Chile se encuentra en un proceso de cambios que, más allá de los resultados electorales de hoy, demandará a los actores y líderes de especiales capacidades de generación de consensos, de manera tal de hacer posible avanzar en la solución de problemáticas complejas, con difícil identificación de una solución precisa y donde a su vez, probablemente la implementación de las propias soluciones acordadas sea tanto más compleja que la definición misma de soluciones.

Tratando de buscar una explicación que vaya más allá de la mera falta de voluntad política a la cual muchas veces se aduce, respecto al tardío abordaje de las problemáticas que han ido emergiendo en el país, es que sea precisamente la alta complejidad de las temáticas, con multiplicidad de variables en transformación simultánea y diversidad de visiones que requieren consensuarse previamente, las que han generado rezagos en su atención y, conforme a ello, se han ido agravando, incorporándose nuevas problemáticas vinculables, además de la consideración que los procesos de cambio requieren de establecer coordinaciones entre actores diversos, para darles sostenibilidad y una conducción pertinente y adecuada.

Dentro de todas esas problemáticas a las que hacemos alusión en esta breve columna, una que ha ido emergiendo, con particular importancia en los últimos años es la relevancia de abordar el necesario, y a estas alturas urgente, proceso de descentralización que de manera más vigorosa debe emprender nuestro país. Al respecto, emerge precisamente aquí la imperativa consideración temporal de los plazos en los cuales se hace posible avanzar en ello, con una visión que haga sostenible los cambios definidos.

En este sentido, imposible no retrotraerse largos años para observar la urgencia con la cual estos necesarios avances deben asumirse hoy. En efecto, desde el liderazgo visionario de don Claudio Lapostol, Corbiobío y tantos otros se ha planteado insistentemente desde hace más de tres décadas, la necesidad de hacer de Chile un país más descentralizado. Hoy, son patente las marcadas heterogeneidades territoriales con que nuestro país se encuentra señalado, que imponen serias limitaciones para alcanzar un desarrollo más armónico y equilibrado.

En efecto, al observar el proceso descentralizador constatamos que suelen pasar largos años para alcanzar logros de importancia. Así ha sido con la instalación de Gobiernos Regionales, Consejos elegidos, Gobernadores electos; largos años para definir vías y otros tantos para una instalación plena y pertinente. Por ello, la clave de los resultados del plebiscito de hoy, más allá del resultado, será como dar continuidad y vigor a los cambios necesarios, atendiendo a una mirada de largo plazo y teniendo en perspectiva el bienestar y desarrollo de todo Chile.

Desde el año 2018, cuando comenzó en Chile la implementación de la Ley Nº 21.100, la que impide que el comercio (grande, mediano y pequeño) entregue bolsas plásticas a sus clientes para el transporte de mercadería, es común que nos tengamos que devolver al hogar cuando nos damos cuenta de que salimos a comprar sin bolsa reutilizable, o ver que en las casas chilenas se reemplazó la típica "bolsa de bolsas" por otra de género, o de plástico más grueso.

Con esta ley, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en promulgar una prohibición de este tipo, sentando un importante ejemplo para la región. Si bien a la fecha no existen muchos estudios sistemáticos que permitan medir el impacto de esta política, el Ministerio del Medio Ambiente estima que se ha evitado que 5.000 millones de bolsas plásticas hayan sido entregadas en los dos primeros años desde su implementación. Sin embargo, esta reducción ha venido acompañada de un importante aumento en la demanda de bolsas de papel, la cual se ha duplicado en este mismo periodo, situación que, a mediano plazo, generará una mayor presión sobre los bosques.

Una situación que genera molestias es que, cuando se olvidan de llevar su propia bolsa, los comercios tienen a la venta unas propias. Entonces, ¿por qué está prohibido el uso de las bolsas mas no su venta? ¿Deberíamos pagar por su uso? La economía ambiental nos entrega varios argumentos a favor.

Para revertir los efectos no deseados, o externalidades negativas que genera el consumo de plásticos de un solo uso, existen tres tipos de instrumentos de política. Por un lado, las políticas coercitivas -o garrote-, consisten en prohibiciones y castigos al comportamiento indeseado, como la Ley No. 21.100. El segundo grupo de instrumentos son los incentivos económicos o zanahorias, los cuales desincentivan el comportamiento inapropiado a través de impuestos y cargos, como el pago por las bolsas; y el tercer grupo de instrumentos son las políticas informacionales -o sermones, como esta columna, los cuales tienen como objetivo entregar retroalimentación a las personas con relación a las consecuencias de sus acciones, para incentivar un cambio voluntario en su comportamiento. La evidencia indica que la combinación de estos instrumentos ha incentivado las reducciones.

