A inicios de este mes, finalmente se concretó la presentación del Plan de Emergencia Habitacional, un insumo muy esperado por distintos sectores, pues será de aquí en adelante la ruta de navegación para enfrentar la crisis habitacional que vive el país, otorgando 260 mil soluciones al 2026, equivalentes al 40% del déficit. De éstas, alrededor de 18 mil soluciones se concentran en la región del Biobío.

Valoramos que el plan tenga un relevante énfasis en campamentos, situación que ha crecido fuertemente en los últimos años. Tal como señala el diagnóstico elaborado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, en la región del Biobío hay 167 campamentos, que equivalen a un total de 7.436 familias que viven en esta situación en nuestra región.

"Construyendo Barrios" es uno de los programas que contempla el Plan, el cual busca radicar aquellos asentamientos con factibilidad de desarrollar proyectos de solución habitacional o urbanización.

Desde Urbanismo Social hemos estado implementado algunas de estas iniciativas, como por ejemplo el caso del campamento Las Peñas en la comuna de Arauco, donde estamos desarrollando un plan de acompañamiento para las familias, a fin de trabajar en la definición de una estrategia habitacional definitiva para ellas. Creemos que es una de las vías que tenemos que fomentar también para poder dar solución a la crisis habitacional actual.

Pero el plan no sólo se enfoca en entregar soluciones materiales que exclusivamente se concentran en la vivienda. Al poseer un enfoque integral, también vela por entregar soluciones que respondan a las particularidades locales de cada territorio, a través de procesos participativos, favoreciendo la dignidad y permitiendo un mayor involucramiento de las comunidades. Esto se refleja, por ejemplo, en la creación de un Centro de Formación y Diálogo en Vivienda, Barrio y Ciudad a través del cual se capacitarán a dirigentes o también en la incorporación de Planes de Acompañamiento Social y Comunitario en nuevos programas habitacionales.

Desde luego, es un plan ambicioso que requiere una bajada de implementación regional y comunal, además de puntualizar el rol específico que tendrán otros actores claves como lo son las organizaciones sin fines de lucro y los propios municipios, que sin duda deben participar activamente en solucionar la crisis habitacional.

Entre los sectores público, privado y el mundo de las organizaciones civiles y territoriales, existe consenso en que la única forma de generar una política pública capaz de revertir la creciente brecha habitacional, es a través de acciones articuladas. Urge diversificar las formas de trabajo para encontrar soluciones más ágiles y pertinentes a cada caso particular y el Plan de Emergencia Habitacional recientemente lanzado, va en esa línea.

El mundo cambió, y no lo digo desde la arista de una nueva normalidad, sino, considerando que cada cierto tiempo hitos importantes marcan la historia. Esta vez, más allá de grandes revoluciones, fue una nueva generación la que definió la pauta a la que debemos responder. Quizás la falta de un hecho puntual ha retardado la adaptación, pero es innegable que estamos frente a las necesidades no cubiertas de la generación "millennials".

Incomprendidos, fueron catalogados, incluso desde el mundo empresarial, como una generación egoísta o ensimismada, incapaz de ver más allá de sus exigencias, como lo reflejó el año 2013, la portada de la revista Time con el titular 'The Me Me Me generation' (La generación del yo, yo, yo). Sin embargo, con el tiempo, los millennials enseñaron su mirada más optimista, su sensibilidad frente a temas sociales y su preocupación por el medioambiente, creando conciencia entre sus pares.

Las Instituciones de Educación Superior, estrechamente ligadas a nuevas generaciones, somos testigos directos de sus requerimientos y nos adaptamos para dar respuesta a las necesidades. Como Instituto Profesional, podemos accionar rápidamente en esa dirección y ofrecer carreras que respondan a la búsqueda de inmediatez y perfeccionamiento continuo, donde el saber hacer es la base formativa, pero no somos los únicos actores que participamos de esa ecuación.

