La semana de furia y violencia que se desató en Perú en medio de la crisis política
23 muertos, cientos de heridos y graves daños en infraestructura es el triste corolario de violentos siete días vividos en el país vecino, producto de los enfrentamientos por la destitución de Pedro Castillo, y que se agravaron desde el domingo pasado.
Más de dos decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños en la infraestructura del país ha sido el triste corolario de una semana de furia y violencia que se desató en Perú en medio de la crisis política y social que se agudizó con la destitución de Pedro Castillo.
Aunque las protestas y manifestaciones comenzaron el pasado 7 de diciembre en Lima, ni bien Castillo fue destituido por el Congreso, se agravaron desde el pasado domingo 11, cuando se registraron violentos enfrentamientos en la ciudad de Andahuaylas, en la región sur andina de Apurímac, donde finalmente murieron seis personas.
Esa localidad, junto con la vecina Ayacucho, se convirtió en el epicentro de marchas que derivaron en enfrentamientos que incluyeron ataques a aeropuertos vigilados por las fuerzas de seguridad, que han sido acusadas por organizaciones civiles y partidos de izquierda de hacer un uso excesivo de la fuerza.
Tanto el Gobierno como los militares dicen que se cumplieron las leyes para los casos de estado de emergencia en el país, como el decretado el miércoles, por 30 días, por el Gobierno de Dina Boluarte, así como el toque de queda en 16 provincias de 8 de los 24 departamentos del país.
Inicio de protestas
Las manifestaciones comenzaron pocas horas después de que Castillo fuera destituido por el Congreso, tras el anuncio que hizo de que iba a cerrar el Congreso y gobernar por decreto, además de intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.
En Lima, grupos de manifestantes protestaron, en principio, contra la destitución de Castillo y en rechazo a la designación como jefa de Estado de la vicepresidenta Boluarte, de acuerdo con la sucesión constitucional. La tensión se agudizó desde el fin de semana pasado cuando las protestas se trasladaron al interior del país, sobre todo en la ciudad de Andahuaylas, donde varios policías fueron retenidos por manifestantes y luego liberados.
Las protestas buscan la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, nuevas elecciones generales y una asamblea constituyente.
Ola de violencia
La muerte se presentó desde el domingo 11 de diciembre, cuando un adolescente de 15 años falleció en las protestas en Andahuaylas.
Poco después se reportó el segundo fallecido, un joven de 18 años, lo que exacerbó los ánimos y la tensión política, por lo que a la medianoche Boluarte anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril de 2024.
La Defensoría del Pueblo confirmó el lunes que los fallecidos en algo más de 24 horas se habían elevado a siete, dos de ellos menores de edad, "y todos por proyectiles de armas de fuego", producidos en Andahuaylas y la provincia vecina de Chincheros, así como uno en la aledaña región de Arequipa.
Asimismo resultaron heridos más de 100 agentes, al menos uno de ellos de gravedad, mientras que en Lima piquetes de vándalos atacaron los locales de dos canales de televisión.
Aunque el Gobierno decretó el miércoles el estado de emergencia nacional por 30 días, las manifestaciones se agravaron el jueves en la región de Ayacucho, donde la violencia se desató cuando un grupo de personas ingresó a la pista de aterrizaje del aeropuerto y causó destrozos en las instalaciones.
Los militares y policías que vigilaban el lugar respondieron con disparos de armas de fuego, según registraron videos difundidos por redes sociales, lo que produjo una vorágine de acontecimientos violentos que dejó nueve muertos, el último de ellos este sábado por las heridas sufridas en ese momento.
La presidenta Boluarte ratificó el sábado la legitimidad constitucional de su Gobierno y exigió al Congreso que apruebe la propuesta de adelanto de elecciones, mientras que las fuerzas de seguridad aseguraron que retomaron el control del país.
Mientras organizaciones de DDHH y partidos de izquierda han denunciado un uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas, el Ejecutivo y un sector de la ciudadanía remarcan los ataques a militares y policías, que han reportado más de doscientos heridos. Estados Unidos ayer, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, pidió a los diferentes actores políticos de Perú que multipliquen sus esfuerzos para hacer "las reformas necesarias para proteger la democracia.