Comisión de robo de madera: informe pide sistemas para evitar la corrupción
Parlamentarios se enfocaron en las acciones que policías, el Ministerio Público y el Estado deben abordar para atacar con mayor decisión el millonario ilícito.
Una serie de recomendaciones fueron parte del informe final que emitió la Comisión Especial Investigadora con foco en la criminalidad y el robo de madera que afecta a la Macrozona Sur. Así se apuntó a mejoras que requiere el trabajo policial, de la Fiscalía, el marco legal y apoyo logístico y tecnológico para enfrentar el millonario delito; en tanto, parlamentarios locales apuntaron a que este trabajo pueda ser la base para adoptar medidas concretas en un corto plazo.
El texto evacuado por la comisión afirma que el robo de madera es un síntoma y producto de la crisis de seguridad que afecta a la zona, donde la rentabilidad y oportunidad del negocio ilícito radicaría en la ausencia del Estado en el territorio, por lo que sería insuficiente el control a través de la prevención o la persecución en flagrancia. Se asegura, además, que no es posible concluir bajo ninguna circunstancia que este delito se vincule a la causa mapuche o las demandas territoriales.
El presidente de la comisión, el diputado Eric Aedo (DC), destacó el compromiso de los diferentes partidos en el trabajo, pues permitió dar a conocer la magnitud del delito. "$100 millones de dólares, $2.500 millones de metros cúbicos de madera robada al año, eso equivale al robo de 70 Parques Ecuador al Año y esa es la magnitud de lo que enfrentamos", detalló.
De esta forma tras arribar a las conclusiones, explicó que serán llevadas al pleno de la Cámara, donde esperan tener un respaldo transversal y tomar medidas concretas.
Diputadas locales
La comisión también tenía como integrantes a las diputadas del Biobío Flor Weisse (UDI) y María Candelaria Acevedo (PC). Ambas coincidieron en lo provechoso de la instancia, permitiendo evidenciar la falta de un trabajo conjunto de las instituciones involucradas; la necesidad de contar con fiscales especializados y aumentar las capacidades de inteligencia y fiscalizaciones.
Prácticamente todas las recomendaciones de la comisión apuntan al que hacer del Estado y sobre ello Acevedo aseguró que el sector privado no puede quedarse fuera debido a su rol en el rubro forestal. "Valoro la georreferenciación que han establecido algunas empresas del rubro, así como también el cruce de información entre las mismas empresas y los servicios públicos", agregó.
Weisse en tanto indicó que "la empresa privada también tuvo la oportunidad de dar su opinión, de transmitir sus aprehensiones y preocupación. En todo momento nos manifestó su interés en colaborar y nos gustaría que una vez que el Estado subsane sus deficiencias, que esperemos sea luego, iniciar un trabajo en colaboración".
Ambas también coincidieron en que las expectativas están puestas en que se acojan las recomendaciones, se generen cambios y con ello evidenciar una disminución en el robo de madera en las zonas afectadas, como Biobío, Arauco y la Región de La Araucanía, territorios bajo la medida de estado de excepción.
"Para el Gobierno es un imperativo destinar recursos y abocarse a este problema, ya que este tipo de delito es un referente para otros tipos de crimen organizado, que comienzan a asomarse en este sector del territorio, y que necesitan de un trabajo coordinado y urgente, que esperamos el Gobierno pueda priorizar", agregó Weisse.
Recomendaciones
El texto detalla que para fortalecer el labor policial se requieren profesionales asociados al tema forestal y tributario, entre otros. Para la PDI recomiendan facilitar el transporte aéreo autónomo e inmediato disminuyendo tiempos de acción de las brigadas. Para Carabineros apuntan a manejar la información de inteligencia, equipamiento y tecnología para conocer los horarios y rutas en que transportan madera robada, su origen y destino.
Sobre las investigaciones recomiendan al Ministerio Público evaluar la Reforma Procesal Penal, concluyen que se requieren más fiscales para la zona afectada por el robo de madera y que sean especializados, para lo que evidencian la necesidad de inyectar más recursos. Por otra parte, se enfatiza en la distribución del personal de la Fiscalía y avanzar a la descentralización.
Tanto a Carabineros como al Ministerio Público se les sugiere un sistema de rotación para el personal con una permanencia prolongada, lo que podría facilitar prácticas de corrupción, así como ser víctimas de coacción o amenazas; y en el caso de la Fiscalía se sugiere un sistema de control interno una vez finalizadas las causas relacionadas al robo de madera.