Por Felipe Cuevas Mora

El 2 de agosto de 2014, el Ministerio del Interior firmó el decreto que creaba las zonas especiales de Rezago para dar priorización a la entrega de recursos y focalización de iniciativas -como un plan piloto a ocho años- entre las cuales se consideraban las siete comunas de la provincia de Arauco: Tirúa, Cañete, Contulmo, Lebu, Curanilahue, Los Álamos y Arauco.

A fines de julio, cuando el plan especial completaba su trabajo tras ocho años, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) informó que gracias a un ajuste reglamentario, la iniciativa se prorrogará hasta mediados de 2024, argumentando en palabras del subsecretario Miguel Crispi, que "existe una necesidad de que el plan se haga cargo con sus particularidades especiales. Desde que asumimos, tuvimos una visión de prorrogar este programa que queremos pensar hacia el futuro, con cambios metodológicos".

Junto con ello, otra de las razones que fundamentó la decisión de prorrogar el plan fue la falta de efectividad que tuvo en la ejecución de proyectos durante el periodo 2014-2022. Según datos entregados vía Ley de Transparencia desde el Gobierno Regional a este medio, solo 52 de las 193 iniciativas contempladas en el plan ya ejecutaron los montos asignados, y están en funcionamiento o prontas a culminar, mientras que otros 76 proyectos aún no inician su inversión.

En números, de los $437 mil millones destinados al plan de Zona de Rezago en Arauco, solo se han invertido $108 mil millones y en varios casos, los proyectos asociados se encuentran hoy en la cartera de arrastre del Gore Biobío.

Realidad dispar

Del listado de proyectos que el Gobierno Regional considera como terminados en su inversión al 5 de julio, hay varios que funcionan desde hace algunos años, como es el caso de el mejoramiento de la Costanera de Tirúa ($1.750 millones), el mejoramiento del estadio provincial de Atletismo de Lebu ($3.113 millones), el Servicio Médico Legal de Cañete ($1.796 millones) o la reposición del Liceo Polivalente Nahuelbuta de Contulmo ($3.274 millones), además del mejoramiento de caminos, servicios de salud como los Cescof de Antiquina en Cañete o Elicura en Contulmo y planes de apoyo a los productores y emprendedores de la zona en temas como el fortalecimiento a la industria turística, el cultivo de la papa y pesca.

Pero también hay otros proyectos que se encuentran en plena etapa de ejecución o próximos a ejecutarse como la construcción y habilitación del edificio consistorial de Lebu ($8.462).

Fuera de los 52 proyectos declarados por el Gobierno Regional con su ejecución terminada, los otros 141 cuentan con una realidad dispar: de ellos 43 se encuentran en ejecución con algún tipo de avance, otros 22 fueron desestimados y ya no serán contemplados en el plan, y 76 están en etapas preliminares a su ejecución.

De estos últimos, la mayoría forman parte de la cartera de arrastre que tiene hoy la Región del Biobío, y que en montos totales para la provincia de Arauco -incluyendo todas las iniciativas de inversión, entre ellas las del plan Zona de Rezago- alcanzan los $7.479 millones para este año.

Trabajo pendiente

En la sesión ordinaria de este miércoles del Consejo Regional, el gobernador Rodrigo Díaz informó la prórroga del plan para la provincia de Arauco, y también se dio el voto político para que la segunda zona de rezago en tramitación -que agrupa a 16 comunas de las provincias de Concepción y Biobío- considere también a la comuna de Lota.

Instancia que fue una de las que levantó junto al propio gobernador Díaz la necesidad de abordar una prórroga al plan de al menos dos años más. La consejera de la zona, Marcela Tiznado (UDI) calificó como una "acción de justicia social que el gobierno central haya confirmado su continuidad. Este es el resultado de lo que, en unidad, las autoridades y comunidades locales pueden lograr".

Además, lamentó que el plan tuviese una baja ejecución presupuestaria, e indicó que "los motivos están siendo evaluados, para que con los resultados logremos tomar decisiones y anteponerlos a futuras complicaciones. El foco que debe tener este nuevo plan debe estar primero en que su diseño y elaboración debe generarse desde las bases y en terreno, incorporando a todos los actores y velar por su pertinencia, junto con fiscalizar su correcta ejecución durante todas las etapas".

