Caso Fundaciones: Serviu y Gobierno Regional entregaron antecedentes ante la Fiscalía
Los montos cuestionados suman un total de $708 millones, ante lo cual los organismos públicos asignatarios entregaron los antecedentes para las diligencias iniciadas ayer.
La noche del martes, la Fiscalía Regional anunció el inicio de dos investigaciones de oficio para abordar la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia fundaciones en la zona.
Particularmente, se abordarán los casos de entrega de fondos del Serviu a Urbanismo Social por $534 millones en cuatro proyectos, y del Gobierno Regional a la ONG RedCultivarte por $274 millones, organismos que durante esta jornada arribaron hasta las oficinas del Ministerio Público para poner a disposición los antecedentes asociados a las asignaciones.
Los actores coincidieron en apoyar la decisión del Ministerio Público de ahondar en la posibilidad de que existan delitos y se mostraron dispuestos a atender todas las consultas.
Urbanismo social
Consultados por este medio, desde la Fundación Urbanismo Social se mostraron dispuestos a entregar todos los antecedentes que sean solicitados, pero que hasta el cierre de esta edición no han sido contactados por la Fiscalía Regional.
Quienes si concurrieron a las oficinas ubicadas en calle Padre Hurtado fueron la seremi de Vivienda Claudia Toledo y el director suplente del Serviu Eduardo Arriagada, con el fin de entregar los antecedentes y aclarar los vínculos de la cartera con la fundación.
Dichos vínculos se agrupan en tres contratos -dos vía licitación pública y uno por trato directo- para la administración del primer edificio con arriendo a precio justo en San Pedro de la Paz, el monitoreo de programas en dos barrios de la misma comuna y el aporte técnico a las víctimas de los incendios forestales de febrero.
"No son aportes, donaciones o transferencias, son contratos que forman parte de la modalidad de licitaciones públicas y tratos directos, y se paga contraproducto. De hecho, hasta el momento no se han pagado los dos últimos contratos (...) No tenemos antecedentes para realizar una investigación interna, pero si vamos revisando cada uno de los contratos con distintas fundaciones", expuso Toledo, junto con enfatizar que la entrega de antecedentes responde a la actitud proactiva que ha tenido el ministerio desde el primer momento en que se conocieron los antecedentes del caso de Democracia Viva en Antofagasta.
El directivo del Serviu en tanto explicó que "los pagos se hacen solo cuando hay producto, y aún no se paga un solo peso del último contrato (...) Ellos están trabajando en el tema de los incendios y la habilitación de una familia jurídicamente no es fácil, con los conservadores de bienes raíces atorados respecto a la información a entregar y es un proceso que no dura un mes, sino que mucho más".
Respecto a los cuestionamientos políticos, tanto a la delegada Daniela Dresdner y su exjefe de gabinete Vicente Guzmán -extrabajadores de la fundación y en el caso del último, hoy coordinador regional de Asentamientos Precarios en la cartera- Arriagada enfatizó que "respecto a las licitaciones del Serviu, estas no tienen ninguna relación política. A nadie se le consulta su militancia cuando se le contrata o se hace una licitación".
"Acá hay una licitación pública, acá no puede haber una caza de brujas. Estas son herramientas que nos proporciona el Estado para ayudar a las familias y entregaremos todos los antecedentes a quienes nos lo soliciten", añadió.
Red cultivarte
En el caso de la ONG Red Cultivarte y el pago de $274 millones por el proyecto "transferencia de cuidado integral e inclusivo para adultos mayores vulnerables de Coronel", por parte del Gobierno Regional, este último entregó durante la tarde de ayer todos los antecedentes ante la Fiscalía.
La coordinadora (s) de la Unidad Jurídica del Gore Biobío, Karen Flores, dijo que "manifestamos a la fiscal nuestro compromiso y máxima disposición para que el Ministerio Público pueda llevar adelante las diligencias investigativas que estime necesarias (...) Esta investigación de oficio representa para nosotros una oportunidad para esclarecer y despejar cualquier duda".
En tanto, la representante legal de la ONG Elizabeth Villanueva se mostró disponible a entregar todos los antecedentes a la Fiscalía e indicó que "el lunes entregamos todos los antecedentes a la Contraloría con el fin de cualquier revisión que se requiera. El proceso permite esclarecer toda la regularidad de la postulación y ejecución del proyecto que ha beneficiado a más de 500 adultos mayores con un modelo de protección y cuidado que es lo que se requiere".
La instancia además sufrió un robo en sus dependencias en Coronel; en redes sociales informaron que "la madrugada de ayer (martes) sufrimos un robo en la oficina desde donde funciona el proyecto de adultos mayores en Coronel. Lamentamos estos actos delictuales que entorpecen la importante labor que este programa está desarrollando".