Por Francisca Pacheco Pérez

La industria vitivinícola fue una de las tantas afectadas por los incendios forestales. Entre las principales adversidades para los productores que salvaron sus cosechas se encuentran las olas de calor, que aceleran el proceso de vida de la uva, y el humo de los siniestros, que resulta perjudicial para la calidad de las cosechas restantes.

Además, desde la Coalición Nacional de Viñateros de Chile se estimó que a raíz de la contingencia disminuirá la cifra de productores, principalmente debido al escaso apoyo para la recuperación económica y la incertidumbre respecto de la fijación de precios en los contratos.

En Itata, Región de Ñuble, la cosecha será a principios de marzo. Yenny Llanos, coordinadora de la Coalición Nacional de Viñateros de Chile y dirigente de la zona, sostuvo sin embargo que aunque menos del 50% de los viñedos de la zona resultó con afectaciones, se proyecta que la cosecha anual no superará la mitad de lo que se alcanzó el año pasado. Esto, en parte, debido a las altas temperaturas presentes en la zona.

"Lo que estaba floreciendo se quemó por el sol, se está quemando el follaje, las hojas se están colocando amarillas y caen, y todavía nos falta un mes para la vendimia" afirmó Llanos y agregó que si bien las pérdidas productivas son millonarias, las labores de catastro continúan, por lo que aún no se estima una cifra exacta.

Condiciones adversas

En ese sentido, la coordinadora expresó su preocupación y aseguró que "la producción se va a ver drásticamente afectada en Itata, no sólo nosotros, sino que también el Maule, como lo hizo el 2017. Esto aún está en desarrollo, pero lo único que decimos es que Chile va a tener la vendimia más corta de la historia".

En el Valle del Itata, "por lo general, en período normal genera unos 40 millones de litros, eso implica unos 60 millones de kilos. Pero todos los años tenemos menor producción, porque muchos productores abandonan el mercado, es lo que tenemos en Maule y en Colchagua, porque los precios no permiten cubrir los costos de producción" manifestó Yenny.

Asimismo, acusó falta de transparencia en el mercado, pues afirma que no les han fijado precios de pago en los contratos. "Tenemos comité de 300 productores de las distintas comunas, hicimos las consultas y no existían precios, los que tenían contrato eran con precio a fijar" dijo, y agregó que tras la catástrofe "muchos no van a poder continuar, porque tampoco hay una esperanza de apoyo en los años siguientes para asegurar un precio a través de la cotrisa".

Empresa familiar

Por otra parte, Miguel Molina, dueño de "Vinos TresC", empresa familiar ubicada en el valle del Itata, explicó que, producto de los siniestros, perdió la totalidad de la producción que se cosecharía desde fines de febrero hasta fines de marzo.

"Se nos quemó todo, tenemos 20 mil plantas de viña, eso se refleja como 4 hectáreas". En consecuencia, estima que las pérdidas se aproximan a los 30 millones de pesos, aunque aclaró que las cifras totales aún son materia de catastro.

Anualmente, producían cerca de 30 mil kilos de uvas. La cosecha "estaba en pinta, a punto de tomar color, nuestra primera cosecha la hacíamos la última semana de febrero" indicó. Sin embargo, producto del siniestro perdieron el 100% de la producción.

En consecuencia, la inversión, por ahora, se focalizará en la restauración de los viñedos y en la compra de fruta. No obstante, tendrá que abastecerse en un sector alejado de los focos de incendio, pues el humo también repercute en la calidad de las cosechas y, por lo tanto, del producto final. "Tenemos la cosecha 2022 que está todavía en estanque, la queremos embotellar y sobrevivir con eso durante este año, el próximo vamos a tener menos volumen de vino" aseguró.

Adicionalmente, la catástrofe perjudicó otras áreas, como la turística, pues Miguel dispone de cabañas en la zona y, si bien estas no resultaron con daños, muchas reservas fueron canceladas debido a la contingencia, lo cual también se traduce en una pérdida económica. El proceso de restauración se extenderá al menos por dos años, tiempo en el que podrían recuperarse las viñas que sobrevivieron a los incendios.

Región del biobío

En Nacimiento, Baltazar Roa lidera la Cooperativa Los Notros. Por los siniestros, se perdió el 50% de una viña que se encontraba proceso de restauración desde hace tres años, que se encontraba pronta a su primera producción. "Teníamos 14 hectáreas que estaban en proceso de recuperación, y vamos a tener que nuevamente a recuperar esas que se nos quemaron". Actualmente, se encuentra en proceso de catastro para determinar las afectaciones totales.

