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El 26 de abril, el Presidente Gabriel Boric firmó el oficio que inició la entrega de las seis primeras facultades desde el gobierno a nivel central a los gobiernos regionales, iniciando el anhelado proceso de traspaso de competencias como parte de la agenda de descentralización político-administrativa del país.

A siete meses del trámite administrativo, sólo una se encuentra en ejecución (presidencia del Comité de Uso de Borde Costero) mientras que las otras cinco recién este jueves fueron sancionadas por el Consejo Regional en sesión extraordinaria.

En votación, el órgano aprobó traspasar tres competencias (otorgamiento de concesiones gratuitas a corto plazo, la presidencia del Comité de Evaluación Ambiental y elaboración de planes reguladores intercomunales) a recomendación del Gobierno Regional, y se rechazó la fijación de vías de acceso a playas y presidencia del Consejo Regional de Capacitación.

Si bien la votación fue valorada como un paso adelante, entre los actores políticos existe la coincidencia clara de cuestionar la lentitud del proceso, considerando que entre julio y septiembre se llevó adelante el Foro para la Descentralización coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Una instancia en que se comprometió traspasar durante el segundo semestre más de 50 competencias de las 114 que propuso el estudio de CreaSur de la UdeC, entre ellas las 14 prioritarias que solicitó el gobernador Rodrigo Díaz: presidir los comités de emergencia, el nombramiento de autoridades de servicios con pertinencia regional (Serviu, Fosis, Indap, Secotec y Corfo), la tutela de programas de vialidad y transporte público de Sectra, además de otras como hacerse cargo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), entre otras.

Evidente retraso

El gobernador (s) Rodrigo Martínez explicó que el retraso entre la firma del oficio presidencial y la deliberación sobre las competencias responde a que "en este periodo las comisiones interministeriales que funcionan por primera vez realizaron el análisis técnico y levantan los documentos. Hecho este primer ejercicio que antes estaba en la teoría, debería andar más rápido. Es lo que esperamos, pero también que vengan con recursos humanos y económicos, ya que si no ocurre nos veremos en la obligación de rechazar próximas competencias".

Sobre las razones por las cuales se recomendó no aprobar las competencias de vías de acceso a playas y el Consejo Regional de Capacitación, argumentó que "genera una carga laboral distinta la incorporación de nuevas competencias, por eso propusimos no aprobarlas todas, porque debemos ser responsables respecto a lo que podemos ejecutar, que tenga valor para la competencia, para el Gobierno Regional y tengamos capacidad operativa de ejecutar".

Respecto a nuevos traspasos, Martínez dijo esperan que las 14 competencias priorizadas se traspasan durante el próximo año, y que "esperamos que el anuncio de Frutillar en agosto, donde se informó el resultado del Foro para la Descentralización, con un paquete mayor de competencias (56), se siga materializando vía oficio presidencial. El mecanismo regular será más complejo y lento, y esta primera vuelta permite que sepamos cómo funciona y sobre lo que nos debamos pronunciar".

¿En qué momento se traspasarán las competencias? "Hay un plazo de 90 días a dos años, y son competencias que se prolongarán por un periodo de cinco años, para hacer evaluaciones y deberíamos ser las regiones que comencemos antes los traspasos", dice Martínez.

Preocupación

Tanto durante como posterior a la sesión extraordinaria del jueves donde se abordaron los traspasos, los consejeros mostraron sus reparos respecto a la forma en que se ha llevado adelante el proceso.

El jefe de bancada UDI, James Argo indicó que "una cosa es que sea lento y otra es que sea lentísimo. Tenemos una propuesta generosa respecto a la ley con los PlUVanes Reguladores, y otras que son poco generosas y más bien escuetas".

El consejero Javier Sandoval (Igualdad) puso el énfasis en que "es todavía insuficiente el proceso, y me parece lenta y negligente la discusión al interior del consejo, ya que de los 30 días que tenía plazo para pronunciarse el Gore, se produce una discusión apurada y a última hora, donde fue difícil profundizar los puntos".

Jaime Vásquez (Ind.) dijo que "no hemos tenido grandes avances en materia de traspaso de competencias, en una discusión que venimos dando desde 2015. Es un pequeño paso, pero no se vincula la opinión de los consejos regionales, por ejemplo en el tema medioambiental. La opinión que entregamos es vinculante, y las votaciones no impactan en los proyectos medioambientales; esperamos que el Ejecutivo profundice este proceso".

