Rechazo a la violencia
Nadie duda que la ciudadanía tiene derecho de manifestarse y expresar sus demandas, pero no se puede desconocer que las familias no quieren vivir atemorizadas por la violencia, que el país altere su funcionamiento y en ocasiones casi se paralice por el vandalismo.
En los últimos años, los actos de destrucción y saqueos que se generan en algunas fechas han dejado saldos lamentables, con personas heridas, destrucción de la propiedad, de obras que son de beneficio de la comunidad, ataques y saqueos a locales comerciales. Hay pequeños comerciantes a los que les vandalizan y roban sus negocios, y sufren la pérdida del patrimonio logrado con años de trabajo y sacrificio.
Con motivo de la conmemoración de los tres años desde que se produjo el estallido social del 18 de octubre de 2019, en nuestra zona una vez más se han producido estos desmanes, con saqueos, daños a comercios, a bienes de uso público y ataques a Carabineros, al término de una marcha. Como consecuencia de ello, fueron detenidas 27 personas. Tanto la Delegación Regional como la Municipalidad de Concepción anunciaron la presentación de querellas contra los posibles involucrados. Obviamente no se debe caer en el conformismo de realizar balances positivos y decir que hubo menos destrucción y detenidos que en jornadas anteriores. Quienes promueven estos actos violentos pretenden - y en gran medida lo logran -, alterar el normal funcionamiento del país y pierden el respeto por la autoridad, lo que hace muy mal a la sociedad, pero sobre todo plantea dudas respecto de si en nuestra democracia es posible que los distintos actores puedan ponerse de acuerdo para atender las demandas.
Los violentistas, en gran medida, son menores de 30 años, que crecieron después del término de la dictadura. Son más bien los hijos de la democracia, que no han entendido cómo deben expresarse y a quienes tampoco les han hecho entender que así como tienen derechos, también hay deberes y que el Estado de Derecho y sus instituciones no debe ser pasado a llevar, pese a todos los cuestionamientos que puedan existir. Tal vez no sepan que nuestra democracia se interrumpió en 1973 precisamente por el ambiente de caos generalizado y de enfrentamientos que había en el país.
Lo ocurrido el martes no es excepcional. Desde hace tiempo que hay un clima violento que se da en fechas determinadas y ya resulta usual que mientras las personas se manifiestan en forma pacífica en las calles, grupos radicalizados destrozan -especialmente en el radio céntrico- aceras, mobiliario urbano, bancas, basureros, rejas reguladoras en los pasos peatonales, luminarias, señales de tránsito y semáforos, aparte de provocar daños en la propiedad privada, en el comercio y rayar paredes. Pero en el caso de la provincia de Arauco y en La Araucanía esos ataques se han vuelto permanentes. Con justa razón, la gente se pregunta ¿adónde llegará todo este clima de violencia? La defensa del orden público es una misión fundamental y permanente de la autoridad. Nos enfrentamos a una realidad que es necesario atender y enfrentar, porque el derecho a la manifestación social se ve comprimido por la violencia de algunos sectores. Es evidente que hay un desplome de la confianza en las instituciones, que habla de una tendencia y una crítica social sistémica, que no sólo está vinculada a los partidos políticos, sino que en el conjunto de instituciones, por distintos factores.
Las instituciones en general -y no sólo el gobierno- deben estar atentas para proyectar una imagen positiva a la ciudadanía, que se encuentra especialmente sensible a diversos temas que explican su malestar. Para construir el futuro debe tenerse presente que la legitimidad es clave. La autoridad y toda la institucionalidad deben funcionar en forma eficiente porque cuando eso no sucede, la legitimidad retrocede, el terreno cambia y pasa a ser material fecundo para los populismos, el deterioro del debate, del diálogo y de la democracia.
Desde hace tiempo hay un clima violento y ya resulta usual que mientras personas se manifiestan en forma pacífica en las calles, grupos radicalizados destrozan propiedad pública y privada.