Robo de cables de cobre
El robo de cables de cobre de telecomunicaciones y de electricidad es un delito que afecta a muchas ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.
La compañía de distribución de energía eléctrica Frontel señaló que en lo que va del año ha sufrido 28 robos de cables de cobre en la Región del Biobío, con pérdidas de más de 50 mil metros de redes, que representan unas siete toneladas, cifra que supera lo registrado en 2021, cuando hubo 21 episodios de robos, con 44 mil metros de cable sustraído. De acuerdo con los informes de la empresa, Mulchén ha sufrido ocho casos de sustracciones, ilícitos que también han afectado a Yumbel, Santa Juana, Hualqui y Florida, entre otras comunas.
El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes de telecomunicaciones y de electricidad, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estos robos y el vandalismo interrumpen los servicios, dejan incomunicadas a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, y bancos, entre otros, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas, y el funcionamiento de la economía.
En la Región del Biobío, estos delitos se presentan con mayor fuerza desde septiembre hasta diciembre en las comunas rurales. En estas acciones participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes eléctricas o de telecomunicaciones, con el fin de vender el cobre que contienen, en chatarrerías formales o informales. Y cuando se daña la fibra óptica, se requieren complejos procesos de reparación.
Según la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, la industria interpuso 1.555 acciones judiciales (querellas y denuncias) por estos robos entre octubre de 2021 y marzo del presente año, lo que representa un incremento de 344% en estos seis meses. El tipo de infraestructura de telecomunicaciones más afectada por los actos vandálicos judicializados es el robo de cables de cobre (68,7%), seguido por la fibra óptica (20,6%), baterías (6,4%), y otros como cerco perimetral y generadores. La más afectada es la Región Metropolitana, que tiene casi el 50% de los actos de vandalismo que han terminado con acciones judiciales. Le siguen Valparaíso, con un 14,3%, O'Higgins, con un 11,8% y la Región del Biobío con 6,2%.
Por este tipo de ilícitos en la zona se formó el año pasado una mesa regional de prevención y control del robo de conductores eléctricos, considerando que en 2021 hubo un repunte de estos hechos. El gerente zonal de Frontel, Fernando Caire, ha señalado que la situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales. Desde la Coordinación Regional de Seguridad Pública, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, se ha señalado que se encuentran trabajando con las distintas empresas de distribución y transmisión eléctrica, generando planes para evitar este tipo de delitos bajo criterios de prevención y control.
El robo de cables de cobre y otros elementos de telecomunicaciones no sólo implica que personas queden sin suministro eléctrico y la interrupción de servicios de telecomunicaciones, sino que hay otra serie de trastornos asociados a estas prácticas, porque en ocasiones esto obliga a suspender en los sectores afectados las atenciones de salud, educación, servicios bancarios, semáforos o cajeros automáticos. A la Asociación Chilena de Telecomunicaciones también le preocupa el aumento de un mercado negro organizado en torno a la venta y exportación de cables de cobre, acciones concretadas gracias a un sofisticado modos de operar de las bandas delictuales, lo que requiere redoblar los esfuerzos para atracar estos ilícitos.
Por este tipo de ilícitos, en la zona se formó el año pasado una mesa regional de prevención y control del robo de conductores eléctricos, considerando que en 2021 hubo un repunte de estos hechos.