Por Redacción

Parlamentarios de oposición anunciaron que preparan una interpelación y no descartan una acusación constitucional contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aludiendo a una "obsesión" del Mineduc con la educación sexual integral e incluso de querer imponer su propia orientación sexual en el currículum educativo. Ante ello el secretario de Estado dijo estar dispuesto a enfrentar las interrogantes de los congresistas.

La controversia que podría llevar a Ávila a su segunda interpelación surgió a raíz de una guía para la sexualidad afectiva que distribuyó el ministerio de Educación en distintos recintos municipales, que data del año 2017 y al que se le hizo una actualización en mayo de 2023 que entrega sugerencias sobre el trato hacia personas pertenecientes a las diversidades sexuales (ver recuadro).

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) dijo que "entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que su inclinación la ponga como prioridad en los temas educacionales".

Por ello, añadió, "hemos tomado la decisión de interpelar al ministro de Educación, porque todo tiene límites y la verdad es que hay antecedentes suficientes como para que el ministro venga a dar cuenta de su gestión y de sus prioridades a la Cámara. No compartimos en absoluto que la educación sexual sea la prioridad de este ministerio".

"obsesión"

Gustavo Benavente, también UDI, planteó que "aquí el ministro está poniendo por sobre una educación sexual para todos los niños su propia orientación y eso no corresponde".

La diputada Camila Flores (RN) argumentó que Ávila "realmente tiene una obsesión con meter a las aulas de clases la hipersexualización de los niños, cuando es algo que les corresponde a los padres de educar".

Más allá fue la diputada Sara Concha (Partido Social Cristiano), quien dijo que presentará una acusación constitucional contra el ministro por vulnerar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, iniciativa que fue respaldada por el RN Diego Schalper.

"despropósito"

Consultado sobre esta materia, el ministro Ávila dijo estar "absolutamente disponible" para enfrentar la interpelación, aunque consideró un "despropósito" aludir a situaciones personales: "Estoy para impulsar no una agenda personal, sino que la agenda que nos ha establecido el marco jurídico nacional".

"Esto no es una caricatura, no es un tema de nicho; es un tema de Derechos Humanos y del resguardo del debido derecho a la educación de niñas y niños de todo el país", complementó.

También explicó que "estas orientaciones son del año 2017, del segundo mandato de la Presidenta Bachelet. No fueron bajadas tampoco de la plataforma en el Gobierno del Presidente Piñera y nosotros las mantuvimos ahí porque, en el fondo, entendemos que podrían ser utilizadas por las comunidades".

Añadió que fue actualizada el 17 de mayo pasado, "el día que se conmemora el día contra la homofobia y la transfobia. Esta actualización no incorpora actividades de ningún tipo asociadas a niveles educativos, en estas recomendamos de forma reiterada la participación de las comunidades educativas, de las familias y particularmente de madre, padres y cuidadores para orientar el trabajo sobre afectividad y sexualidad".

El Gobierno lanzó el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que consiste en entregar mayores recursos a los alcaldes para enfrentar y prevenir la delincuencia.

Dicho sistema cuenta con tres ejes: asesoría técnica para todas las comunas, lo que permite conceptualizar normativas, crear diagnósticos para identificar problemas de seguridad y así diseñar planes de soluciones; financiamiento de proyectos para la prevención del delito según índice de vulnerabilidad sociodelictual; y financiamiento para proyectos de innovación y mejoras en el diseño de políticas públicas a nivel local en seguridad.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expuso ayer en radio Cooperativa detalles de esta iniciativa y planteó que "lo que no queremos hacer es sacarles a los que más tienen y darles a los que menos tienen, sino que al contrario, inyectarles los recursos a los que menos tienen para nivelar la cancha hacia arriba".

"Este sistema termina con la concursabilidad, es decir que nunca más los municipios van a tener que concursar con otros para tener recursos. El año pasado se adjudicaron recursos aproximadamente a 60 municipios y este año con el Sistema Municipal de Seguridad se adjudicarán a más de 250, sin concursos", precisó la autoridad.

Vergara dijo que para tomar en cuenta a qué comuna se le entrega dinero, "hay un índice de vulnerabilidad sociodelictual, que lo ingresamos a Contraloría, que nos da el visto bueno para que no existan dudas, para que sea transparente, y este índice no solamente mira los casos policiales, sino que inyecta otras variables, como la población flotante, participación de niños en delitos, delitos contra la mujer, presupuesto municipal".

