la acción constitucional de tutela (artículo 26) y al deber de las personas de contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile, de proteger el medio ambiente y de prevenir la generación de daño ambiental (artículo 37).

El capítulo se abre con el reconocimiento de que la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo deben estar orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y de su biodiversidad (artículo 206). Se otorga valor constitucional a los derechos de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en materias ambientales (artículo 208). Según la propuesta, las personas no sólo son las principales beneficiarias de la protección ambiental y titulares de derechos, sino que también tienen obligaciones expresas: deben contribuir a la sustentabilidad y protección del medio ambiente, lo que incluye la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza y de su biodiversidad (artículo 207).

El Capítulo incluye las obligaciones estatales en materia de cambio climático, que derivan de los acuerdos internacionales ya ratificados en esta materia (artículo 212), que actualmente están establecidas en normas de rango legal, en particular en la Ley Marco de Cambio Climático.

Establece que Chile contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental, que deberán ser de carácter técnico. Asimismo, se establece que los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico y participativo, emplearán criterios, requisitos, trámites y condiciones uniformes, y concluirán en decisiones oportunas e impugnables de conformidad con la ley (artículo 213).

Esta propuesta no menciona expresamente los principios ambientales y hace referencias a los de desarrollo sustentable, prevención, responsabilidad y cooperación internacional en materia ambiental. Los demás principios quedan resguardados en disposiciones de carácter legal y en las normas de derecho internacional vinculantes para Chile.

Art. 206. Establece que la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo deberán estar orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas y al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las generaciones actuales y futuras.

Art. 207. Afirma el deber del Estado y de las personas de proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. Define la sustentabilidad como el desarrollo económico que requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, para no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Este deber implica la colaboración público-privada.

Art. 213. Dispone que el Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental. Estas tendrán un carácter técnico, según corresponda, y serán establecidas por ley, pero siempre pensando en la objetividad y oportunidad de las actuaciones y decisiones, las que deben ser fundadas. Se fomentan los procedimientos de evaluación ambiental y que éstos sean de carácter técnico y participativo, empleando criterios, requisitos, trámites y condiciones uniformes, y que las decisiones que se tomen sean oportunas e impugnables de conformidad con la ley.

La propuesta incorpora un capítulo específico sobre medio ambiente, que en el actual Constitución no existe. El artículo 10 del proyecto, relativo a los fundamentos del orden constitucional, consagra el deber del Estado de proteger el medio ambiente.

a• Desarrollo y sustentabilidad.

A lo largo de la propuesta se encuentran distintas referencias a las ideas de desarrollo y sustentabilidad. Asimismo, en distintos artículos se hace hincapié en la obligación de considerar las necesidades y expectativas de las generaciones actuales y futuras (artículo 206 y 207). Esto se complementa con mandatos destinados a que los avances económicos deben apuntar a un "mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas", lo que incluye "medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente" (artículo 207, inciso 3°).

b• Mayor atención constitucional a las realidades regionales y locales.

La propuesta incluye directrices con la idea de atender las realidades regionales y locales: dispone que el desarrollo tiene que ser "armónico, solidario y sustentable del territorio nacional" (artículo 211). Esta frase es reiterada en otros puntos de la propuesta (por ejemplo, en los artículos 126, 127 y 145).

c. Acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental.

La propuesta reconoce explícitamente como derechos constitucionales el acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en materias ambientales. Estos derechos estaban reconocidos en el Acuerdo de Escazú, que es vinculante para Chile. Las personas podrán acceder a las informaciones que requieran en materia medioambiental, y tomar parte en los procedimientos administrativos en que se adopten decisiones con posibles impactos en el ambiente (por ejemplo, en el marco del otorgamiento de autorizaciones o de la evaluación de impacto ambiental). A su vez, podrán dirigirse a los tribunales para impugnar actos administrativos o para exigir la reparación de daños ambientales. El alcance, las condiciones y las limitaciones al ejercicio de estos derechos serán definidas por la ley, la que deberá ajustarse a los requisitos impuestos por las normas internacionales en la materia.

d. Sobre la acción constitucional de tutela en materia ambiental.

