Por Redacción

Después de casi cinco años desde que comenzó su tramitación en Chile, pasando por distintas controversias relacionadas con el respaldo del Gobierno a la iniciativa, ayer entró en vigencia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Tanspacífico (TPP-11).

El acuerdo para suscribirlo fue en marzo de 2018, cuando la entonces Presidenta Michelle Bachelet, junto a cancilleres de países como Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, se juntaron en Viña del Mar.

Chile se convirtió en el décimo país en ser miembro por completo del tratado, ya que antes se suscribieron Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Japón,Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

El lunes por la noche, el país se sumó por primera vez como miembro pleno en la reunión virtual de altos oficiales del CPTPP.

Mientras el Gobierno trabaja en la implementación a través del comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales, la Subsecretaría deRelaciones Económicas Internacionales busca avanzar en la modernización de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y el Estado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la entrada en vigencia del TPP-11 y recordó que en 2022, cuando se aprobó en el Senado, "muchos en aquel momento pusieron en duda el compromiso del Gobierno en cuanto a la ratificación oficial, el depósito del instrumento y la entrada en vigencia. Y ahora, a poco de iniciarse el año, ya tenemos la entrada en vigencia de este tratado que es muy importante. Muchos de los temores, aprensiones y desconfianzas de aquella época quedan en buena medida desmentidos por la realidad de lo que está ocurriendo el día de hoy".

El expresidente delBanco Central aseguró que entre los beneficios ahora "alrededor de 1.200 productos van a ser sujetos de desgravación, en algunos casos va a beneficiar nuestras exportaciones hacia los países que son miembros del tratado y en otros casos nosotros vamos a poder importar a un menor costo algunos productos".

"Como nosotros ya tenemos acuerdos comerciales con algunos de esos países, en algunos casos los efectos van a ser más marginales que en otros casos (...) Adicionalmente, el TPP-11 también contempla una serie de normas ligadas a la inversión extranjera que establece una serie de estándares que creo que nos va a ayudar a traer más tecnología, mayores estándares en materia laboral y seguridad", añadió Marcel.

Así, destacó que "pasamos a formar parte de un bloque de países que tenemos una manera similar de enfrentar los temas de comercio exterior, que no somos parte de las guerras y las disputas comerciales que están ocurriendo en el mundo, y nos podemos apoyar en lo que venga en materia comercial y las tensiones que se vayan generando y las que actualmente existan".

También se refirió a las "side letters", mecanismo que esperaba implementar el Gobierno con algunos miembros: "Hay un par de países con los cuales se están gestionando, en la medida que se formalicen esos acuerdos irán con la legislación del proyecto correspondiente al Congreso". -

Después de protagonizar algunas polémicas en la Cámara de Diputados, el parlamentario Gaspar Rivas fue expulsado del Partido de la Gente (PDG) luego de una denuncia por parte de otros militantes.

"Revisados todos los antecedentes antes reseñados y efectuada la valoración de la prueba aportada por los denunciantes y denunciado queda en evidencia que el Sr. Gaspar Alberto Rivas Sánchez infringió la declaración de principios y los estatutos del Partido de la Gente", resolvió el Tribunal Regional de Valparaíso después de revisar las pruebas presentadas.

En consecuencia, Rivas fue condenado "con la expulsión del Partido de la Gente".

Además, la instancia determinó que el diputado tiene "un plazo fatal de cinco días hábiles para presentar su apelación ante el Tribunal Regional" y en caso de no hacerlo se procederá "a comunicar el fallo dictado dentro del plazo de cinco días hábiles, a la Secretaria Nacional".

En concreto, se determinó que incurrió "reiteradamente" en "actos constitutivos de infracciones a los Estatutos, Declaración de Principios y faltas a la disciplina partidista".

Según el documento presentado por los denunciantes y que fue revisado por el Tribunal, participó "en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido".

Esta denuncia en contra del legislador fue interpuesta por ocho personas, dentro de las que está el excandidato a diputado por el Distrito 7, Jorge Luis Passadore.

Las polémicas

Dentro de las situaciones que se mencionan para acusar a Rivas está el momento en que participó de la mesa paralela para un nuevo proceso constitucional, donde también estuvo presente "Pancho Malo".

