"Si gana el Rechazo, hay que llegar a la conciliación de elegir nuevos convencionales"
En su paso por la zona, abordó el rol del Ejecutivo sobre el proceso constituyente, el trabajo en el Congreso y respondió las críticas.
Giorgio Jackson es uno de los actores políticos más relevantes del actual Gobierno: junto con ser el ministro Secretario General de la Presidencia y haber sido uno de los fundadores de Revolución Democrática -partido ancla del Frente Amplio-, es una pieza clave en el armado del gabinete del Presidente Gabriel Boric.
En su primera visita a la Región, el secretario de Estado abordó la puesta en marcha del plan Gas a Precio Justo, pero también fue parte del inicio de la campaña del Ejecutivo "Chile Vota Informado", a cargo de difundir la propuesta de texto constitucional que se votará el 4 de septiembre.
En diálogo con Diario EL SUR, defendió el rol que ha jugado el Gobierno estas semanas en torno al proceso, y desdramatiza el carácter de "referéndum" que algunos sectores políticos buscan dar a votación que ocurrirá en seis semanas: "Las constituciones duran, o al menos deberían durar mucho más que un gobierno, y deben tener mecanismos para mejorarse, actualizarse o reformarse internamente según el debate democrático. No es verosímil la idea de que lo que se va a votar -y no creo que le haga mucho sentido a la gente- tenga que ver con un gobierno específico, menos aún a cuatro meses de haber asumido".
Junto con ello, pone el énfasis en que lo que se votará es un piso institucional de cara al futuro, y que "la invitación desde la campaña -que no es por ninguna de las dos opciones, sino porque la gente tenga conocimiento del texto- es sumar a que se genere mayor masa crítica a la hora de votar, para que la gente no solo vote por los temores o la desinformación, sino por el contenido real de la propuesta".
-¿Considera usted que al proceso constituyente le ha afectado que el espacio político que sostiene al Gobierno vaya por el Apruebo?
-Nuestro pacto de gobierno, que comprende al Socialismo Democrático y a Apruebo Dignidad, está en una sola postura respecto al Plebiscito, y son los partidos los encargados junto a sus liderazgos de encabezar las campañas como tal.
El Gobierno tiene una limitación administrativa en la cual para este Plebiscito en específico no puede emitir una opinión en el ejercicio de su cargo, a diferencia de los otros plebiscitos, donde la ley incluso fija espacios para estar en la franja. Estamos facultados y con el deber de poner a disposición el texto y combatir particularmente la desinformación, a través de Whatsapp, Facebook, o incluso por el volanteo con información que no está relacionada con lo que dice la propuesta. Eso le hace daño a la democracia y puede inducir al engaño.
-¿Fue una buena o mala decisión que el Presidente Boric diera a conocer públicamente el plan de La Moneda respecto a que hacer en caso de que gane el Rechazo?
-Inicialmente, el Gobierno dijo que éramos de la idea de esperar al 5 de septiembre para trabajar en el camino que pudiera unirnos como país. Sin embargo, los medios de comunicación y la oposición fueron muy insistentes en decir que el Gobierno debía entregar certezas respecto a los planes, y que no podía llegar a improvisarse.
Tras esa presión, llegó un momento en que el Presidente, fruto de una conversación en el seno del comité político y desde su liderazgo, planteó que el único camino que logra conciliar esta aparente contradicción -entre tener un plebiscito de entrada con un 78% a favor de tener una Nueva Constitución y un 80% a favor de tener un órgano electo para redactarla a partir de una hoja en blanco, y un plebiscito de salida donde se rechaza esta propuesta en un escenario hipotético-, es llegar a esta conciliación de decir que como Gobierno haremos una propuesta para iniciar un proceso de elección de nuevos convencionales, al menos bajo los mismos términos, considerando que es el único mandato popular que emanó de un plebiscito.
