Estudio: traspaso de honorarios a contrata en municipios costaría sobre $14 mil millones
En enero, el órgano contralor exigió a la administración estatal abstenerse de contratar personal en régimen de honorarios para 2023.
La Contraloría General de la República emitió en enero pasado un dictamen en el que se exige a la administración estatal abstenerse de seguir contratando a funcionarios bajo el régimen de honorarios. Eso, a partir del año que viene. La idea es que se concrete un traspaso hacia el nivel de contrata, pero sin que exista afectación de los ingresos líquidos de los trabajadores.
La situación, sin embargo, es vista con preocupación por algunos actores, pues creen que esta modalidad particular podría generar externalidades negativas asociadas al presupuesto de los entes fiscales. En esta línea, el Instituto Universidad Andrés Bello (UNAB) de Políticas Públicas emitió recientemente un informe en el que se detalló que la implementación de dicho dictamen tendría un costo de hasta $338.113 millones a nivel nacional. En materia regional, y enfocado en el sector municipal, el ente estima que el costo podría variar entre los $14.049 millones y los $14.637 millones, dependiendo de un escenario conservador y otro menos conservador, respectivamente.
De acuerdo al último informe publicado por el Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim), a nivel nacional el 57% de los servidores municipales se encuentran contratados a honorarios, alcanzando un total de 68.590 personas, en comparación con el personal a contrata correspondiente a 18.383 personas. Particularmente para Biobío, un total de 5.655 personas trabajan con contratos a honorarios en el área municipal, representando el 55,5% de los funcionarios municipales del territorio.
Tarea sistémica y gradual
Raúl Figueroa, director ejecutivo del organismo a cargo del estudio, plantea que en Chile existe un problema asociado al régimen laboral de los funcionarios públicos que debe ser abordado. A juicio del exministro de Educación, este punto tiene que ser empujado de una manera sistémica y considerando a todos los actores involucrados, de tal forma de apuntar a un Estado moderno.
"En ese contexto, la Contraloría emitió un dictamen que obliga a traspasar funcionarios bajo la modalidad de honorarios a la contrata. Si bien se entiende que eso busca hacerse cargo de una cierta precariedad de esos primeros trabajadores, trae más problemas que soluciones. Por eso nos pareció relevante hacer este estudio, para cuantificar el impacto financiero de la medida y apuntar a la necesidad de tratar el problema con una mirada global que beneficie a los funcionarios y no signifique un prejuicio financiero a los municipios, que en muchos casos no van a estar en condiciones de abordar", plantea.
Para la estimación del costo regional se consideraron los siguientes supuestos: el costo de la implementación de este dictamen se producirá por el aumento del ingreso bruto que tendrán que costear las municipalidades para mantener constantes los ingresos líquidos de quienes se encuentran a honorarios; se asume que todos los trabajadores a honorarios que se logren identificar en la base de datos serán traspasados, ya que no se sabe ex ante quienes no tendrían renovación; y según la información recabada en la encuesta Casen en Pandemia 2020, el personal a honorarios de la Región alcanza las 8.989 personas, aunque es probable que la cantidad total de trabajadores sea mayor a esta, en gran parte debido a que la encuesta se produjo en un contexto anormal y que es autoreportada.
Figueroa enfatiza que los montos totales descritos para la Región son complejos, "porque no todos los municipios tendrán esos recursos disponibles y porque los obliga a destinar sus escasos dineros a este objetivo y no a otros aspectos relevantes". En ese sentido, agrega que lo ideal sería establecer una solución que incorpore un mecanismo de gradualidad.
Desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos han dicho que se han efectuado conversaciones con la Contraloría para llevar adelante una implementación progresiva.
Asociación de municipios
Según el alcalde de Chiguayante y secretario de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Antonio Rivas, por largo tiempo se ha mantenido una pelea para que en el servicio público no exista la calidad de honorario, en virtud de la fragilidad que sufren estas personas en su estabilidad laboral. Cree también que la idea de Contraloría fue buena, "pero cuando las ideas buenas vienen de otras entidades que no son el Ejecutivo, vienen desfinanciadas".
"Nos alegramos con esta idea, pero una iniciativa que no tiene recursos es una ley que vuelve a someter en un estrés a las finanzas de los municipios, sobre todo aquellos que tenemos poco dinero", dice Rivas.
Por lo mismo, el alcalde espera que una vez que este mecanismo se implemente el nivel central pueda "valorar" el esfuerzo de las administraciones comunales, es decir, que les otorguen financiamiento en proporción "a este salto cualitativo que darán nuestros colegas y compañeros de trabajo". Un aumento al fondo común municipal podría ser una alternativa, comenta.