Quien también jugará un rol relevante en el trabajo que viene es el propio Gobierno, por medio de la Delegación Provincial de Arauco y los distintos servicios para acompañar el trabajo hasta 2024. El delegado Humberto Toro explicó que el objetivo es mantener las mismas prioridades de la cumbre de Nahuelbuta que buscaba darle una vocación productiva a la provincia: turismo, desarrollo agropecuario y pesquero.

"El primer periodo fue ordenar la vocación productiva y los proyectos de cada cartera para potenciar esos ejes. La segunda etapa, en la que hubo un nuevo gobierno, buscaba establecer los proyectos que potenciaran este proyecto. Eso no prosperó, se dejó de invertir y hoy estamos complicados en las áreas prioritarias. Se invirtió en aspectos no relacionados con la vocación productiva y esa inversión no sirve", comentó quien fuera gobernador de Arauco entre 2014 y 2018, periodo en que arrancó el plan de Zona de Rezago.

52 proyectos de un total de 193 de la cartera de Zona de Rezago de Arauco se ejecutaron en el periodo 2014-2022

331 mil millones de pesos en proyectos para la provincia de Arauco no se han invertido, pese a ser parte del plan de rezago

Cuando restan poco más de dos semanas para la realización del Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre, avanzan una serie de coordinaciones para que se lleve adelante el proceso eleccionario, que en el Biobío contará con un millón 344 mil 181 electores habilitados para sufragar -ante lo cual se dispondrán 3.456 mesas en 288 locales de votación y 17.280 personas fueron convocadas como vocales-, uno de los puntos de mayor preocupación de las autoridades es alistar la coordinación en materia de transportes para garantizar el derecho al voto.

En esa materia, la delegada presidencial del Biobío Daniela Dresdner, indicó que "estamos trabajando con el Ministerio de Transportes para planificar un sistema asegurado. Aquí, sabemos que se puede contar con los transportes con subvención del Estado, pero también estamos trabajando en un plan junto a la Armada y las policías para entregar seguridad en esta fecha".

Además, aprovechó de recordar a la ciudadanía que los locales de votación cambiaron respecto a comicios anteriores.

"El Servicio Electoral cambió la mayoría de los domicilios, y les pedimos que revisen el lugar donde les toca votar, para que quedaran más cerca de los locales de las personas", enfatizó.

La delegada presidencial confirmó que en caso de que haya líneas de transporte licitado que no saquen los buses por jornada, se podrán cursar sanciones.

"Hay un plan que se está trabajando con Transportes y las empresas para asegurar la mejor conectividad de todas las personas. El trabajo está en desarrollo, y hacer valer contratos se hace constantemente", expuso la autoridad regional.

Vale recordar que en comicios anteriores, Transportes ha dispuesto más de 90 servicios especiales para el traslado de votantes durante la jornada en distintos puntos de la Región, fundamentalmente en zonas rurales, y además de que el servicio de Biotrén ha funcionado de manera gratuita.

La diputada del distrito 21 Karen Medina -del Partido de la Gente (PdG)- denunció haber recibido el Bono Invierno "Chile Apoya", por lo que envío un oficio al Ministerio de Desarrollo Social, ya que asegura que mediante el sistema no se puede devolver el dinero.

Medina, quien es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, aseguró que buscó la forma online de hacer la devolución del dinero, "pero no lo permite la página. Hicimos algunas llamadas telefónicas y no existe hoy ese procedimiento", agregando que "lo hicimos como lo haría cualquier persona que tuviera un problema".

La diputada manifestó su preocupación por "la forma o que criterios que usan ellos para elegir o seleccionar a las familias a las que se le están entregando estas ayudas sociales (…) Hoy día el gobierno está dando beneficios económicos a familias que no lo necesitan, y familias que están realmente desprotegidas están quedando fuera de esto", por lo que decidió oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para "pedir cuáles son los criterios que ellos usaron, los meses de corte y además para exigir un proceso de devolución cuando estos beneficios no corresponden".

La ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega indicó que "si estamos hablando de siete millones y medio de personas, un pequeño porcentaje puede significar que varias personas tengan esta situación, y ahí nosotros confiamos en el ciudadano".