Por Karlyng Silva Leal

A tres meses de haber asumido la presidencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, la magistrada Carola Rivas Vargas asegura que ha sido un período intenso, marcado por la contingencia y la búsqueda de soluciones a graves problemas que afectan a los usuarios del sistema de justicia en la jurisdicción de la Región del Biobío.

"Hemos estado trabajando muchas materias. Algunas fueron un objetivo de trabajo que indiqué cuando asumí la presidencia, como instaurar la perspectiva de género como una herramienta de trabajo para todos los jueces y juezas, instar por la inclusión de personas en las ternas y cargos, pero inmediatamente comenzaron a surgir un montón de otras materias, donde también existían muchos asuntos que solucionar, entre ellas, principalmente, los asuntos de infancia", aseguró.

En esta línea, Carola Rivas sostuvo que "creo que los jueces somos los primeros que debemos estar en este trabajo, porque somos los jueces de familia los que disponemos de medidas de protección que no se están cumpliendo y que, por lo tanto, están desembocando en vulneración de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que buscamos proteger a través de nuestras resoluciones".

-¿Qué oportunidades pueden abordarse durante su gestión en la jurisdicción?

-Creo que tener este cargo es una oportunidad, porque me ha permitido convocar autoridades, han llegado todas y todos, no sólo a escuchar estadística, sino que a activarse en la búsqueda de resultados, pese a que la mayoría de los órganos de la administración pública contamos con presupuestos y personal limitados. Hay seremis como Justicia y de la Mujer que han estado muy activas en retomar temas como violencia de género a víctimas, asistencia judicial con perspectiva de género. Agradezco a las instituciones, porque tenemos la misma sensibilidad sobre cómo se deben enfrentar situaciones que discriminan gravemente a la mujer e impiden el acceso a la justicia.

-¿Qué cambia hoy en la mesa de infancia que preside?

-La Corte ha ejercido desde hace cinco años la presidencia de la mesa interinstitucional de infancia, estas mesas que ahora me toca presidir y que a su vez han generado subcomisiones. Quise que empezaran a ser más ejecutivas y efectivas, porque hasta el año pasado observé que sólo servían para compartir datos y estadísticas, sólo se escuchaban reclamos de lo mal que estábamos, mucha catarsis frente a cada reclamo. A diferencia de años anteriores, ahora tenemos la Ley de Garantía de la Niñez, que como jueces estamos en la obligación de cumplir al igual que todos los órganos de esta mesa, más allá de las deficiencias orgánicas o presupuestarias que tuviera cada uno de nuestros servicios.

-¿Entonces qué soluciones se están planteando?

-Se ha entendido que la mejor forma de que estos conflictos se superen es trabajando en coordinación y con muchos canales de comunicación. Cuando la comunicación comienza a fluir, nuestros datos comienzan a coincidir y, por lo tanto, las respuestas comienzan a ser más efectivas. Uno de los primeros puntos que empezamos a trabajar, por muy básico que suene, fue mejorar la comunicación entre los tribunales , esta Corte y el Servicio Mejor Niñez, porque así estamos al tanto de las acciones que realizan para superar problemas graves que han ocurrido en esta región, especialmente en el sistema de residencia. Estamos informados, por ejemplo, de los calendarios de la oferta programática y así desarrollar una tendencia a la baja en las listas de espera.

-¿Hay otra situación de preocupación que hayan abordado?

-Me he puesto a trabajar en la conformación de una mesa interinstitucional que aborde la salud mental de imputados e imputadas. Imputados con enajenación mental son inimputables, no tienen responsabilidad penal y, sin embargo, por las carencias de un mecanismo que permita su internación, ellos hoy están privados de libertad en recintos penitenciarios. Cuando comencé a realizar averiguaciones, me encontré con un dato dramático y poco conocido: en toda la Región del Biobío no hay camas de salud mental para mujeres, no sólo imputadas, para ninguna mujer, sólo hay de hombres. Y teníamos el caso de tres mujeres con enfermedades mentales graves que hacían peligrar su propia integridad física y de terceros; estaban recluidas en la cárcel El Manzano, en celdas aisladas, una vulneración de sus derechos fundamentales más que dramática e inaceptable.

Se activaron varias ideas del Servicio de Salud, un canal de coordinación a través de la seremi de Salud; una de las ideas planteada por la directora del Servicio de Salud de Talcahuano se activó y esa misma semana fue al recinto penitenciario para estabilizar y practicar un tratamiento a las imputadas y sus familias para permitir el egreso en algún momento. No hemos podido llegar a la solución, que es que hayan más camas, pero nos hemos abierto camino para dar tratamiento e incluso han capacitado a Gendarmería para brindar medicamento y tratamiento cuando estén descompensadas.

