Por Redacción

Cientos de personas acompañaron ayer a la familia de la sargento de Carabineros Rita Olivares, en la Región de Valparaíso, tras ser asesinada en un operativo por el robo de una casa. En medio de cuestionamientos a la política de seguridad, el Presidente Gabriel Boric anunció que "estaré acompañando a carabineros en procedimientos, para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad". En el Congreso fue discutida la inclusión del proyecto de Ley Retamal en la Ley Naín, sobre la defensa de los uniformados y el aumento de penas en delitos contra ellos.

Numerosas ofrendas florales y globos verdes fueron dejados ayer en la comisaría de Quilpué donde trabajaba la sargento Olivares, cuyo cortejo fúnebre se detuvo unos minutos en el lugar después de ser trasladado desde Valparaíso, rodeado por homenajes de diversas instituciones. En la tarde de hoy se realizará una ceremonia religiosa en Villa Alemana, para luego ser sepultada en Quilpué.

El Presidente fue a primera hora de ayer a acompañar a la familia de la uniformada, junto a las ministras del Interior y de la Mujer, Carolina Tohá y Antonia Orellana, respectivamente. Esta última autoridad fue cuestionada por diputados de la UDI, quienes en un comunicado citaron una publicación en Twitter donde calificaba de "criminales" a los uniformados, tras las manifestaciones del 18 de octubre de 2019.

Boric luego de la visita, ya de regreso en La Moneda, reiteró a Carabineros su "respaldo concreto, con recursos, con herramientas" para defender a la ciudadanía, motivo por el que cuando los antisociales "se encuentren con ellos, los carabineros se van a defender".

Además, el Mandatario anunció que "personalmente, junto al subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a carabineros en procedimientos, para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad".

Tohá explicó más tarde que "el Presidente ha dicho aquí que si es necesario gestos adicionales de presencia en el terreno para reafirmarlo (el apoyo del Ejecutivo a las policías), ciertamente lo vamos a buscar y vamos a acordar, pues ciertamente lo vamos a hacer con el objetivo de mandar ese mensaje, no de generar situaciones imprudentes o inadecuadas".

"el país ha cambiado"

La ministra vocera, Camila Vallejo, aludió al Legislativo: "Tenemos que relacionarnos desde la colaboración y no desde el atrincheramiento, ese es nuestro principal llamado. Sabemos que a veces los contextos políticos, electorales (por la votación de consejeros constitucionales, en mayo) hacen más complejas las conversaciones, pero ahora la prioridad del país es ponernos de acuerdo en materia de seguridad".

Acerca de la credibilidad del Gobierno en este tema, debido a la postura en contra de algunos de sus personeros sobre proyectos de seguridad, junto a numerosas publicaciones en redes sociales contra las policías antes de asumir cargos en el Ejecutivo, la secretaria de Estado afirmó que "el país ha cambiado, el Congreso es otro y hoy a nosotros nos toca gobernar".

Avance en leyes

Dos carabineros han muerto a manos de delincuentes en los últimos 13 días, razón por la que el Congreso este domingo suspendió la semana distrital y se adelantó la discusión de 16 proyectos sobre seguridad, como sicariato, secuestro, extorsión, control de armas, identificación de extranjeros, junto a las leyes Naín y Retamal, entre otros.

Sobre estas últimas iniciativas, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara ayer despachó a Sala con suma urgencia el proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos en contra de las policías, conocido como Ley Naín, en homenaje al cabo Eugenio Naín, quien falleció durante una emboscada en la Región de La Araucanía.

A este proyecto se unió la Ley Retamal -también en recuerdo del suboficial mayor Carlos Retamal, quien sufrió una brutal agresión en San Antonio -a través de indicaciones, con las que se aumenta las penas de delitos cometidos contra las policías, junto con eximir a los uniformados por daños o perjuicios durante la persecución de delitos.

La Ley Naín fue aprobada en general en la Cámara durante 2022, mientras que Retamal aún no avanzaba, motivo por el que Tohá cuestionó la unión de ambos proyectos, ya que el Gobierno se había comprometido a mejorarlo por otras vías.

La PDI informó al cierre de esta edición la detención de un tercer involucrado en el asesinato de la sargento Rita Olivares. Se trata de Luis Martínez, de 27 años, arrestado en la vía pública en el sector de Belloto, Quilpué. "Está posicionado en el hecho y se obtuvo la orden de detención", dijo el jefe (s) Región Policial de Valparaíso, prefecto Alberto Vásquez. La fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, dijo que tiene "antecedentes penales previos, pero no está en condición de prófugo". Más temprano, la ministra del interior Carolina Tohá cerró definitivamente la puerta a otorgar nuevos indultos a presos involucrados en delitos relacionados con el estallido social de 2019, luego de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmara incluso que el que estaba en trámite fue rechazado por el Ejecutivo.

El alcalde de la comuna de Calama, Eliecer Chamorro (FRVS), confirmó la primera demolición de una supuesta casa narco en la ciudad. El anuncio fue hecho a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que "¡comienza la primera demolición de casas drogas!".

"Estamos utilizando todas las herramientas legales y seguiremos apoyando. Unidos contra la delincuencia", añadió el jefe municipal en su publicación que fue acompañada por una serie de fotos que mostraban la acción contra dicha vivienda.

"Todos sabían, era un hecho público", confirmó el alcalde Chamorro, acerca de la acusación de que se vendían drogas en esa casa ubicada a menos de 100 metros de dos colegios con más de 2.000 estudiantes.

Junto con ello la autoridad municipal señaló que "esto será sin misericordia contra aquellos que hacen daño a Calama".

De esta forma el líder comunal, que es parte del oficialismo, se suma a la tendencia iniciada por el opositor alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de apelar a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que faculta a municipios demoler obras levantadas de forma irregular.

Desde la Municipalidad de Calama confirmaron que "tenemos un decreto para una buena cantidad de propiedades, sobre 16, comenzando con esta primera intervención de demolición de bienes inmuebles".

No obstante, esperan "ir más allá" de las demoliciones y "atacar el patrimonio" de los narcotraficantes. Para ello, Chamorro explicó que "habrá que dar un precedente legal".

Al igual que el alcalde, otras figuras del oficialismo se han mostrado a favor de este tipo de acciones, como lo hizo el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (PL), quien expresó que "hago un llamado a todos los alcaldes progresistas de Chile a destruir las casas ilegales de los narcos. Que sigan ahí, intocables, es un monumento a la impunidad".