Por Lorenzo Parra Ramírez

De forma unánime las 11 autoridades presentes -sólo faltó el seremi de Economía- y que conforman la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) del Biobío rechazaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto "Continuidad Operativa Relleno Sanitario Hidronor Zona Sur", que permitirá ampliar la vida útil del recinto que llegará a su capacidad máxima en marzo próximo, en 12,5 años más.

Este es el segundo revés que tiene la empresa, ya que anteriormente tanto el organismo regional como la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación ambiental (SEA) habían rechazado el proyecto "Ampliación Temporal Relleno Sanitario", que era una etapa intermedia mientras se aprobaba y ejecutaba la etapa que fue rechazada ayer.

Sobre la votación de ayer, la delegada presidencial del Biobío y miembro del CEA, Daniela Dresdner, comentó que con la decisión adoptada demostraron que "queremos seguir los reglamentos al pie de la letra y, sobre todo, porque implica la protección del medio ambiente, que es algo que nos preocupa profundamente. No vamos a dejar que ningún proyecto, por importante que sea, pase por arriba de las normativas ambientales porque debemos proteger nuestro medio ambiente".

Hay que recordar que actualmente Hidronor recepciona los residuos domiciliarios de Talcahuano y Hualpén -Lota y Florida ya debieron buscar otro relleno- los que a partir de marzo deberán buscar otro punto donde depositar su basura, situación que preocupa en la zona porque al relleno de Cemarc en Penco le queda un año y medio de vida útil .

Incumplimiento de normativa

El rechazo del proyecto que permitiría mantener en funcionamiento la planta de Hidronor en Copiulemu se sustentó principalmente en el incumplimiento de la normativa del reglamento de rellenos sanitarios -artículo 10-, que establece que un relleno sanitario deberá ubicarse a más de 600 metros de toda captación de agua existente, y a más de 60 metros de todo curso o masa de agua superficial. De acuerdo con lo expuesto en el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE), esto no se cumplía.

"Las imágenes que fueron presentadas por el SEA y la visita que se hizo en el marco de esta evaluación ambiental de si estábamos en presencia de un afloramiento de agua, dio cuenta que finalmente existía esta presencia de agua justo donde se estaba pensando emplazar este proyecto y, por lo tanto, no se estaba acreditando el cumplimiento de los artículos 10 del Reglamento de Rellenos Sanitarios", contó el seremi de Medio Ambiente, Óscar Reicher.

Asimismo, al no cumplir con esta normativa ambiental, llevó a que no se acreditara en el EIA la mitigación, compensación o reparación de la afectación que el proyecto podría generar.

"Eso llevó finalmente al Servicio de Evaluación Ambiental de que no había cumplimiento de estas dos normas", expuso Reicher, quien enfatizó que el procedimiento es reglado y que la votación se hizo en base a la recomendación del informe consolidado.

Sobre los pasos a seguir tras el rechazo, el abogado de la oficina VGC, Javier Vergara, que asesora externamente a la firma, sostuvo que "se estudiará" una posible reclamación ante la Dirección Ejecutiva del SEA. En la exposición se planteó vicios en el proceso de evaluación.

Respecto a este punto, el seremi Reicher recordó que la legislación medioambiental establece la posibilidad de recurrir y prestar reclamaciones tanto al SEA, como posteriormente al Tribunal Ambiental y Corte Suprema.

"Ahora todos los vicios que reclama la empresa corresponden hacerlo a través de los mecanismos legales que establece nuestra legislación", enfatizó la autoridad regional de Medio Ambiente.

Satisfacción

La secretaria de la Junta de Vecinos de Chaimávida, Yamilet Avello, expresó su satisfacción de que se rechazara la iniciativa. Recordó lo complejo que ha sido para la comunidad que vive al lado del relleno vivir "todos los días un olor insoportable", y con el daño que provocó al río que había en el sector.

"Es un premio al esfuerzo (el rechazo del proyecto), a la pelea de los vecinos, a la batalla que se hizo durante muchos años", declaró la vecina del sector.

12,5 años de vida útil era el periodo que podría haber seguido operando la planta que está en Copiulemu si se aprobaba el proyecto.

Ante la problemática que se avecina, la delegada presidencial Daniela Dresdner comentó que el tema lo están abordando hace meses y están encontrando los caminos para resolver, junto a los municipios y distintas instituciones, la situación de los residuos domiciliarios.

