Por Felipe Cuevas Mora

La torre C del Condominio Puerto de Palos de Hualpén, ubicada a un costado de la avenida Colón, simboliza una de las tareas pendientes en la Región a doce años del terremoto de 2010.

El edificio de diez pisos se encuentra inutilizable desde que ocurrió el desastre natural, debido a las fallas estructurales con que quedó, y en los últimos años se ha convertido en un foco de violencia e insalubridad. Este espacio ha mantenido en alerta a los vecinos del sector incluso hasta hace unos pocos días cuando un amago de incendio reavivó los temores, frente a un problema que hasta la fecha no ha tenido solución.

Sin embargo, esta podría materializarse en las próximas semanas, luego de que en mayo la Subsecretaría del Interior comprometiera al municipio de Hualpén destinar los recursos para la demolición del inmueble apelando a razones de seguridad pública, que tendría un costo fluctuante entre $150 y $200 millones, según los antecedentes del informe técnico .

El compromiso de financiamiento está materializado en la glosa 07 de la cartera en el presupuesto 2023, asignada particularmente al ítem de gastos de emergencia, y solo resta que la Contraloría General de la República responda la consulta emitida por la subsecretaría en agosto sobre la legalidad que tiene disponer los montos requeridos para esta acción.

La demolición del inmueble estaba contemplada originalmente en el plan que levantó el Ministerio de Obras Públicas para las edificaciones que quedaron inutilizables tras el terremoto. Sin embargo, el edificio fue sacado de la cartera de proyectos del MOP en 2012, por lo que las gestiones se centraron desde 2018 en que la Subsecretaría del Interior fuese la que dispusiera los recursos.

Estas conversaciones las realizó la exalcaldesa Katherine Torres y que fueron reactivadas este año por el jefe comunal Miguel Rivera, acompañado por el diputado Leonidas Romero (Ind.-Republicanos), viendo buena respuesta por parte del subsecretario Monsalve, quien espera la respuesta de Contraloría ante la duda por la legalidad para entregar los recursos vía glosa.

El alcalde cuenta que "hace varios meses comenzamos las gestiones para solicitar los recursos para lograr la deconstrucción, o demolición de este inmueble, tarea que significa un alto costo, casi igual a construir un edificio. Hace pocos días se respondió una consulta de Contraloría General, acerca de la factibilidad de que la municipalidad reciba recursos en apoyo".

En el documento que el subsecretario del Interior envió al contralor Jorge Bermudez el 18 de agosto, donde consulta por la idoneidad para financiar la demolición con recursos, se plantea que la glosa "financia situaciones de emergencia, emergencia ambiental o gastos no previstos, los que deberán ser definidos por el ministro o subsecretario del Interior, pudiendo incluir aportes o donaciones de bienes a países afectados por catastros naturales", junto con indicar que se realizaría un traspaso de recursos al municipio en caso que la respuesta fuese favorable durante el próximo año.

El pasado 7 de octubre, la Contraloría respondió el citado documento solicitando al municipio la entrega de una carpeta con todos los informes necesarios para "resolver adecuadamente la presentación".

La carpeta fue enviada por el alcalde de Hualpén al órgano fiscalizador el 20 de octubre en un documento en el que se señala respecto a la demolición que "el principio de coordinación debe primar en las acciones de los diversos órganos del Estado a fin de atender las necesidades públicas, y sobre todo, ante el peligro inminente de afectación a la salud de los vecinos de la comuna y el foco de inseguridad e insalubridad largamente descrita, que nos ha afectado desde hace 12 años a la fecha".

Diálogo con vecinos

Los últimos antecedentes fueron informados la semana pasada en una reunión con los vecinos del sector, instancia en la que se vio con esperanza que los trámites restantes se realicen en el corto plazo, para iniciar la demolición.

"El diálogo con los vecinos del sector ha sido muy bueno. Nosotros desde que asumimos esta administración nos pusimos a disposición para trabajar en esta problemática que ya no puede seguir dilatándose en el tiempo", señaló Miguel Rivera, junto con recordar que "este inmueble abandonado reviste un peligro tremendo para nuestros vecinos. Hace apenas algunos días se generó un principio de incendio, lo que se suma a la presencia de personas en situación de calle y otras que usan el lugar para cometer delitos o derechamente más destrucción. Los vecinos están cansados y porque entendemos su frustración es que hemos hecho todo lo posible para de una vez por todas derribar ese edificio".

En septiembre, la delegada presidencial Daniela Dresdner planteó en entrevista con este medio que en el corto plazo se realizarían ajustes de secretarios ministeriales, apelando a un nuevo enfoque en el trabajo del Gobierno en la zona.

"Nosotros hemos estado haciendo evaluaciones internas de los equipos, conversando con alcaldes y parlamentarios, recibiendo distintas opiniones, porque aquí claramente hay que hacer cambios. El Presidente lo dijo, y no son solo cambios de nombre, sino cambios de actitudes, disposiciones y maneras de trabajo. Para hacer cambios hay que evaluar y ver qué cosas hay que modificar, estamos todos siendo evaluados por otros y eso me parece que es muy positivo", dijo en dicha ocasión.

A dos meses de esas declaraciones, y en medio de la incertidumbre por los cambios que se han concretado en las últimas semanas en Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, la representante de La Moneda en la zona explicó que el proceso de revisión está avanzando de forma progresiva, y que en el corto plazo podrían haber cambios a nivel de secretarios ministeriales.

"Estamos en un proceso de revisión, como lo he dicho ampliamente. Tuvimos la semana pasada cambios en delegaciones presidenciales regionales, en los próximos días veremos probablemente cambios en delegaciones provinciales y avanzaremos en las seremias. Es un proceso en el que estamos avanzando", indicó Dresdner.

Según pudo conocer este medio, las visitas a la zona de varios ministros y subsecretarios en las últimas semanas han tenido como objetivo abrir un diálogo para evaluar el rendimiento de secretarios ministeriales, para concretar cambios en el corto plazo, en caso de ser necesarios.

Un paso institucional decisivo fue el que la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) adoptó a mediados de octubre, con el nombramiento de la doctora en Educación y Sociedad y académica del plantel, Carolina Aparicio como la primera directora de Género de la casa de estudios.

Decisivo porque desde hace cuatro años el plantel viene trabajando en una serie de medidas internas y reformas en materia de avances para fortalecer la perspectiva de género, prevenir hechos de discriminación, violencia y acoso, al interior de la comunidad universitaria. La académica que cuenta con estudios en Desarrollo Humano y Género, explica que los principales desafíos son "transversalizar la perspectiva de género, sus alcances e implicancias en pregrado, postgrado, investigación e innovación y por supuesto la gestión universitaria y vinculación con el medio para, siguiendo los principios que conforman la identidad de la UCSC, disminuir brechas e inequidades en esta materia".

Consultada sobre los avances del plantel en la materia, apunta a que han sido reflexivos y activos durante los últimos cuatro años, partiendo con la elaboración de un protocolo en el marco de las movilizaciones feministas: "Se crea la dirección para implementar la recientemente creada Política de Género y continuar contribuyendo al desarrollo de la dignidad humana y equidad, con mecanismos actualizados y que permitan institucionalizar la necesidad de que todos y todas trabajemos y estudiemos en espacios libres de violencia y discriminación de género".