Plan Calle sin Violencia en la Región
A casi un mes de la muerte del cabo primero Álex Salazar, quien falleció dos días después de ser atropellado cuando cumplía labores de fiscalización a un local del sector de barrio Estación de Concepción en la madrugada del domingo 12 de marzo, dos hechos que enlutan a la misma institución de Carabineros y una serie de reacciones en torno a la seguridad pública han generado nuevas medidas en torno a esta compleja temática a nivel nacional.
Esta semana no sólo se promulgó la ley Nain-Retamal, que requirió una intensa negociación política en el Congreso, con el fin de avanzar con agilidad debido a la urgencia que provocaron los recientes acontecimientos, sino fue anunciada la implementación del Plan Calle Sin Violencia, diseñado por el Ministerio del Interior en coordinación con ambas policías y que significará una fuerte inyección de recursos para la seguridad pública, así como también el fortalecimiento de la labor operativa e investigativa de ambas policías y del Ministerio Público.
La iniciativa fue dada a conocer por el Presidente Gabriel Boric, quien en su discurso aseguró que la función del plan es "no sólo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, el fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, la creación del delito de extorsión, como señalaba anteriormente y el endurecimiento de penas para el delito de secuestro promulgadas esta mañana".
El plan se focalizará en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos, y será acompañado, además, de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes, sus espacios de deporte y sus espacios educativos que son, según se ha comprobado, formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia.
Para ello el Gobierno dispuso que se destinen un total de US$ 1.500 millones anuales en régimen para que sumados a los incrementos realizados en el Presupuesto 2023, significarán un alza de alrededor de 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad, por lo que se trata de recursos extra a los que ya se tenían contemplados para este año. El detalle de la implementación indica que estos fondos adicionales se irán aportando a medida que se vayan adoptando las medidas administrativas, a las que se les dio sentido de urgencia, y a las reformas legales que lo dispongan, financiándose con fondos de emergencia del tesoro público y así evitando que sean recursos reasignados.
Algunos de los destinos que tendrán estos dineros corresponden irán a reforzar la protección de los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, con equipamiento y material más seguro, así como para la renovación de los vehículos. Esto debería permitir que se ponga en marcha una fiscalización intensiva del control de armas, aumento de patrullajes, dotación adicional en Carabineros para estas tareas, liberándolos también de tareas administrativas. En tanto, en materia de persecución penal van a permitir la focalización para esclarecer homicidios y delitos asociados, reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas.
En una arista más comunal, desde el Ejecutivo se aseguró que se va a aumentar la fiscalización municipal del comercio regular e irregular, y la fiscalización de los inmuebles ocupados de manera abusiva o ilegal, entre otras cosas. Sobre las intervenciones comunitarias, se complementó con que habrá mayor inversión en la prevención del delito, en particular en cámaras de seguridad, iluminación en la vía pública y cámaras para las policías, lo que se traducirá en general en un alza de inversión en mejoramiento de espacios públicos a través de Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, por supuesto, los municipios.
Todas las medidas del plan van directamente a una treintena de comunas que concentran un tercio de la población nacional y donde las estadísticas revelan que se registra el 50% de los delitos más violentos. El plan piloto, tal como se anunció, será Santiago y a partir del próximo mes se debería replicar en otras ciudades.
Aunque el listado de comunas se mantiene en reserva, los jefes comunales del Gran Concepción esperan algunas de las intervenciones se realicen en la zona y que ello signifique que se otorguen recursos directos a los municipios para aportar en las tareas de prevención. Desde las autoridades se ha recibido la noticia con satisfacción, aunque algunos han planteado que llama a atención que se trate de una iniciativa que estaba planificada y que, como ha dicho el Gobierno, se haya adelantado su ejecución, ya que afirman que era necesaria de forma previa y no reactiva.
De todas formas, coinciden en que más allá de las medidas gubernamentales y la disposición a realizar los cambios desde la comunas, es clave que desde el Congreso y el Poder Judicial también se asuma una línea de trabajo clara, que ayude a que este esfuerzo conjunto rinda los frutos esperados, a través de la búsqueda de nuevas formas de aportar a una mejora de la seguridad pública, para no volver a lamentar un mes tan complejo como que el que se ha registrado desde el fallecimiento del cabo Salazar.
Aunque el listado de comunas se mantiene en reserva, los jefes comunales del Gran Concepción esperan algunas de las intervenciones se realicen en la zona y que ello signifique que se otorguen recursos directos a los municipios para aportar en las tareas de prevención.