-En otro tema, ¿tras la pandemia hay cambios que llegaron para quedarse en el Poder Judicial?

-Sí, el sistema telemático es positivo. Creo que debemos dejar la mirada de que los jueces y funcionarios no están yendo a trabajar. Desde el año pasado los jueces asisten presencialmente a todas las audiencias de juicios penales, de familia o laboral, porque necesitan presenciar las pruebas, tomar contacto con demandante, demandado, denunciante, víctima, testigos y peritos. Debemos reconocer que hay ciertas actividades que no necesitan presencialidad y que esta presidencia autoriza para trabajar en un híbrido.

Si miramos al usuario, este tiene mayores posibilidades de acceso a la justicia formal bajo las fórmulas telemáticas, no sólo los ciudadanos, también fiscales, defensores y abogados, que antes tenían que viajar a alegar a esta Corte, perder toda la mañana hasta que su causa se viera y viajar de vuelta. Hoy se pueden conectar desde donde están, alegar telemáticamente, incluso alegar a la Corte Suprema sin viajar desde Biobío. Eso reduce costos al propio cliente y hay muchos alegatos ahora porque no se pierde tiempo.

A través de un comunicado, quien fuera una de las tres cartas locales elegidas para el Consejo Constitucional, Aldo Sanhueza, comunicó la noche de este viernes su decisión de dar un paso al costado y no asumir el cargo por el cual fue electo, ingresando también un recurso al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Dijo que fue una determinación que se tomó luego de pensarlo mucho y que no fue para nada fácil. Sanhueza había sido elegido como Republicano con 109.270 preferencias, pero luego renunció al partido a raíz de una polémica.

"He llegado al convencimiento de que mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga el curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo, y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo", se advierte en parte de las primeras líneas del documento.

La polémica con Sanhueza surgió poco antes de la elección del 7 de mayo, cuando se dio a conocer una causa de ofensas al pudor por tocar las partes íntimas de una mujer mientras viajaba en un bus de la empresas Pullman Tur. El hecho data del 29 de marzo de 2019. Pese a todo, se logró una salida alternativa donde el acusado tuvo que fijar domicilio y no acercarse ni contactar a la víctima. Como todo se cumplió, finalmente fue sobreseído, según informó hace algunas semanas Fiscalía.

Argumentos

En su comunicado, Aldo Sanhueza aprovechó de agradecer a los votantes que respaldaron su elección, pero también indicó que él fue utilizado como una excusa para deslegitimar el proceso, sobre todo en vista de la derrota electoral "de la izquierda radical".

"Nos se detendrá hasta obstaculizar su desarrollo, buscando funarme y cancelándome desde el primer día de sesiones", precisó, y recalcó que "no tengo ninguna inhabilidad legal ni judicial que me impidan haber sido elegido y asumir el cargo, ya que las acusaciones son infundadas, por lo que sólo buscan dañarme como persona y utilizarme para entorpecer el proceso".

Finalmente, advirtió que "la decisión la tomo pensando en mi país y en los millones de chilenos que confiaron y que tienen la esperanza de poner fin a este proceso constitucional y así empezar a trabajar con más fuerza para superar la grave crisis económica, social y de inseguridad que estamos viviendo".

Se espera que el recurso presentado sea revisado dentro de la próxima semana por el Tricel. Eso sí, la actual legislación contempla que el consejero electo no puede ser reemplazado, situación que lleva a que el Consejo Constitucional que recibirá el anteproyecto de la Comisión Experta quede conformado por 50 miembros y no 51.

El artículo 149 de la actual Carta Magna indica que "un consejero o consejera podrá renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento del Consejo" y que "el integrante del Consejo Constitucional que haya cesado o renunciado no será reemplazado".

El nuevo órgano constitucional comenzará a funcionar a partir de 7 de junio.

La salida de Aldo Sanhueza motivó algunas reacciones locales. El timonel regional del Partido Republicano, Juan Pablo Mellado, declaró ayer que la renuncia se trató de una decisión personal que vino a quitar peso a una mochila. "La situación de Aldo iba a generar ruido (...) Fue la mejor decisión que pudo haber tomado", sostuvo a Radio Bío Bío. En tanto, el diputado DC Eric Aedo dijo que este paso "era algo que todos esperábamos" y que "costaba entender cómo alguien acusado y condenado por abuso sexual pudo ser candidato". Aedo llamó también a los partidos a ser más rigurosos.