Con esta información, explicó, "se genera un ranking con todos los municipios del país. Nos impusimos un plazo de siete días para publicar este índice en la página web: va a ser público. No solamente va a decir el lugar en el ranking, sino que inmediatamente va a decir cuál es el monto de la primera inversión".

Una de las condiciones de un acuerdo imparcial en torno a un procedimiento la constituye la ignorancia acerca de sus resultados. La razón es bastante obvia: una vez que usted conoce los resultados que lo acordado está produciendo -y sabe en consecuencia si lo favorece o no- su opinión deja de ser imparcial. No tiene sentido -o lo tiene, pero es inaceptable- cambiar las reglas una vez que ellas arrojan un resultado o permiten prever uno.

Pero eso es lo que acaban de sugerir, o pretenden sugerir, algunos parlamentarios de la bancada socialista. Proponen, o van a proponer, acortar el lapso del que dispondrá el Consejo constitucional, y sugieren, o sugerirán, agregar una tercera opción al plebiscito de salida: aceptar el proyecto que ha elaborado la comisión experta.

Esa propuesta debe ser rechazada por varias razones.

La primera es que carece de imparcialidad.

Como explica John Rawls (el autor del que tal vez sea el tratado sobre la justicia más importante del último siglo) un acuerdo en torno a las reglas exige que los partícipes de él posean (o siquiera simulen) un velo de ignorancia acerca de si el contenido de estas les será propicio o no. Al estar ignorantes acerca de si las reglas y el procedimiento favorecerá o no sus propios intereses y posiciones, quienes negocian tenderán a ponerse en el lugar de cualquiera al momento de decidir si aceptan o no. Y ese experimento mental, por llamarlo así, consistente en imaginarse en el lugar de cualquiera, es lo que desde antiguo se llama imparcialidad. Ser imparcial es ponerse en el lugar de todos los demás, algo que solo es posible si se ponen en paréntesis los propios intereses. Pero si, como esos parlamentarios van a proponer, una vez que las reglas están funcionando y sus primeros resultados se conocen, se procede a cambiarlas, ese cambio ya no será producto de una condición de imparcialidad. Será como cambiar las reglas de un juego de naipes una vez que las cartas se distribuyeron y cada uno vio las suyas. Las reglas entonces dejarán de poseer una vocación de imparcialidad y en rigor dejarán de ser reglas obligatorias puesto que una razón para obedecer las reglas es que ellas sean imparciales. Usted obedece las reglas de un juego porque las aceptó ex ante el resultado de manera que fuere cual fuere este último está obligado a aceptarlo. La propuesta de estos parlamentarios viola esa condición de imparcialidad.

La segunda razón es que si se abrevia el lapso de que dispone el Consejo constitucional, se lesionará muy severamente la deliberación democrática. Quienes han sido electos consejeros lo han sido para debatir y analizar las reglas constitucionales y ello requiere el intercambio de razones. Apurarlos abreviando un tiempo que ya es demasiado escaso parece motivado por el anhelo o el deseo inconfesado de que esa deliberación no se produzca ¿Desde cuándo o por qué podría ser virtuoso discutir menos que más? Es raro que los parlamentarios -cuya tarea es parlamentar- sean alérgicos al diálogo y al debate con el argumento que causa incertidumbre. ¿De dónde se saca que enmudecer a los representantes electos para dialogar sea una buena idea?

La tercera razón es incluso más obvia que las anteriores. Los expertos que están ya acabando el proyecto constitucional que, en borrador, deberá considerar el Consejo, lo compusieron con el ánimo y el propósito intelectual que él fuera eso: un borrador que satisfaría el punto de vista por llamarlo así de los libros, pero no el punto de vista político que la democracia demanda; ese texto fue compuesto pensando satisfaría el saber o el conocimiento teórico que es propio del experto, no el saber prudencial o práctico que es propio del político. Este último le corresponde al Consejo. Por eso es, o sería, un despropósito no solo apurar los tiempos en que ese borrador debe ser considerado, sino también lo sería tomar ese texto por un proyecto ante el que la ciudadanía debiera pronunciarse ¿Acaso no se advierte que se trata de un texto sin vocación definitiva (eso es un borrador) y escrito y pensado sin el propósito que la ciudadanía se pronuncie acerca de él?

No cabe duda, en estos tiempos confusos la gente cree posible proponer cualquier cosa (y lo que se acaba de describir es un inmejorable ejemplo). Solo cabe esperar que el Congreso y el propio partido al que pertenecen quienes han elaborado la propuesta, adviertan que no se trata propiamente de una idea: es una mera ocurrencia descabellada con el disfraz de tal.

Carlos Peña