Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

El concepto de "asamblea regional" recién aparece en la página 74 del proyecto de nueva Constitución, aunque no por eso queda relegado entre las demás materias abordadas por los ya exconvencionales. De hecho, este órgano es una de las piezas fundamentales con la que se espera robustecer el poder de las regionales y la descentralización. En el artículo 222 se establece que la organización institucional de las denominadas regiones autónomas estará compuesta por un gobierno regional -ente que ya opera- y las asambleas regionales.

Similar a los actuales consejos regionales, las asambleas propuestas se definen como una institución colegiada de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador y de representación regional. Ambos, sin embargo, no funcionarán en paralelo, ya que se entiende que los primeros desaparecerán, pero en el marco de una reforma -o mejora- y siempre y cuando la nueva Carta Magna sea aprobada por la ciudadanía este 4 de septiembre.

En este último caso, será la ley la encargada de definir los requisitos generales para acceder al cargo de asambleísta regional y su número en proporción a la población regional. Quienes desempeñen el cargo ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo reelegirse de manera consecutiva solo una vez para el período inmediatamente siguiente. Así, y de acuerdo a las disposiciones transitorias del texto, se prevé que los asambleístas podrían ser elegidos de manera democrática en octubre de 2024, en conjunto a los gobernadores, de tal forma de iniciar sus funciones el 6 de enero del año siguiente.

Las funciones

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Rioseco, plantea que la gran mayoría de las competencias asociadas a los gobiernos regionales, que se componen por un gobernador y un consejo regional electos, no son muchas y no están reguladas en la actual Constitución. Por lo mismo, cree que la propuesta constitucional intenta hacer más robusto el modelo regional de Chile, especialmente desde una de las atribuciones que tendrían las asambleas regionales para presentar proyectos en materia de interés regional a la Cámara de las Regiones. Si este último ente las patrocina, serán ingresadas como moción ordinaria al Congreso.

Por esta y otras funciones, el decano reconoce que las asambleas tendrán más visibilidad que los actuales consejos regionales, "y la Cámara de las Regiones garantizará la igualdad entre las regiones a costa de la representación poblacional". Agrega que esto abre la posibilidad de que el legislador preste finalmente más atención a aquellas materias que son de interés regional. "No obstante, un peligro posible es que la asimetría existente entre las cámaras del Parlamento que se propone crear, junto con la remoción del Senado, también podrían terminar transformándose en un obstáculo al plan legislativo de las regiones", advierte.

Junto con la atribución de iniciar materias de interés regional en el trámite legislativo, las asambleas tendrás la facultad de solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en asuntos de interés de la región autónoma, fiscalizar los actos del gobierno regional de acuerdo con el procedimiento establecido en el estatuto regional, solicitar a la gobernadora o al gobernador regional rendir cuenta sobre su participación en el Consejo de Gobernaciones, aprobar, modificar o rechazar el presupuesto regional, el plan de desarrollo regional y los planes de ordenamiento territorial, pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales, o aprobar, a propuesta de la gobernadora o del gobernador regional y previa ratificación de la Cámara de las Regiones, la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales.

Aunque por un lado Jeanne Simon, docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción (UdeC) y miembro de la Red de Politólogas, precisa que este órgano puede entenderse como un "Consejo Regional 2.0", también dice que el cambio de nombre y su concepción se da con la intención de generar otro efecto, uno relacionado a instaurar a un nuevo actor que forme parte del proceso de descentralización que ya se va dando.

"Los convencionales buscaron establecer una nueva dinámica asociada a un poder legislativo a nivel regional", sostiene, razón por la que habría que entender a la Asamblea como un ente con mayores atribuciones que viene a fortalecer al Gobierno Regional y a introducir un componente de deliberación sobre lo que se quiere en la Región, "no solo de distribución de recursos".

Ahora bien, su éxito, dice, dependerá exclusivamente de la calidad de asambleístas que sean elegidos, "porque si seguimos con la misma política de siempre, esto no va a funcionar bien, por eso hay que originar un mayor interés en la ciudadanía sobre el rol de esta nueva figura".

Actuales consejeros

La mirada de los actuales consejeros regionales sobre la entidad propuesta es dispar. Por un lado, unos destacan su eventual llegada en favor del desarrollo de las regiones, mientras que otros argumentan que lo óptimo hubiese sido mantener al actual Consejo Regional "y no empezar desde cero" con otra institución. La consejera comunista Tania Concha es una de las representantes que dice estar en el primer grupo. Desde su punto de vista, aunque este espacio vendría a reemplazar a los consejos regionales, su puesta en marcha significaría, sin duda, un aporte a los territorios.

Lo más significativo, cree, tiene que ver con el trabajo que los asambleístas tendrán que asumir, pues se amplía el espectro que en estos momentos tienen los consejeros. "Vamos a tener que decir qué es lo que necesitamos para nuestra Región, porque el objetivo es que se recojan propuestas legislativas que tengan directa vinculación con los territorios, como la creación de una ley regional en relación a temas de impuestos cargados sobre territorios que han tenido una carga histórica de explotación, o de temas asociados al borde costero o a la educación", ejemplifica.

Las posibilidades que el organismo entrega hacen que la idea sea equivalente a una especie de parlamento regional, un mecanismo que sí se replica en otras partes del mundo, según Concha, quien, además, dice que la labor local será mucho más eficiente y eficaz si es llevada adelante por medio de esta vía inédita en Chile.

Al contrario, su par de Renovación Nacional Patricio Badilla se muestra más reacio al cambio propuesto por la disuelta Convención. "Soy de la idea de fortalecer lo que tenemos, pues hace muchos años nosotros estamos impulsando sacar inhabilidades, hacer los traspasos de competencias, dar más responsabilidades a los consejeros o tomar más decisiones respecto a las determinaciones regionales, pero si se comienza desde cero, no soy partidario", precisa.

Pese a que la propuesta define una serie de atribuciones para las asambleas -algunas similares a las que tienen hoy los consejos-, Badilla insiste en que "no hay ninguna seguridad" de que las asambleas velen por los intereses que produzca la propia Región y que su posible instauración significaría comenzar con otro proceso, "en donde los consejeros que tienen tres períodos no podrán ser candidatos como asambleístas, y eso indica que habrá más limitaciones de lo que nosotros creemos".

Sobre este último punto, el texto detalla que los consejeros que iniciaron su período en 2022 terminarán sus mandatos el 6 de enero de 2025, aunque también se establece que será la ley la que determinará los requisitos generales para acceder al cargo, así como su número en proporción a la población regional.