Nueva Unidad de Seguridad del Gobierno Regional asumirá cinco lineamientos
En una exposición a la comisión de Seguridad Pública del Core se detalló que el rol estará en el fortalecimiento y gestión institucional, el acompañamiento a víctimas, el robustecimiento de las policías, el crimen organizado y la inversión regional para la prevención de delitos.
Sergio Claramunt, exjefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), se convirtió en agosto pasado en el nuevo y flamante refuerzo del Gobierno Regional. Llegó para ayudar a impulsar la inédita Unidad de Seguridad, un hecho que al principio generó suspicacias a raíz de que bajo la actual legislación es la Delegación Presidencial la instancia encargada de velar por este tipo de materias. En la oportunidad, sin embargo, se recalcó que pese a todo hay un rol que jugar respecto a la seguridad de los vecinos de la Región y que por eso, más allá del marco normativo, "nos ponemos del lado de las soluciones y reafirmamos nuestra disposición a financiar y articular iniciativas orientadas al bienestar de las y los habitantes del Biobío".
Casi 20 días más tarde, el 30 de agosto, Claramunt y Rodrigo Alarcón, jefe de Gabinete del Gore, asistieron de manera presencial a la comisión de Seguridad Pública del Consejo Regional para establecer un primer acercamiento con los consejeros. Allí se pusieron sobre la mesa los énfasis que tendrá la unidad y el impacto que se espera lograr una vez que la labor se configure completamente, ya que aún se encuentra en una fase inicial. En total, el espacio que depende de la Jefatura de Gabinete asumirá cinco ejes.
Los lineamientos
A través de una presentación de nueve diapositivas entregada a los miembros de la comisión, y de acuerdo a un acta de Consejo aprobada el 13 de septiembre, se observa que las tareas de la unidad tienen que ver con el fortalecimiento y gestión institucional, el acompañamiento a víctimas, el fortalecimiento de las policías, el crimen organizado y la inversión regional para la prevención de delitos. Con la primera, se espera llevar adelante un levantamiento de la información municipal y robustecer la institucionalidad y gestión comunal de seguridad pública mediante un programa de transferencia para instalar y/o potenciar los equipos municipales y el apoyo al desarrollo y/o impulso de los planes comunales de seguridad pública. La idea es que bajo este primer parámetro dicho espacio también sea capaz de realizar seminarios, estudios y construir datos.
En segundo lugar, la unidad estará encargada de generar un catastro de víctimas de violencia rural, a fin de articular y coordinar la demanda. Este rol será acompañado por un programa de atención psicoemocional para víctimas de violencia en las provincias de Arauco y Biobío, y otro de reactivación para iniciativas económicas afectadas por hechos de violencia, a lo que se suma un acompañamiento jurídico de víctimas "cuando sea pertinente". En el ámbito urbano, en tanto, se priorizará un programa de atención psicoemocional para víctimas de violencia de delitos de alta complejidad, como robo en lugar habitado, secuestro o violencia intrafamiliar. En este acápite igual se considera un acompañamiento jurídico para víctimas en coordinación con el Ministerio Público y la recuperación de "micro zonas" en los territorios urbanos.
Como tercer eje se plantea la implementación de dos convenios de programación: uno con Carabineros por $75 mil millones para cinco años y otro con la PDI, pero por un monto de $112 mil millones y seis años. Así se buscará reponer comisarías o que PDI incorpore un helicóptero con su hangar.
En cuanto al crimen organizado, el propósito es que la unidad asuma un rol interpelador de acuerdo a sus competencias, "denunciando la ruta del dinero como método de planificación criminal o delincuencia organizada en la Región". También se prevé un rol de coordinación e incorporación en el Comité de Crimen Organizado que convoca la Subsecretaría del Interior, financiar planes de prevención y control contra el crimen organizado asociado a la madera, salmón y cables, y evaluar acciones judiciales.
Por último, en el eje de inversión, se esbozan acciones que apuntan a la subvención de seguridad ciudadana que se ejecutará este año por $1.250 millones y los programas de recuperación de espacios públicos en las comunas y de recuperación de cascos urbanos de las capitales provinciales en el contexto del estallido social. Se añade la focalización de estudios de prevención de delitos.
Primeras acciones
Sergio Claramunt precisa que a la fecha la tarea se centra en el proceso de recolección de información en las 33 comunas del Biobío, lo que debiese finiquitarse hacia mediados o finales de octubre. La idea es que a través de estos datos se gestionen de una manera más óptima las herramientas y programas de ayuda y así no dejar desamparadas a las ciudades que no cuentan hoy con equipos y capacidades suficientes.
"Ya estamos recibiendo los diferentes documentos y después haremos un análisis para crear un programa (...) En paralelo, de aquí a un mes, empezará el tema de las ayudas psicológicas a las víctimas de la Provincia de Arauco, lo que posteriormente será complementado con un programa que estará enfocado en el resto de comunas y en los delitos de alta complejidad", enfatiza.
Desde el Consejo Regional celebran la puesta en marcha de esta unidad, pues recalcan que viene a ser un complemento al mantenimiento de la seguridad pública en la zona. Así, al menos, lo cree el consejero UDI Jaime Vásquez, quien además preside la comisión sobre este tema.
"Los gobiernos regionales no tenemos la facultad en materia de seguridad pública, pero sí hacemos un esfuerzo permanente en infraestructura y apoyo a nuestras policías, municipios y organizaciones territoriales. Por eso la creación de esta unidad viene a concretar una labor conjunta", sostiene Vásquez.
10 de agosto fue presentado de forma oficial Sergio Claramunt en el Gobierno Regional. Ese mismo mes se presentó al Core.