Consejo de Gobernaciones, el factor de coordinación continuo entre el Ejecutivo y las regiones
Existe un consenso amplio entre expertos y actores políticos sobre la necesidad de contar con una instancia que estreche los espacios de diálogo entre el nivel central y los territorios. Algunos, incluso, advierten que falta dotar a esta posible nueva entidad con mayores facultades para que su marcha sea efectiva.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Corría julio de 2021 y los gobernadores regionales se instalaban en sus respectivos territorios con el afán de que la institucionalidad chilena pudiera por fin recoger los intereses particulares de cada región, algo que hasta esa fecha nunca había sucedido, al menos de una forma profunda. En lo concreto, los intendentes -autoridades previas que sucumbieron y se transformaron posteriormente en delegados presidenciales- se configuraban solo como representantes del Presidente de la República, escenario que coartó por largo tiempo los avances que aspiraban los impulsores del movimiento descentralizador. Por este motivo, y especialmente por su concepción democrática, los gobernadores pueden ser definidos hoy como un motor dentro de este nuevo contexto político.
El camino, sin embargo, continúa, pues el proyecto de nueva Constitución recoge el aporte de los gobernadores y crea, además, una instancia de encuentro que busca consolidar sus voces y establecer un contacto más fluido con el Ejecutivo. El Consejo de Gobernaciones se desarrolla en el artículo 230 del capítulo de Estado regional y organización territorial y plantea que la entidad estará compuesta por el Presidente de la República, quien liderará la instancia, y los gobernadores electos. Así, se pretende coordinar las relaciones entre la administración central y las entidades territoriales, "velando por el bienestar social y económico de la República en su conjunto", según reza el documento.
Ese mismo artículo expone siete facultades que tendría el Consejo en caso de que el texto sea visado por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre, en el plebiscito de salida. Dentro de las primeras atribuciones asoma el coordinar, complementar y colaborar en la ejecución de políticas públicas en las regiones, conducir la coordinación económica y presupuestaria entre el Ejecutivo y las regiones autónomas, o debatir sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, que afecten a los ámbitos competenciales estatal y regional, así como velar por el respeto de las autonomías de las entidades territoriales. Se suman el velar por la correcta aplicación de los principios de equidad, solidaridad y justicia territorial y de los mecanismos de compensación económica interterritorial, en conformidad con la Constitución y la ley, convocar encuentros sectoriales entre entidades territoriales, acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo para el estudio de asuntos de interés común, y otras competencias que establezcan la Constitución y la ley (ver infografía).
Es importante mencionar que la vigésima primera disposición transitoria de la propuesta indica que la primera sesión de este nuevo órgano se concretará durante los tres meses siguientes a la eventual entrada en vigencia de la nueva Constitución. En ese encuentro se deberían organizar y desarrollar progresivamente las facultades que la Carta Magna le confiere.
Ente coordinador
Actores ligados al movimiento descentralizador plantean que el espacio promete ser una oportunidad única para los territorios, en consideración de que a la fecha no existe una institución definitiva que estreche el diálogo entre los gobernadores y el Ejecutivo, a excepción del denominado "Foro para la Descentralización" que busca fomentar la conversación política y técnica entre los distintos sectores y niveles de gobierno con el objeto de concordar una hoja de ruta del proceso de transferencia de competencias. Si bien el foro es valorado por algunos expertos, advierten que este solo opera en un marco acotado de tiempo.
Desde la Fundación Chile Descentralizado sostienen que la medida expuesta en el proyecto constitucional es una idea que han venido planteando hace bastante tiempo y que su génesis representa "un enorme avance". "Esto existe constitucionalmente en la mayoría de los países con más autonomía subnacional que Chile. Aunque no es comparable, el caso español, por ejemplo, contiene instancias de coordinación entre las autonomías y el gobierno central. En este caso, que esté implícito en la Constitución, es un aporte a mejorar los niveles de coordinación entre la política pública subnacional y central, es decir, se obliga al gobierno de turno a generar este espacio de cooperación y diálogo", puntualiza Ismael Toloza, presidente nacional del organismo.