Ahí, el diputado empezó a gritar con personas que estaban en la sala y le gritó a una mujer que le tomaba el brazo intentando calmarlo.

Más tarde alegó que los presentes no deseaban una nueva Constitución.

Por otro lado, se recuerda el momento en el que trató de "conchasumadres" a los diputados Víctor Pino y Yovana Ahumada, exjefa de bancada del PDG.

Aquello ocurrió en la comisión de Personas Mayores de la Cámara, cuando Ahumada había decidido sacar de la instancia a Rivas para ocupar su lugar con el objetivo de lograr la censura en contra de Carolina Marzán del PPD.

En reciente entrevista en El Mercurio, el ministro de Educación ha insistido en lo que llama "un cambio de paradigma". Uno de los componentes sería el énfasis en lo que denomina "alfabetización sexual".

¿En qué consistiría la "alfabetización sexual"?

Esa parte del contenido educativo hoy se contiene en las Bases curriculares de la educación básica, motivo por el cual el ministro debiera explicitar cuáles son las modificaciones o énfasis que, en su opinión, es necesario introducir en esas bases. Y si se cree eso del "cambio de paradigma" en la versión que alude a cambios radicales (como sabrá el ministro la palabra paradigma, según el propio Kuhn que la popularizó, posee más de una centena de acepciones) existiría un cambio bastante profundo en ellas.

Lo que cabe entonces preguntarse es si resulta sensato situar ese como uno de los ejes centrales del ministerio, atendidos los desafíos que hoy experimenta el sistema escolar. Una sencilla enumeración los pone de manifiesto: cuestiones de disciplina y de control; deterioro de la autoridad de los profesores; problemas en la formación inicial de estos últimos; pérdida de aprendizaje como consecuencia de la pandemia; distribución desigual de este último según la clase social, algo que la pandemia agravó, etcétera ¿No será más sensato poner el énfasis en esos problemas (sin cuya solución ni siquiera la alfabetización ya no sexual, sino alfabetización a secas será difícil) en vez de abrir un flanco de debate que, según muestra la experiencia, despertará el conservadurismo de algunos y el libertarianismo de otros?

Porque es eso exactamente lo que ocurrirá: el debate sobre la libertad de enseñanza y el viejo tema relativo a si la familia o el estado debe tener la autoridad educativa a la hora de decidir qué enseñar y cómo estará en el centro de la cuestión constitucional. Y el anuncio del ministro -un anuncio más bien vago- acentuará un debate sin orillas y no contribuirá a la racionalidad de ese debate.

Con todo, un par de ideas pueden ayudar a llevar adelante ese debate que, por lo visto, será inevitable.

En la situación actual no cabe ninguna duda que entregar nada más a la familia la educación sexual de los niños y desconoce el hecho que la familia es hoy, en muchos casos, una unidad inestable que descansa sobre el compromiso puramente emocional de sus miembros y, por lo mismo, una entidad extremadamente frágil. Basta subrayar ese hecho para aceptar que la educación en las diversas dimensiones de la sexualidad debe ser uno de los objetivos educativos. Y ello, cabría insistir, no porque se quiera arrebatar esa tarea a las familias, sino porque estas en muchos casos no están en condiciones de cumplirla. Ello, sin embargo, no ha de conducir al extremo de entregar toda la autoridad normativa en esas materias al estado o prescindir de la autoridad, ya no de la familia, sino de los padres. Equilibrar esos objetivos y alentar a los padres y a las familias a asumir esa tarea y esa responsabilidad (algo que no se alcanzará si se cree, como a veces ocurre, que la familia es una asociación puramente emocional entregada a la autonomía de sus miembros) es una cuestión fundamental en cualquier política educativa o social.

Durante mucho tiempo se ha pensado que una sociedad abierta debe tratar a la familia como una asociación política donde la última palabra la tiene la autonomía de quienes la integran. Como se comprende, esa forma de concebirla deteriora las funciones que ella -según muestra una larga literatura- está inevitablemente llamada a cumplir.

Quizá el cambio de paradigma a que alude el ministro deba consistir en caer en la cuenta de que la familia, y la forma de concebirla, y no solo la escuela, está también en el centro de este problema.

Carlos Peña