Aún impactados por el infierno desatado por los incendios en las regiones del sur de Chile, es fundamental empezar a reflexionar sobre la forma en que seguiremos habitando un territorio crecientemente amenazado por fenómenos naturales o provocados por el propio ser humano.
Chile se inscribe entre los 10 países del mundo más amenazados por sus condiciones naturales y su geografía humana. Esto lo viene reiterando desde el año 2012 el WorldRiskIndex de la Universidad de Bonn - Alemania. Es imposible cambiar nuestra geografía, en consecuencia seguiremos sobrellevando terremotos, tsunamis, inundaciones, aluviones, erupciones volcánicas y - ahora cada vez más frecuentemente- megaincendios, que amenazarán peligrosamente el hábitat que hemos construido.
Sólo nos queda reducir la "vulnerabilidad" que, en pocas palabras, representa nuestra debilidad para enfrentar y sobrellevar un evento adverso. Toda la bibliografía especializada reitera insistentemente, que la herramienta de mayor efectividad para reducir la vulnerabilidad es la planificación del territorio y en particular de las ciudades, ya que ellas concentran la mayor parte de la población, en el caso chileno a más del 87% de ella. En teoría, una buena planificación del territorio reduce la vulnerabilidad y exposición de la población a situaciones de amenaza, pero ello requiere de actuar sobre tres aspectos normativos fundamentales en nuestro país:
En primer lugar: poner en marcha los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) contemplados en la Ley 21.074 - 2018, cuyo reglamento aún no ha sido elaborado por el Ejecutivo. Este instrumento permitiría mejorar la regulación de las actividades desarrolladas en el territorio.
En segundo lugar: modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para incorporar las amenazas socionaturales en los Planes Reguladores de manera efectiva. Esto ha sido recurrentemente solicitado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano al Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde el año 2019 sin respuesta hasta la fecha.
Y en tercer lugar: avanzar en la discusión parlamentaria de la Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) y que reemplaza a la actual CONAF, y que otorgaría más atribuciones y la obligación de elaborar planes de protección contra incendios forestales, entre otras materias.
Ciertamente estos tres aspectos no aseguran la solución al problema de vulnerabilidad, pero su ausencia sin duda alguna nos hace más vulnerables.
