El Área Metropolitana de Concepción enfrenta un severo problema para disponer las más de mil 100 toneladas de basura que diariamente generamos quienes habitamos alguna de las 11 comunas que la conforman.

Desde hace un tiempo, como Gobierno Regional hemos advertido que la capacidad de los dos rellenos sanitarios que reciben estos desechos está llegando a su límite, y que las comunas de Lota y Florida deben depositar su basura en lugares más lejanos, lo cual, de no mediar acciones inmediatas y como efecto dominó, será próximamente el caso de Talcahuano y Hualpén.

Esto supone una profunda afectación a los ya muy limitados presupuestos comunales, pero más grave aún, nos sitúa al borde de una crisis con alto impacto medioambiental, sanitario y social, que amenaza con extenderse al resto de la región.

Un sinfín de razones podrían explicar cómo y por qué llegamos a este punto: falta de planificación, modelo de gestión de residuos obsoletos, escaso sentido de urgencia de empresas y entidades públicas, y un largo etcétera.

No obstante, el único camino para evitar el colapso es que trabajemos juntos y juntas y con sentido de urgencia. Las gestiones que ha liderado el Gobernador Rodrigo Díaz, y que han contado con el respaldo de las y los alcaldes que forman parte del Consejo del Área Metropolitana de Concepción, nos muestran un camino que puede conducirnos a un buen destino.

Este espacio de coordinación nos ha permitido tomar conciencia de que hay problemas de ciudad, que no pueden llevarnos a solucionados a partir de esfuerzos individuales de cada comuna. Entre otros motivos, porque los municipios tienen múltiples y complejas dimensiones y porque ninguno de los actores cuenta con todas las competencias ni los recursos necesarios para abordarlos.

Además de los municipios y del GORE, también es necesario el esfuerzo de las distintas instituciones dependientes del Gobierno Nacional. Es por este motivo que hemos visto un despliegue regional y nacional con autoridades como Subdere, Interior y Servicio de Evaluación Ambiental con dos objetivos: alertar acerca de la inminencia de la crisis y coordinar un trabajo conjunto para implementar soluciones.

Las empresas también deben actuar con responsabilidad, es decir, cumpliendo la normativa y previniendo fallas en la operación que puedan generar daños al medioambiente y a las comunidades. El piso mínimo de cada proyecto debe ser una presentación acorde a los tiempos y un cumplimiento cabal de la legislación.

Como Área Metropolitana tenemos la oportunidad de sobreponernos a la complejidad y salir fortalecidos. Así, robusteceremos un estilo de trabajo que nos permitirá abordar las complejidades de la vida en grandes ciudades, donde los problemas de unos terminan siendo, más temprano que tarde, los problemas de todos.

Desde la SEREMI del Medio Ambiente nos hemos sumado a los esfuerzos liderados por el Gobernador Regional en el marco del Comité Consultivo del Área Metropolitana, buscando avanzar de manera significativa a un modelo de desarrollo más amigable con la naturaleza, en el que la preocupación por la gestión de residuos es una pieza central.

En concreto, convocamos a la Secretaría Ejecutiva Regional de Residuos, instancia que estuvo casi 3 años sin ser convocada y que resulta fundamental para articular acciones entre el Estado central, Gobierno Regional y Municipios en torno a desafíos urgentes, como la situación de los rellenos sanitarios de la Región y otros de mediano y largo plazo, como la educación ambiental y la valorización de los residuos.

No estamos partiendo de cero, ya que desde la SEREMI junto al Gobierno Regional hemos implementado el Programa Regional de Reciclaje, que ha apoyado a 31 de las 33 comunas de la Región, instalando infraestructura para el reciclaje y transfiriendo capacidades a los municipios con el objetivo de fortalecer los sistemas locales de reciclaje. Sin embargo, es necesario diversificar y profundizar los esfuerzos de los distintos actores públicos, sociales y privados hacia un modelo de gestión de residuos que nos empuje hacia la economía circular.

