Por Agencias

La Fiscalía de Perú aseguró ayer que la denuncia constitucional por corrupción presentada hace una semana contra el presidente Pedro Castillo contiene más de "190 elementos" probatorios que sustentan la acusación de que es el presunto líder de una organización criminal.

"Esta denuncia contiene una serie detallada de imputaciones y cada imputación tiene un correlato probatorio. Este acervo probatorio de más de 190 elementos sustenta detalladamente cada marco de la acusación para que la defensa ejerza el derecho que le corresponde", subrayó el fiscal adjunto supremo Marco Huamán durante una reunión informativa con la prensa extranjera en Lima.

Huamán, quien es coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales, remarcó que "la ley no faculta" a los fiscales a adelantar los términos de esas pruebas, aunque reiteró que la denuncia formulada por la fiscal general, Patricia Benavides, "es el resultado de diligencias preliminares o de actos de investigación que se han realizado autorizados por un juez supremo".

Enfatizó que ahora "es facultad exclusiva y excluyente del Congreso" desarrollar el proceso para llegar a un pronunciamiento final sobre el tema, aunque reiteró que "la norma procesal señala la reserva de las investigaciones".

"La revelación o no de este material probatorio depende del Congreso", sostuvo antes de decir que los fiscales "más allá" no pueden "ingresar".

La denuncia fiscal

La fiscal Benavides envió hace una semana una denuncia constitucional al Congreso contra Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

El Ejecutivo y la defensa de Castillo, quien mantiene seis investigaciones abiertas en su contra, sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.

Durante la reunión de ayer, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, agregó que la denuncia "sin duda es una situación inédita" en su país, ya que comprende por primera vez a un gobernante en funciones.

Consideró, sin embargo, que Benavides ha seguido "el camino correcto" en su decisión y defendió que los fiscales no se fijan "en la ideología política", sino que investigan "casos graves".

Rafael Vela dijo que la Fiscalía de Lavado de Activos "tuvo participación activa" en este proceso de investigación preliminar, al tomar la confesión de la empresaria Karelim López, una gestora de intereses que mantuvo vínculos con las altas esferas del poder en los últimos años.

Derecho a la defensa

El fiscal, que lidera las investigaciones de los casos "Lava Jato" y "Odebrecht" en Perú, consideró que, tras las pericias realizadas, "se justificaba plenamente" que se investigara al presidente y expresó su expectativa de que "no se establezca la impunidad".

"La investigación al presidente también implica el derecho a que pueda ejercer su defensa", remarcó.

Huamán añadió, al respecto, que "se ha acopiado material probatorio que permite afirmar que se ha cumplido con la etapa procesal que corresponde al proceso".

La denuncia ahora debe ser revisada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que también solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la Carta Magna para determinar si se puede proseguir con la acusación.

El presidente Pedro Castillo pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que tome "medidas de urgencia" para abrir "un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana, evitando al mismo tiempo la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado". En la carta, fechada el 12 de octubre, invoca el Artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, que dice que cuando un gobierno "considere que está en riesgo" su proceso democrático, puede recurrir al secretario general de la OEA, en este caso Luis Almagro, a quien dirigió la carta Castillo.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó ayer la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para calmar los precios de la gasolina tras los recortes de producción anunciados por la OPEP+ y a menos de un mes de las elecciones legislativas.

En la Casa Blanca, señaló a Rusia como la principal culpable del alza de la gasolina por la guerra en Ucrania y, aunque reconoció que los precios han bajado durante los últimos meses, consideró que no están disminuyendo lo suficiente.

"Este anuncio hoy sirve para continuar estabilizando los mercados y para bajar los precios en un momento en el que las acciones de otros países han provocado esta volatilidad", dijo Biden, en referencia a los países de la OPEP+.

La alianza, con Rusia y Arabia Saudí a la cabeza, anunció la semana pasada un recorte de dos millones de barriles diarios de la producción mundial de petróleo, lo que provocó una subida del precio promedio de la gasolina en EE.UU., que ha ido bajando en los últimos días y actualmente se sitúa en los 1,02 dólares por litro.

Según la Casa Blanca, los 15 millones de barriles llegarán al mercado en diciembre y serán liberados de 500.000 al día.

Esta última venta forma parte del paquete de 180 millones de barriles que, en marzo, Biden prometió que iría poniendo en los mercados de manera progresiva para amainar los precios.

Según reconoció, la gran liberación de petróleo en tan pocos meses ha provocado que las reservas estratégicas de EE.UU. estén en sus niveles más bajos desde 1984: actualmente hay unos 400 millones de barriles de petróleo en las reservas, localizadas en grandes cavernas subterráneas en la costa del Golfo de México.

Biden anunció que repondrá ese petróleo, pero solo cuando el precio por barril sea inferior a 70 dólares (ahora está en 85,55 dólares).

Los republicanos criticaron a Biden por tomar la medida en vísperas de las elecciones del 8 de noviembre y en un momento en el que las encuestas muestran que la economía es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses.

Consultado al respecto, afirmó que su anuncio "no responde a motivos políticos".

Por último, Biden consideró que aumentar la producción de petróleo no debe retrasar la transición hacia las energías limpias.

En otro discurso, de hecho, anunció ayudas por 2.800 millones de dólares para fortalecer la producción doméstica de litio y otros minerales clave usados en la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares y otras energías renovables.

La conservadora Forza Italia (FI), que lidera Silvio Berlusconi, presentó un proyecto de ley para introducir la capacidad jurídica del feto, lo que plantearía importantes problemas legales a la hora de abortar, provocando un enorme rechazo de la oposición, que lo considera un ataque al derecho al aborto regulado en Italia desde 1981.

Según la página web del Senado, el proyecto presentado por el senador Maurizio Gasparri el pasado jueves, en el primer día de la legislatura, pretende modificar el artículo 1 del Código Civil, que prevé el reconocimiento de la adquisición de la capacidad jurídica de la persona desde el momento del nacimiento, y ampliarlo a favor del feto.

De esta forma, cualquier intento de ejercer el derecho al aborto podría provocar una acción legal para defender el feto.

El texto de FI, que forma parte junto a Hermanos de Italia (FdI), de Giorgia Meloni, y la Liga, de Matteo Salvini, de la coalición de derechas que gobernará tras ganar las elecciones del 25 de septiembre, ya que todavía no se ha formado el Ejecutivo, aún no está disponible, pero se asignará a la comisión competente, una vez que las co misiones se hayan establecido.

La senadora del progresista Partido Demócrata (PD) Valeria Valente aseguró ayer "que el proyecto de ley del senador Gasparri tiene un solo objetivo: desvirtuar la ley 194/78 sobre interrupción voluntaria del embarazo" y aseguró que "esto revela las intenciones de Giorgia Meloni", mientras que para la diputada Laura Boldrini, la derecha "está tratando de convertir en papel mojado la ley 194".

"Como era de esperar, el primer paso de la derecha en esta nueva legislatura es apuntar a los derechos de las mujeres. El proyecto de ley presentado en el Senado por Gasparri contra el aborto es solo el primer intento de echar por tierra los logros de los últimos años", dijo Riccardo Magi, diputado y presidente de + Europa, que prometió oponerse "dentro y fuera del Parlamento".

Gasparri explicó a los medios que no cree que se apruebe el proyecto de ley, pero que su intención es que se abra un debate sobre la aplicación de la ley 194 "que no debe ser derogada, pero que debe ser respetada en todos sus aspectos".

"Lo presenté en cada inicio de legislatura en los últimos años, es un legado moral de Carlo Casini, fundador del Movimiento por la Vida", dijo.