Al igual que en el texto constitucional hoy vigente, la propuesta contempla el recurso de protección, que en materia medioambiental ampara el derecho a vivir en un medioambiente (art. 26.1) sano y libre de contaminación.

e. Derechos y deberes del Estado y de las personas en materia ambiental.

Distintos artículos establecen deberes del Estado en materia ambiental, en particular modo en relación con el cambio climático (212), con el cuidado, preservación, conservación de la naturaleza y de su biodiversidad (artículos 10; 16, N° 21 y 206), con los animales (artículo 37, inciso 8°) o con la gestión de los residuos (artículo 210). Muchas de las normas mencionadas reiteran el contenido de leyes vigentes o compromisos internacionales que Chile suscribió. El cambio estaría en su reconocimiento a nivel constitucional y en el énfasis en la biodiversidad. El deber de tutelar la preservación de la naturaleza ya estaba contemplado en la Constitución actual. La propuesta encomienda a la ley la tarea de definir más concretamente estos deberes.

En el artículo 16, N° 21, se reconoce el "derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo". El cambio es que la propuesta introduce el adjetivo "sano" y la referencia a la sustentabilidad y al desarrollo.

Además, la propuesta constitucionaliza el deber de las personas de proteger el medio ambiente, de prevenir la generación de daño ambiental y de reparar eventuales daños ambientales causados (artículo 37, inciso 3°). En este caso también la definición de las obligaciones es remitida a la ley.

f. Garantizar decisiones fundadas en criterios técnicos.

El Capítulo establece la necesidad de garantizar que las decisiones tomadas en ámbito ambiental respondan a criterios técnicos. En la propuesta se establece que tanto las "instituciones administrativas" ambientales como los procedimientos de evaluación ambiental tendrán que ser "de carácter técnico". La introducción de estos requisitos implicaría, por lo tanto, una revisión de la actual legislación e institucionalidad ambiental, en particular de la normativa sobre el SEIA.

Alcaldes de La Reina y La Florida decretaron la semana pasada estados de emergencia comunal para elevar los recursos destinados a seguridad. El fin de semana se registraron ocho homicidios en la Región Metropolitana, razón por la que vecinos y comerciantes de Estación Central también solicitaron la medida.

El Presidente Gabriel Boric respondió que "acá no hay una varita mágica, (...) hay algunos que plantean los estados de excepción como solución inmediata a todos los problemas. La verdad es que las cosas con bastante más complejas y requieren de trabajo interconectado, multisectoriales".

La ministra vocera, Camila Vallejo, en línea con ello agregó que en los citados municipios "se anuncian cosas que después la misma Contraloría dice que no caben en el actual ordenamiento jurídico. (...) Entonces, después ¿qué le decimos a la gente?".

Pese a ello, "toda propuesta que sea efectiva para enfrentar la delincuencia, garantizar mayor seguridad, es bienvenida y evidentemente hay un ánimo de algunos alcaldes de querer contribuir", destacó Vallejo.

"autofelicitación"

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) solicitó ayer una reunión de "urgencia" con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), "para revisar los proyectos legislativos en seguridad anunciados por el Gobierno en abril y que se encuentran aún en proceso", informó en X.

El legislador respondió que "he visto una suerte de autofelicitación, donde el Gobierno dice que 'nunca se habían aprobado más leyes que ahora' (en seguridad)... Yo lo quiero decir con claridad: nunca habíamos tenido tanta delincuencia y tanta inseguridad como ahora, y muchas de las leyes que se han aprobado en este período son las que (en el pasado) fueron rechazadas por los que hoy gobiernan".

"Le pido (al Ejecutivo) que más que autofelicitarse, hagan la pega: hay muchos proyectos que faltan", pidió Coloma.