Por Redacción

Al entregar un nuevo balance acerca del incendio que afectó durante los últimos días al sector alto de Viña del Mar, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo ayer un llamado a ciudadanos y autoridades a "poner la misma energía a la prevención" que "al enfrentamiento de emergencias".

En un punto de prensa desde la central de monitoreo de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) ciudad jardín, la jefa de Gabinete afirmó que "este es el momento para evitar que esa tragedia se replique en otros lugares. Aquí el llamado es a todas las instituciones, al sector privado y a la sociedad civil, a ponerle la misma energía a la prevención de la que le ponemos al enfrentamiento de las emergencias. Nos animamos mucho y nos movilizamos cuando el incendio se prendió. Bueno, hay que animarse antes de que se prenda para evitar que se encienda".

En la misma línea, la secretaria de Estado acotó que "estamos planificando una serie de acciones de Onemi, Conaf y desde el Gobierno, para desarrollar esto que anunciamos que es el plan de mitigación". Aquel, según indicó, "va a incluir medidas en el mismo lugar del incendio y en la zona, en la región, alrededor de este lugar. En el sitio, aparte del despeje que se va a empezar hoy día, Conaf está planificando una acción de restauración en toda la quebrada que se incendió", esto ya que detalló que "hay riesgos nuevos".

En tal sentido, aclaró que "tenemos un plan que consiste en tomar medidas en el entorno para activar obras de cortafuegos, para trabajar con la comunidad, para hacer despejes de los lugares de riesgos", entre otras.

Tohá insistió en que "cuando pasan las urgencias normalmente tendemos a relajarnos con la prevención, pero cuando hay de manera tan reciente una tragedia como la que se vivió en Viña, quizás es el momento en que podemos tomar consciencia de lo importante que es la prevención. Si hubiéramos tenido despejado, probablemente no tendríamos que lamentar las consecuencias que hoy estamos sufriendo".

Primera fase superada

Durante la jornada autoridades de la Región de Valparaíso entregaron una nueva actualización sobre la situación del incendio que afectó a buena parte de Viña del Mar.

La delegada regional de Valparaíso, Sofía González, afirmó que "estamos superando la primera fase de emergencia, el incendio está controlado y estamos en vía de rehabilitación del lugar con sus niveles, respecto a temas básicos como son el agua, los baños, luminosidad, a propósito de la seguridad de los sectores".

Además, aseguró que "mañana se despliegan los equipos de Minvu y van a hacer el catastro" de las viviendas y familias damnificadas.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, afirmó que, tras el control del fuego, "hoy tenemos la prioridad de levantar la máxima cantidad de escombros del sector, principalmente, de Tranque Sur". También pidió que quienes quieran ir a ayudar de forma voluntaria, no suban al sector afectado y que se coordinen con el municipio, porque hay una sola vía de acceso.

Esta semana se debe reactivar el proceso de elección de fiscal nacional, luego de que los dos primeros nombres propuestos por el Gobierno, José Morales y Marta Herrera, fueran rechazados por el Senado tras no alcanzar los dos tercios de los votos.

Luego de que la Corte Suprema recibiera la notificación de la negativa de la Cámara Alta para visar a Herrera, tiene 10 días para completar la quina en la que se mantienen Ángel Valencia, Carlos Palma, Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez. Y después el Presidente Gabriel Boric tendrá cinco días para informar cuál será su tercer candidato. Tras ello debe volver a votar el Senado, en un escenario que se ve incierto a causa de la dispersión que se ha visto en las elecciones previas.

Por ello, el senador Iván Flores (DC) opinó que "varios senadores hemos propuesto que se nombre de común acuerdo a la mejor figura posible para que haga el gran cambio del Ministerio Público, y eso es un fiscal transitorio de acuerdo. Ese es el actual fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, ya que "ha estado en la quina y no ha tenido ningún tipo de crítica pública". En caso contrario, pide pasar "a otro nombre que se busque, de consenso.

Tenemos que empezar a escuchar un poco más, porque el Gobierno no aguantaría una nueva derrota".

Una posición similar mostró Matías Walker (Demócratas), quien planteó que "Juan Agustín Meléndez, como Carlos Palma, tienen toda la legitimidad para poder postular a ser fiscal nacional. No entiendo por qué el Gobierno los ha vetado hasta el momento, por qué no los ha considerado y creo que ambos tendrían, además de Ángel Valencia, los votos suficientes en el Senado para ser ratificados".

Otra opción que no se ha despejado es la posibilidad de que la Corte Suprema abra un nuevo concurso para que nuevos postulantes para elaborar la quina, tras el retiro de dos postulantes y el rechazo de otros dos, por lo que de los 17 iniciales quedan 13.

Incluso, la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, reconoció que esta opción podría evaluarse. Ante ello el senador Javier Macaya (UDI) apuntó que "hay que escuchar la opinión de la Suprema si es que hay alguna factibilidad de hacer el concurso nuevamente. Me parece que, salvo una situación muy excepcional, debería complementar la quina".

Juan Luis Castro (PS) planteó, en cambio, que debería cambiarse el proceso de elección: "En un futuro, a mi modo de ver, el Senado no debiera incumbente en la toma de decisión". Sin embargo, aclara que ahora debe nombrarse a un nuevo fiscal nacional con las reglas que existen, "pero en la nueva Constitución debe haber un capítulo sobre esto porque ya se agotó la concurrencia de los tres poderes".