Su par Ana Araneda (Ind.) en tanto dijo que "ha sido importante la votación de hoy, porque significa un paso adelante para avanzar el proceso de regionalización. Este proceso no puede ser rápido y debe tomarse desde cada una de las competencias".

con críticas a lento avance del proceso

Una atención especial tuvo el traspaso de la competencia de Planes Reguladores Intercomunales, considerando que actualmente se encuentra en tramitación la 11º modificación y se inició la elaboración de un nuevo instrumento para el Gran Concepción.

Sobre el impacto del traspaso en el proceso de construcción regional, Rodrigo Martínez comentó que "se traspasa la competencia completa, lo que es súper importante es que ocurre considerando el momento en que esté en caso de la tramitación, hoy con la onceava modificación. Ahí se decidirá si sigue la modificación o se retrotrae y se hace uno nuevo, y la base técnica sigue siendo por parte del Minvu".

Javier Sandoval, que preside la comisión de Planificación y Desarrollo Regional del Gore, en tanto dijo que "vemos una oportunidad, por eso aprobamos las cinco competencias. Lo que queremos es que se considere el trabajo que hemos hecho en la comisión, nuestras actas, fiscalizaciones y sesiones de trabajo que hemos realizado".

En medio de los enroques y cambios en la Cámara de Diputados, la independiente por cupo UDI Marlene Pérez asumió de manera oficial la presidencia de la comisión de Desarrollo Social, en reemplazo de su par del distrito 21, la diputada del Partido de la Gente Karen Medina.

Al imponerse en la votación interna dentro de la comisión, sostuvo que "asumo con mucha responsabilidad y gratitud esta Presidencia, porque he recibido un apoyo transversal de la comisión de Desarrollo Social, siempre he dicho que desarrollo social es el corazón de un Gobierno y por lo mismo, lo más importante es que voy a intentar que realmente el ejecutivo le dé la relevancia que realmente se merece esta comisión".

Entre las primeras acciones a adoptar, la parlamentaria por el distrito 20 señaló que, "vamos a citar al ministro Giorgio Jackson para poder saber, primero que todo respecto al presupuesto que me imagino que para ser aprobado y para obviamente ver en dónde están las prioridades.

"Tenemos que colocar en el centro a las personas y creo que esta comisión, como en la comisión de Adulto Mayor y Personas con discapacidad, son comisiones transversales que tienen que ir más allá del tema político. Por lo tanto, espero estar a la altura de esta tremenda responsabilidad que me ha dado la comisión de Desarrollo Social de poder dirigirla", apuntó.

La acción no ha estado exenta de polémica, considerando los movimientos que ha realizado parte de la bancada del PdG con el oficialismo para solicitar la remoción de presidencias de comisiones por parte del oficialismo con votos de censura.

El diputado DC Eric Aedo manifestó que "la derecha, que representa prácticamente la mitad de esta Cámara de Diputados, se siente con el legítimo derecho de ser parte de las decisiones y de las comisiones, y como tienen mayoría circunstancial entre ellos y el Partido de la Gente, obviamente han ido por estas censuras".

La diputada Medina, en tanto, no ha emitido declaraciones.

Cerca de las 13 horas de este jueves, trabajadores y directivos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) firmaron el nuevo contrato colectivo luego de varias semanas de negociación y un proceso de huelga que se mantuvo por dos semanas, con la paralización total de actividades ya que los estudiantes también decidieron adherirse a la movilización

Entre los principales puntos del acuerdo logrado está un alza en las remuneraciones en base al aumento del IPC, con tramos entre noviembre y marzo próximo, además de otras garantías laborales que solicitaron los 901 trabajadores movilizados.

La casa de estudios informó a través de un comunicado que "con el fin a la huelga legal, que se retoma el normal funcionamiento de la universidad, a contar de este viernes 25 de noviembre. Las actividades académicas presenciales para los estudiantes se retoman el lunes 28 de noviembre, con una marcha blanca de una semana, solo para las evaluaciones".

En la misiva, la institución informó que el calendario académico "se extenderá hasta el 29 de diciembre, con el objeto de facilitar la finalización de las actividades curriculares y el cierre de actas. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que las actividades académicas no fueron suspendidas, se sugiere respetar la programación estipulada en el Syllabus".