Entendiendo que el consumo de plástico comprende un conjunto más amplio de productos, y con el fin de transitar hacia una economía circular de los plásticos, en mayo de 2021, en nuestro país se aprobó una ambiciosa ley que prohibirá los envases y utensilios de plástico de un solo uso. Otros lineamientos de política ambiental incluyen la ley 20.920 de responsabilidad extendida del productor, la cual entrega una mayor responsabilidad a las empresas en el manejo y disposición de sus desechos de plástico, promoviendo así la creación de una cadena de valor de los desechos. ¿Será hora de combinar el garrote con zanahorias y sermones? Si bien el país ha sido pionero en este tipo de medidas, sí consideramos que llegó el momento de tomar decisiones basadas en evidencia y combinar las medidas coercitivas con aquellas de incentivo e informacionales para que la política Chao Bolsas Plásticas sea realmente efectiva y libere de plásticos a nuestros océanos.

Hoy domingo 4 de septiembre de 2022 la ciudadanía está participando en un plebiscito histórico por muchas razones. Desde luego, porque deberemos aprobar o rechazar la propuesta de texto constitucional entregada por la Convención Constitucional. También, porque es un ejercicio de voto obligatorio, diverso a la voluntariedad del voto instalada en Chile en 2012. Por cierto, además, porque lo que puede aparecer en el papel como una elección binaria ante una sola pregunta: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?", claramente no lo es.

Durante el año que trabajaron las y los convencionales y desde el momento que entregaron al país la propuesta de nueva constitución el 4 de julio pasado, la cantidad de reacciones construidas por la ciudadanía en la calle, por la opinión pública en las redes y en los medios de comunicación, y por la clase política de una u otra vereda, han sido muchas y variadas. Aprobar a secas o rechazar a secas. También, aprobar para reformar, rechazar por una mejor, aprobar para transformar, rechazar con amor. Por citar algunas de las variantes del apruebo y del rechazo en esta elección. Por su lado, las encuestas han tensionado un clima pre-electoral como no se veía en años, trayendo a la memoria imágenes, similitudes y diferencias de otros procesos históricos de las últimas décadas.

¿Qué podemos esperar entonces como país a partir de este 4 de septiembre? Como es evidente, nadie puede asegurar resultados ni futuros. Sólo pronosticar y proyectar. Esta columna ofrece algunas proyecciones desde el escenario normativo y desde el espacio de la realidad social.

En el escenario del 5 de septiembre que ofrece la regulación constitucional, si triunfa la respuesta "Apruebo", el Presidente Gabriel Boric deberá convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución Política de la República. Ese texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en esa fecha. A partir de ese momento quedaría derogada la Constitución Política de la República de 1980, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado data de 2005. Si triunfa la opción "Rechazo", continuará vigente la actual Constitución.

Ahora bien, en un escenario del 5 de septiembre basado en la realidad y el pulso social, es posible esperar que, más allá de lo muy o poco estrecho que sea el resultado de la opción triunfante, el país deba iniciar una ruta de reencuentro y construcción de un período nuevo. Con la Constitución de 1980 (o 2005) o con la eventual Constitución de 2022. Ello porque parece claro que, más allá del ganador en urnas, hay un consenso bastante amplio en torno a que la Constitución actual terminó su ciclo. Se llevará con ella una época de Chile que transitó desde un texto constitucional a la medida de un gobierno no democrático, hasta un texto constitucional que a partir de varias reformas permitió eliminar algunos enclaves autoritarios, democratizando el país, pero que se quedó estancado en temas esenciales que explican el casi 80% a favor de su cambio en octubre de 2020.

¿Cómo conciliar el escenario normativo con el social? Dado que durante el proceso constituyente hemos visto desde diversos frentes y espacios actos de intolerancia, de mentiras, de falta de reconocimiento, de burla, de estigmatización, de violencia, de funa, una fórmula es asumir el daño que aquello le produce a nuestras relaciones humanas y dejar ese tiempo atrás. Luego de eso, que todas las personas nos pongamos al servicio de la paz y el diálogo para el nuevo tiempo. Cualquiera sea el resultado, el 5 de septiembre deberíamos amanecer comprometidos con la cohesión social y el perfeccionamiento de nuestra vida democrática, cambiando lo que tengamos que cambiar en lo normativo, pero también como comunidad humana.

La escritora, poeta y activista Maya Angelou fue una voz que inspiró a millones. Hoy también puede inspirar a Chile al levantarse el 5 de septiembre: "Este es un día maravilloso, nunca lo había visto antes".