Otra controversia que ha marcado la elección de fiscal nacional es la llamada de Gabriel Boric al presidente de la Corte Suprema para consultarle sobre la posibilidad de llamar a un nuevo concurso. El máximo dirigente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, consideró la comunicación del Mandatario como muestra de "una preocupación legítima" frente a la "forma inadecuada" en que se ha desarrollado el proceso. Y sobre lo venidero, apuntó que "yo creo que la Corte Suprema va a completar la quina con la nómina de las personas que ya postularon, como lo hizo la vez anterior".

Gremios del transporte de carga manifestaron su disenso con el acuerdo que se llevó a cabo por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y concesionarias respecto del alza de los peajes que se concretará el 1 de enero de 2023.

A través de un comunicado de prensa que fue suscrito por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), la Federación de Dueños de Camiones RM, la Federación de Transportes de Carga de la Región del Biobío, la Federación del Norte y la Federación Agroforestal, estos grupos expusieron cinco puntos.

En primer lugar plantean que "el aumento a aplicarse en dos cuotas, la segunda en julio, es solo diferir el alza y no elimina el problema de fondo, que es el traspaso de la inflación real a los usuarios".

Como segundo punto exponen que "no hay real contribución de las concesionarias y en cambio estas siguen acumulando utilidades por concepto de mayor cantidad de pasadas y crecimiento del volumen de vehículos".

El texto critica como tercer punto que "el poderoso grupo de interés de los consorcios viales, pese a no ser los dueños de las vías, una vez más parece doblar la mano al mandante, que es el Estado de Chile, imponiendo sus términos y condiciones. Lamentablemente, y como lo hemos advertido en repetidas ocasiones, las ganancias de estas empresas son a costa de los ciudadanos al reproducirse el mecanismo inflacionario".

Luego precisa como cuarto aspecto que "la solución no es otra que aplicar una Política Nacional de Peajes, como lo ha anunciado el propio Ministro de Obras Públicas. Sin embargo, ante los hechos reales, hasta el momento se trata de un anuncio, un titular sin bajadas".

Por último, argumenta que "en este contexto es entendible que los usuarios reaccionen, a lo que tienen el legítimo derecho, ya que deberán pagar una inflación de la que no son responsables".

"Soy de los que miran la instrucción general, la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el gobierno; como una necesidad primera y urgente; como la base de todo sólido progreso; como el cimiento indispen­sable de las instituciones republicanas". Así decía Andrés Bello en 1843, durante la inauguración de la Universidad de Chile.

Casi 180 años después, en el insigne Salón de Honor de la misma universidad, un grupo de instituciones de la sociedad civil, acompañadas de autoridades de gobierno, presentaron la red "Por un Chile que Lee" (@porunchilequelee). La iniciativa busca "ayudar a revertir la crisis de la lectura que viven niños y niñas en el país", reflejando una preocupación e interés transversal por mejorar los indicadores nacionales en la materia.

Se trata del esfuerzo más reciente por una causa que constituye "el cimiento indispensable de las instituciones republicanas", como decía el venezolano. El problema es que cada año seguimos sumando más y más generaciones con niveles de lectura deplorables. Parece que no terminamos de convencernos de la gravedad del problema y de la necesidad de avanzar hacia una sociedad lectora. Pero la evidencia es abundante: año tras año, el SIMCE y pruebas internacionales nos han recordado que cerca de un 30% de los escolares chilenos no alcanza el nivel mínimo de lectura necesario para desenvolverse en la sociedad actual. En la misma línea, Carolina Melo - académica de la Universidad de los Andes- ha presentado los resultados de un estudio realizado en un grupo de 26 escuelas municipales, que indica que el promedio de comprensión lectora de niños de 3ro o 4to básico de esas escuelas es similar al de niños que comienzan primero básico. Es decir, en promedio comprenden frases tipo "Carlos tiene dos gatitos". Eso es lo que está ocurriendo en innumerables lugares del país.

Algunos han querido simplificar el asunto y dicen "no necesitamos más diagnósticos, hay que pasar a las soluciones". La verdad es que siempre vamos a necesitar diagnósticos actualizados y lo más detallados posibles (¿acaso el médico que trata un cáncer deja de analizar los parámetros de la enfermedad durante el tratamiento?), pero, sin duda, debemos avanzar con iniciativas concretas. Así, por ejemplo, los expertos congregados "Por un Chile que Lee" destacaron la importancia de la lectura en familia y de preocuparse del vocabulario (especialmente de las 100 ó 200 palabras de uso más frecuente en nuestro idioma), clave para abrir la comprensión de la lectura. Pero además de tales acciones, se requiere con urgencia la participación y colaboración de cientos de instituciones de la sociedad civil, tantas como sea posible convocar. Debemos mostrar que en un Chile que no lee, no será posible el desarrollo económico, la integración social ni una democracia informada. En un país que no lee, el intercambio de ideas y conocimiento se hará muy limitado, como ocurría en la Edad Media, cuando solo unos pocos monopolizaban el saber.

Por el contrario, un Chile que sí lee podría contar con el aporte de todos sus habitantes para alcanzar metas de desarrollo científico, tecnológico y económico. Un Chile que sí lee podrá ser tierra de poetas, historiadores y filósofos. Un Chile que lee, mejorará las oportunidades y condiciones de vida de cada uno de sus habitantes.

Ignacio Illanes Académico Universidad de los Andes