Asimismo, el Ministerio se encuentra impulsando la implementación de la Ley N° 20.920, o Ley "REP" (Responsabilidad extendida del productor), que responsabiliza a productores e importadores en el financiamiento de una correcta gestión de residuos de productos importados o de fabricación nacional, comenzando con 7 productos prioritarios: aparatos electrónicos, pilas, envases y embalajes, diarios y revistas, neumáticos, baterías y aceites y lubricantes. La implementación de esta normativa requerirá del trabajo conjunto del sector público y privado, ya que solo de esta manera podremos generar la conciencia necesaria para hacerle frente a la crisis climática.

En suma, debemos avanzar hacia un modelo que propicie la economía circular, articulando esfuerzos públicos y privados para disminuir la cantidad de residuos que generamos y valorizar los mismos. En este desafío debemos recordar que cada pequeña acción es en beneficio del hogar que todos compartimos: la Tierra.

Si bien es un deber del Estado hacer un buen uso de los recursos públicos, ello se hace imperioso en periodos de bajo crecimiento y de alta inflación e incertidumbre. El sector salud no debe restarse, sobre todo, porque cada día hay más personas esperando por atención en salud. El último dato entregado por el Ministerio de Salud para la región del Biobío muestra que existen 307.272 consultas de especialidad pendientes, con una espera promedio de 431 días, es decir, un año y dos meses. En el caso de las cirugías, estas cifras ascienden a las 50 mil y más de 500 días (un año y cinco meses).

Por ello el análisis sobre pabellones disponibles en los hospitales del Estado del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (IPSUSS) es preocupante: uno de cada cinco, en promedio, no está disponible para operar, ya sea por falta de equipamiento, de personal o de ambos.

En la región del Biobío estas cifras varían según servicio de salud, donde destacan los de Ñuble y Talcahuano, con 100 y 98% de sus pabellones disponibles, pero también está el de Concepción con 87% y al final los de Arauco y Biobío, similares al promedio nacional (79% y 80%, respectivamente). Estas cifras se deterioran aún más al considerar las horas en que realmente funcionan dichos pabellones, como lo evidencia el estudio de la Comisión Nacional de Productividad. Este indica que la subutilización responde a problemas de gestión, como retrasos en la hora de inicio, problemas administrativos, falta de insumos, entre otros. Asimismo, indica que aumentar en casi 30% la producción quirúrgica en la red de hospitales del Estado cuesta solo 7% adicional. Siguiendo su análisis, y tomando los datos del MINSAL, en el IPSUSS estimamos que el impacto sería una reducción de 180 días aproximadamente la espera por cirugías.

Por lo tanto, antes de hacer grandes cambios en todo el sistema de salud, debemos partir por casa, haciendo un mejor uso de los recursos con que ya contamos. Pero, el desafío de mejorar la gestión no es fácil, ya que los incentivos de los involucraos no siempre están alineados.

¿Cuáles son las barreras que la literatura ha identificado?: (i) que los prestadores de salud no cuentan con un claro responsable, (ii) que sus normativas son inflexibles y no consideran las diversas realidades regionales y son, además, inadecuadas para su nivel de complejidad (Estatutos y leyes que se aplican a todos por igual), (iii) que se rigen por un marco que no incentiva la eficiencia (presupuestos que no se respetan, falta de atribuciones para una adecuada gestión) y (iv) que su institucionalidad y gobernanza no son apropiados para cumplir su fin (dependen de una entidad política, lo que impide una mirada de largo plazo y foco en las personas), entre otros.

¿Soluciones? Primero, independizar a los prestadores estatales de salud del Minsal, para que su dirección y gestión no responda a objetivos políticos de corto plazo. Segundo, fortalecer su gobernanza, ya sea mediante consejos directivos u otros modelos que permitan fortalecer y blindar la selección y evaluación de directores y del personal, asegurando altas capacidades y desempeño. Tercero, dotar a los hospitales de mayores atribuciones para que puedan gestionar adecuadamente sus recursos humanos, económicos y físicos. Y, cuarto, establecer un marco de incentivos que fomente el buen uso de los recursos, la calidad y la oportunidad de la atención.

Solo una vez que estos cambios den frutos, cuando sus beneficios sean tangibles para la población, se deben evaluar cambios más radicales.