El Congreso estará a cargo de presentar una alternativa distinta o modificar la propuesta, pero sentimos que es la única alternativa que puede resolver este conflicto, que partió con el estallido social, en caso de que gane el Rechazo. En el caso que gane el Apruebo, el Presidente también dijo que estamos abiertos y disponibles a hacer los ajustes necesarios para apuntar a la consolidación de la convivencia democrática de nuestro país.
Agenda legislativa
Durante la última semana, el Ejecutivo sufrió un duro revés en el Congreso, con el rechazo al veto sustitutivo que ingresó para abordar el proyecto de Infraestructura Crítica como una solución complementaria a los estados de excepción en la Macrozona Sur.
Sobre el trabajo en Valparaíso, el ministro Jackson destacó que se ha podido dar una óptima tramitación a una serie de proyectos de ley -"hay proyectos muy relevantes como la reforma tributaria ahora, y el próximo mes esperamos dar anuncios en materia de la reforma de pensiones" -, pero reconoce que la situación actual de ambas cámaras donde el oficialismo no tiene mayoría, resulta ser una dificultad.
"Se generan dificultades adicionales de coordinación, a veces desconfianzas que se traen acumuladas, pero en estos meses hemos podido avanzar en muchos de esos desafíos con altos y bajos, avances y retrocesos en esa relación que se debe cultivar y espero decante en el futuro en una sola coalición, como ha dicho el Presidente", dice, para luego enfatizar en la necesidad de construir de confianzas permanentes en el oficialismo: "Lo que ocurre muchas veces es que las disputas que no están relacionadas con el contenido de los proyectos de ley. Tienen que ver con otra parte de la política que no es la política pública en sí, y terminan afectando el que podamos mejorar la calidad de vida de las personas".
-En la tramitación de los estados de excepción para la Macrozona Sur, por ejemplo, el Ejecutivo no cuenta con los votos de las diputadas de la zona María Candelaria Acevedo (PC) y Clara Sagardía (Ind.-CS), pese a que ambas son parte de las bancadas oficialistas.
-Es complejo, porque la agenda de este Gobierno relacionada con la Macrozona Sur siempre fue una relacionada con el diálogo, la política pública y una paz duradera. Y la verdad es que, el impulso inicial del Gobierno iba en la línea de retirar el estado de excepción, las visitas iniciales de la Ministra del Interior también, pero sufrieron reveses. Eso fue alterando la forma en que abordamos el conflicto en general: por un lado, político y por otro, de manera creciente, vemos que es un conflicto de crimen organizado, que no responde a las soluciones políticas en las que vamos a insistir, y el abandono de las comunidades rurales e indígenas respecto a la presencia del Estado.
El secretario de Estado apunta a que se debe contar con una base de seguridad en el territorio para implementar las soluciones de fondo, la cual se busca a través de los estados de excepción, que ratifica esperan no sean permanentes, "si no una medida excepcional".
"Eso lo hemos ido presentado ante el Congreso, y si bien los hemos logrado aprobar de manera creciente con apoyos dentro del oficialismo, entendemos que hay algunos parlamentarios que no han concurrido con su voto. Semana a semana intentamos persuadirlos para que sepan que este Gobierno no está ni por declararle la guerra a su pueblo, ni tolerar ninguna violación a los derechos humanos -lo que planteo tanto por traumas presentes como del pasado-, y estamos comprometidos lo contrario, con su defensa, promoción y dar garantías de no repetición", añadió.
-¿El plebiscito constitucional del 4 de septiembre condiciona la agenda legislativa?
-No. Inicialmente nos planteamos un escenario de primer y segundo tiempo marcado por el plebiscito, de hecho, pensábamos que la reforma de pensiones ingresaría después. Pero fueron los propios sectores de oposición, y algunos oficialistas, que dijeron que no podía esperar y era una urgencia. Hemos adelantado muchos procesos antes del plebiscito, pese a las críticas iniciales, y han ido funcionando, como, por ejemplo, lo del Gas a Precio Justo que presentamos esta semana.