En esa línea, Baltazar afirmó que se debe "realizar alguna mesa de trabajo con las forestales y coordinar para que se hagan cortafuegos, si hay caminos enancharlos, pasarle máquina durante la primavera, para poder utilizar los mismos caminos viejos de cortafuego, que en caso de emergencia son los primeros que se necesitan tener habilitados".

2017 hubo efectos similares en el rubro por los incendios que se registraron durante el verano en Biobío, Ñuble y Maule.

El Ministerio de Hacienda actualizó la estimación del costo contable de los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país. Considerando el total del territorio quemado hasta el 17 de febrero (436.000 hectáreas), el costo proyectado alcanza los US$ 309 millones, cifra superior a los US$ 250 millones informados hace una semana atrás.

Este cálculo toma como base el monto que el Estado desembolsó por hectárea durante el incendio ocurrido el año 2017 e incluye el gasto directo en el combate del incendio, en la posterior reconstrucción de vivienda, en el apoyo a sectores productivos, entre otros.

Según la proyección, del monto estimado, un 39% se destina a financiar el combate a los incendios, otro 39% a la reconstrucción de casas afectadas, un 16% en ayudas a sectores productivos y un 6% a otros aspectos. Cabe mencionar que este cálculo no considera el costo directo e indirecto en la economía, información que está siendo recopilada por el Ministerio de Hacienda en conjunto con las distintas carteras involucradas en esta emergencia.

La ministra (s) de Hacienda, Claudia Sanhueza, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, se reunieron con la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Saball, para coordinar las próximas ayudas.

Saball sostuvo que desde su nombramiento se ha reunido con todos los ministerios para conocer sus diagnósticos y propuestas para articular en el plan de reconstrucción. "Y en este caso, con Hacienda era fundamental saber cuáles van a ser los criterios respecto de los temas de financiamiento y también los asociados al control de gestión. Para mí es una base muy importante para la etapa que viene", señaló.

Hemos sido testigos de la devastadora tragedia de los incendios que han afectado a cientos de familias en el sur del país. Ante tamaña adversidad y, en buena hora, surgieron voces desde distintos actores políticos, sociales y empresariales que optaron por el camino del diálogo y la colaboración para enfrentar esta crisis. No solo se necesita resolver la urgencia de apagar el fuego, sino que también se requieren esfuerzos, recursos y voluntades para una reconstrucción con celeridad ante la llegada de un otoño que está más cerca de lo que parece.

Desde mirada de las políticas públicas, organismos internacionales, gobiernos de diversas latitudes y la literatura académica han puesto su atención en el concepto de colaboración público-privada como un mecanismo clave, no solo para enfrentar situaciones de crisis, sino que para establecer mecanismos institucionalizados que generen valor y bienestar para las sociedades, como por ejemplo, integrando en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a empresas y organizaciones sin fines de lucro que complementen desde sus perspectivas el trabajo de los organismos técnicos estatales.

Naturalmente, este enfoque implica esfuerzos de todos los involucrados. En primer lugar, superar la dicotomía de lo estatal versus lo privado, anteponiendo voluntad de cooperación y diálogo. En segundo lugar, se requiere explorar nuevas formas de encausar las relaciones público-privadas y avanzar hacia mecanismos que institucionalicen la cooperación, coordinación y diálogo más allá de las relaciones contractuales o regulatorias y con la flexibilidad suficiente que exigen los tiempos actuales. Tercero, se necesitan actores en cada una de las partes involucradas que comprendan las lógicas de esta nueva forma de relacionarse a fin construir diálogos fructíferos frente a desafíos emergentes y altamente dinámicos en diversas materias como medio ambiente, surgimiento de nuevos mercados, salud, inteligencia artificial, etc.

Si bien, la colaboración público-privada no es nueva en nuestro país, necesitamos que el ánimo colaborativo sea sistemático y permanente, pues "lo público" nos involucra y compromete a todos, no únicamente cuando ocurren situaciones tan lamentables como los incendios forestales. Hoy la colaboración no solo es importante, sino que también es urgente.

Gustavo Campos

Director Escuela de Gobierno Universidad San Sebastián