Según Toloza, la posible puesta en marcha de la medida lleva también a asegurar los acercamientos entre el gobierno de turno y los gobernadores, independiente del color político que cada uno tenga, y analizar una agenda que trascienda al tema de las competencias y en donde se aborden materias de "política más dura", como la eventual modificación de glosas presupuestarias en la Ley de Presupuestos para eficientar la ejecución del gasto subnacional o buscar nuevas alternativas de ejecución de gasto, "un aspecto vital para los gobiernos regionales y que está en las solicitudes que hoy levantan los gobernadores".
El profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), José Cisternas, cree que la creación de dicha entidad se enmarca dentro de una estructura que aspira dar autonomía a los territorios, aunque también apunta a la unidad del Estado. Ambos ejes, dice, ayudan a robustecer una adecuada coordinación entre el poder central y las regiones, acción que a la fecha no se lleva a la práctica por el actual diseño de Estado unitario, la fase incipiente que experimentan aún los gobernadores y la presencia de los delegados presidenciales.
"Esta es una instancia que el día de mañana, como habrá autonomía regional, apunta a que exista una coordinación para que el Estado central sepa cuáles son las necesidades de las regiones y se puedan efectuar los respectivos aportes económicos en cada una de ellas (…) El proyecto constitucional se construye mucho en base a autonomías comunales, regionales y de territorios indígenas y especiales, entonces este desarrollo transversal tiene que tener un ente o instancias coordinadoras, y el Consejo de Gobernaciones pretende coordinar el poder central y regional", precisa el académico.
Aspectos a mejorar
Pareciera haber un consenso marcado respecto a la necesidad de contar con este organismo, sobre todo en grupos regionalistas y actores del mundo político de izquierda y centroizquierda. Desde sectores de Chile Vamos coinciden de cierta manera y dicen que un consejo de estas características asoma "como un espacio necesario" dado que las gobernaciones regionales podrían asumir más competencias de las que tienen hasta ahora, algunas, incluso, de mayor exigencia.
Ahora bien, parte de este mismo sector advierte que las atribuciones otorgadas al Consejo de Gobernaciones en el proyecto constitucional son pocas. El exconvencional Luciano Silva (Independientes RN-Evópoli) cree que la redacción de la propuesta lleva a que el consejo en cuestión tenga una escuálida relevancia. "Las atribuciones que le entrega la norma son pocas y hasta no muy útiles, por eso no se ve muy sólido este órgano (…) Me parece que sí es necesario por el poder que asumen las gobernaciones, pero la norma es débil", critica.
Silva agrega que un punto al que se le pudo haber sacado mayor provecho dice relación con la facultad de convocar encuentros sectoriales entre entidades territoriales. A su juicio, aquí se establece que las "entidades territoriales" vendrían a ser solo el poder político que comprende a las comunas y regiones autónomas, o las autonomías territoriales indígenas, "pero bien pudiera haberse convocado a organizaciones de la sociedad civil, en específico, como grupos de agricultores o los industriales, quienes tienen parte en el desarrollo de la Región".
Desde la otra vereda, la exconvencional Vanessa Hoppe (Movimientos Sociales Constituyentes) analiza al órgano como un "buen ensamble" que permitirá que las decisiones de desarrollo o la implementación de políticas públicas -y aquellas que impliquen presupuesto- se tomen considerando la realidad de cada región y mediante un proceso estratégico que, además, velará por los objetivos de la región autónoma.
Según Hoppe, son varias las materias y tareas que podría asumir el Consejo de Gobernadores, siendo una de ellas el establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Por esto afirma que la instancia "será de suma importancia para la implementación de políticas públicas nacionales en el espectro regional, así como la coordinación económica y presupuestaria entre las regiones autónomas y la administración central, a fin de evitar la toma de decisiones por parte del gobierno nacional sin la debida consideración de la realidad, necesidades y requerimientos de los órganos regionales".