"Este plan de contingencia considera el corto, mediano y largo plazo. Efectivamente acá se están considerando todas las alternativas que tenemos, incluso sin Hidronor. Por eso decir que es algo que nos estamos tomando con absoluta responsabilidad, pero no por esa urgencia vamos a pasar por arriba las necesidades medioambientales y vamos a dejar de cuidar el medio ambiente que es algo que nos preocupa profundamente", comentó la delegada del Biobío.

Sobre las medidas de largo plazo Dresdner enfatizó que se tiene que ver la gestión de residuos de una forma diferente, apostando al reciclaje, a la economía circular y en otras que "permitan ir reduciendo la cantidad que estamos tirando al medio ambiente".

Durante la jornada de ayer fiscales de la Región del Biobío adheridos a la movilización nacional, protestaron y detuvieron sus funciones habituales a la espera del resultado de la votación que se desarrolla hasta hoy en la comisión de Hacienda del Senado para determinar el futuro del proyecto de ley que reajusta en un 12% las remuneraciones de los trabajadores públicos que reciban menos de $2.2 millones, determinando para aquellos con un sueldo superior un aumento fijo de $264 mil.

En este contexto, el consejero del Biobío, parte de la Asociación de Fiscales Nacionales, José Aravena, aseguró que en el Ministerio Público cerca de mil funcionarios serían afectados por esta medida y que "nosotros como fiscales protestamos no solo porque nos excluyeron del ajuste del 12%, también porque esta exclusión no abrió ningún espacio de diálogo para plantear nuestras demandas".

El emplazamiento por este proyecto por parte de los funcionarios del Ministerio Público, pero también defensores, magistrados, entre otros trabajadores, ha sido a los ministros que encabezan las carteras de Justicia, Hacienda e Interior.

"Esperamos que dentro de la jornada de hoy (ayer) de algún modo el Gobierno recoja nuestra preocupación y haga alguna propuesta directamente a nuestros directores nacionales o que el Parlamento presente algún tipo de indicación que recoja nuestros planteamientos y a partir de eso vamos a evaluar las acciones de mañana (hoy) y los días que sigan", agregó Aravena.

Turnos éticos

La determinación de los funcionarios del Ministerio Público fue tomada en una sesión extraordinaria del consejo de fiscales el viernes 16 de diciembre, acordando protestar desde la jornada de ayer en todo el territorio nacional con un paro total de las actividades.

Así solo las audiencias de carácter urgentes y éticamente necesarias serían realizadas con el fin de proteger a las víctimas y los derechos de los imputados; tales como los controles de detención, aquella audiencias con imputados en prisión preventiva; causas relacionadas a delitos sexuales con niñas, niños y adolescentes y Violencia Intrafamiliar, suspendiendo también la atención a público.

A raíz de eventos de contaminación que eventualmente estaría generando planta Santa Fe de CMPC en Nacimiento y que estarían afectando a vecinos del sector Industrial de la comuna, en la jornada de ayer se ingresó un recurso de protección.

La acción judicial ingresada por los concejales Luis Contreras y Gustavo Valdebenito, dirigentes del Colegio de Profesores y de los Asistentes de la Educación, y de la ONG Defensa Ambiental en favor de la comunidad apunta a esclarecer los últimos hechos que afectaron a estudiantes de la zona, además de buscar responsabilidades.

El concejal Luis Vergara comentó que entre el domingo 13 y domingo 20 de noviembre hubo una fuga de gas que obligó durante dos días a suspender clases en el recinto educativo del sector.

"Esta vez como nunca, obligó a suspender las clases en la escuela Toqui Lautaro y también la sala cuna. Afectó a 18 estudiantes y también a 6 funcionarios entre docentes y asistentes de la educación", contó Vergara, quien agregó que los problemas de salud que presentaron fueron dolores de estomacales, de cabeza y problemas respiratorios entre otros.

Si bien en otras ocasiones habían tenido episodios de fuga de gas -de metanol, ácido sulfhídrico- el compuesto nitrogenado que hubo en la última ocasión no lo habían tenido. Es por eso que para la comunidad esta situación marcó una línea roja que los llevó a ingresar un recurso de protección en tribunales.

"Por la vía del recurso de protección que los tribunales sean quienes se pronuncien por la vulneración que hay acá, a la salud de los vecinos y medio ambiente", contó el concejal.

En específico, en el recurso se solicita que la empresa sea transparente y que dé información oportuna y precisa de cuál es la sustancia que se fuga. También, que la firma colabore en futuras contingencias que ocurran, apoyando, entregando orientación médica o traslado.