En un par de años, el 75% de la fuerza laboral se considerará millennials, pero ¿está el mercado laboral preparado para recibirlos y retenerlos? Para la investigadora de la escuela de negocios de Barcelona EAE business School, Pilar Llácer, esta generación está forzando el cambio de paradigma en las empresas, no sólo a nivel de liderazgos, si no, en la cultura organizacional que debe orientarse a un fin más allá de la obtención y mantención de un puesto de trabajo. La fidelidad laboral, sin un propósito consecuente con los ideales de esta generación, más leal a sus intereses y valores que a una organización, ya queda en el pasado.

Las expectativas laborales de los millennials ya se mencionaban en el 2009 por los profesores Stein y Pin en su artículo publicado en "Harvard Deutso Business Review". Destacaba la valoración de más responsabilidades individuales y libertad para la toma de decisiones, aunque, a la vez, su disposición a la colaboración y trabajo en equipo; tanto como el aprecio a la horizontalidad de ambientes laborales que permitan una comunicación abierta con sus gestores y un feedback continuo a su rendimiento. Todo en un entorno agradable que fomente las relaciones sociales.

Ofrecer a esta generación los incentivos para conciliar vida y trabajo, siendo el tiempo un bien mayor, es una de las claves para retener el talento en las empresas y organizaciones. Recientemente, como institución, nos alegramos de aportar al mercado laboral más de 1500 nuevos técnicos y profesionales altamente capacitados para el desarrollo socio productivo del país, y es ese mercado el que debe abrazar el compromiso social y colaborativo de quienes nos han enseñado que hay mucho por hacer, y que es momento de accionar.

Una encuesta de LinkedIn señala que un 86% de los millennials aceptarían un recorte salarial para trabajar en una empresa que comparta sus valores…ya no se trata sólo de dinero, si no, de saber responder a las exigencias de los nuevos tiempos.

La Constitución de 1980 contiene los derechos fundamentales esencialmente en el capítulo III "De los derechos y deberes constitucionales". En materia de garantías a tales derechos, la constitución vigente se inclina, en general, por las de tipo jurisdiccional, esto es, mecanismos que se interponen ante tribunales de justicia para la protección de derechos. Tal es el caso de las acciones constitucionales de protección y el de amparo, como principales. La acción de protección ha sido una garantía largamente usada frente a vulneraciones de derechos. Si bien procede sólo respecto de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de un listado específico de derechos, mayormente vinculados a las libertades, la jurisprudencia de los tribunales superiores en Chile ha experimentado una notoria evolución, amparada fundamentalmente en el estatuto protector de la propiedad que resguarda el texto vigente. Así, bajo la idea de que las personas somos "dueñas" de derechos, la teoría de la "propietarización de los derechos" ha permitido tutela judicial efectiva en situaciones para las que el texto constitucional no alcanza en su tenor literal.

Como parte del capítulo II de la propuesta de nueva Constitución "Derechos Fundamentales y Garantías", se contienen también mecanismos de protección a los derechos fundamentales de tipo jurisdiccional, entre ellos, la acción de amparo y la acción de tutela de derechos fundamentales. Respecto de esta última, se plantean algunas diferencias con la acción de protección de derechos contenida en la Constitución de 1980. Algunas de estas diferencias son que procede respecto de todos los derechos fundamentales del catálogo, que se puede deducir mientras la vulneración persista y que en el caso de los derechos de pueblos indígenas puede ser deducida por instituciones representativas de tales pueblos, sus integrantes o la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la propuesta que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre considera con rango constitucional algunos organismos encargados de hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales de la población o de sectores de esta, lo que complementa la obligación general de los órganos del Estado de respetarlos y promoverlos. En concreto, hablamos de la citada Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de la Naturaleza. La segunda existe ya en Chile. Fue creada en el año 2018 con la Ley 21.067. De aprobarse la propuesta de texto constitucional, la primera y la tercera se crearían como órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionando desconcentradamente a través de defensorías regionales y constituyendo una novedad para el constitucionalismo chileno.

A través de una disposición transitoria se establece en la propuesta el plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de un nuevo texto para que el Presidente de la República presente un proyecto de ley que las regule, entendiéndose que la posible nueva Defensoría del Pueblo será la continuadora legal del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su función será la promoción y protección de los derechos humanos, ante los actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado y de las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estará a cargo de una defensora o defensor, designado por la mayoría de quienes integren el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna elaborada por organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma que determine la ley que la regule.