Por Mauricio Ávila Cárdenas

Transversalmente respetado como economista, Mario Marcel tiene el orgullo de haber sido nombrado presidente del Banco Central por Michelle Bachelet en 2016 y ratificado en el mismo cargo por Sebastián Piñera en 2021. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, el actual ministro de Hacienda es el responsable de que el programa de Gobierno de Gabriel Boric se pueda financiar.

Está consciente de que su nombre fue fundamental en marzo para dar credibilidad al manejo económico del Gobierno y por eso reconoce, en un cuestionario que aceptó contestar para este medio, que "la confianza es un activo muy importante para hacer políticas públicas, pero es algo que hay que cultivar todos los días y en todas las acciones. La confianza pública demanda compromiso y responsabilidad de sus depositarios". Y por eso el tema de esta conversación es la reforma tributaria recién anunciada por el Ejecutivo.

-¿Cómo se asegurará de que los beneficios de esta reforma repercutan en regiones, que los contribuyentes sientan que su calidad de vida mejora y las incertezas disminuyan?

-Un componente relevante de la reforma es avanzar en mayor equidad territorial. Por ello, parte de la recaudación del royalty estará destinada a las regiones como un ingreso permanente, lo que fortalecerá la institucionalidad regional. A ello se sumará una parte sustancial de la recaudación de los impuestos correctivos, entre ellos los impuestos verdes, todo ello bajo el principio de destinar a las regiones parte de la recaudación de impuestos que tengan una base territorial, ya sea por el lado de su origen o del uso de sus recursos. Además, durante el último trimestre se enviará el paquete correspondiente a rentas regionales para establecer nuevos ingresos -o la redistribución de otros- con un criterio regional. Nuestra perspectiva es que una vez aprobados todos los cambios de la reforma, los ingresos de los gobiernos regionales se dupliquen, y abrir la posibilidad a que puedan contar con fuentes de ingresos propias.

-¿El royalty minero tiene posibilidades de avance real en el Congreso? Incluye gravamen al uso de bienes comunes.

-Nuestro proyecto considera elementos del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y del proyecto aprobado por la Comisión de Minería del Senado. Es un proyecto razonable, que incrementa la carga tributaria, manteniendo las rentabilidades que los inversionistas consideran al momento de tomar sus decisiones de inversión y preservando la competitividad del sector minero.

-El mercado de capitales se declaró "en alerta" por el incremento al impuesto a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles, que pasan de 10% a 22%, y por el impuesto de primera categoría a las personas jurídicas al repartir utilidades de fondos de inversión públicos. ¿Cómo contrarrestará esta ventaja que dejará de tener la inversión en acciones nacionales, por ejemplo?

-Creemos que no hay razones para distinguir entre utilidades y ganancias de capital como ingresos del capital de las personas naturales y si estos fueran gravados de manera distinta probablemente se generarían incentivos a la elusión. Es im- portante destacar, sin embargo, que los inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, mantendrán la exención. En el caso de los fondos de inversión, lo que se busca es impedir el diferimiento permanente del impuesto de primera categoría que se produce cuando los fondos de inversión distribuyen la utilidad hacia sociedades de inversión. La eliminación de esta exención fue recomendada por la comisión de exenciones convocada por el exministro Briones porque permite concentrar el beneficio tributario solo a nivel de los fondos públicos.

-¿Cómo define clase media el Gobierno y cuál es este grupo en Chile, en número y características principales? ¿Se verá afectada por la reforma?

-Esta reforma tributaria no afectará a la clase media, sino que la beneficiará. Se introducen dos nuevas deducciones contra impuestos finales a los cuales podrán acceder las personas. La primera, corresponde a la deducción en arriendos con un tope deducible de aproximadamente $450.000 y, la segunda, en materia de cuidado de menores de dos años y personas con dependencia severa cuyo tope es de $550.000, aproximadamente, ambos considerados como gastos mensuales. Así, por ejemplo, una persona que gana $1.200.000 mensuales y que paga un arriendo de $450.000 podrá descontarlo de su base imponible, con lo que quedará en el tramo exento (menor a $770.000), por lo que ya no deberá pagar impuestos. Por otro lado, solo las personas que ganan más de $4.000.000 verán un incremento de las tasas de impuestos personales. De esta forma, solo el 3% de la población -aquellos de mayores ingresos-terminará pagando mayores impuestos en el Global Complementario.

-¿Por qué una persona de clase media no tendría el derecho de arrendar su segunda vivienda sin pagar un nuevo impuesto? ¿Qué le devolverá a cambio el Estado? ¿No es un nuevo castigo a la clase media?

-La reforma obviamente no le impide a un propietario arrendar una vivienda, pero eso no quiere decir que este tenga un "derecho a no pagar impuestos". En Chile, como en todos los países, los ciudadanos deben pagar los impuestos que determine la ley, en la medida que no se apliquen de modo discrecional o desproporcionado. En particular, los ingresos provenientes de arriendos siempre han sido gravados con impuesto a la renta, como cualquier otro ingreso. La exención estaba en arriendos de viviendas DFL 2, por tanto, lo que estamos haciendo ahora solo es la aplicación de la norma general. En todo caso, es importante destacar que estos ingresos están afectos al impuesto global complementario, que tiene una tasa progresiva. Eso hace que los eventuales efectos en mayores impuestos sean más bien acotados. En cuanto a los eventuales beneficios, es importante destacar que los impuestos no son una transacción, sino que una obligación legal o cívica. Sin perjuicio de ello, los impuestos deben formar parte de un "contrato social" con la ciudadanía, donde el Estado se compromete a usar los recursos de acuerdo a las prioridades sociales y hacerlo con transparencia y eficiencia. Entre los usos de los recursos recaudados vía impuestos están la educación, la salud, la infraestructura... Por ejemplo, cuando todos accedimos a vacunación gratuita contra el Covid-19, hicimos uso de vacunas y servicios financiados por el estado.

-Varios sectores piden también pensar en los adultos mayores. Muchos justamente, ante jubilaciones muy exiguas, por no decir de miseria, tienen precisamente una entrada única para sostenerse, con un arriendo de su propiedad.

-Un adulto mayor cuyo único o principal ingreso sea el arriendo de un inmueble, probablemente quedará dentro del tramo exento del impuesto, por tanto, no verá incrementada su carga tributaria. Incluso, si tuviera ingresos por un millón de pesos anuales, quedaría sujeto a un impuesto cercano a los $8.000 mensuales, es decir una tasa de 0,8%. Por otro lado, el que su arrendatario pueda deducir el arriendo de su base imponible generará un incentivo a que efectivamente pague el arriendo, lo que sin duda beneficiará al propietario. Evitar que ese adulto mayor deje de percibir el arriendo por un solo mes más que compensa el impuesto que deberá pagar.

-Aumentar tributos puede derivar en que la economía pierda dinamismo. ¿Cómo piensa contrarrestarlo? La economista Michelle Labbé señaló que "más allá del poético fraseo", la reforma no tiene instrumentos que "hagan crecer la torta", dificultando el crecimiento, la inversión. ¿Peligra el inventivo a la inversión, versus la meta de recaudación? La UDI en el Congreso ya advirtió sobre este punto y no son pocas las voces que indican que hay evidencia de que estos impuestos recaudan poco.

-Todo lo contrario, la reforma incluye incentivos a la productividad, a través de la denominada tasa de desarrollo (de 2%). Esta podrá deducirse del impuesto de primera categoría (con lo que este bajaría a 25%) cuando la empresa realice desembolsos con un componente de productividad, por ejemplo, gastos en inversión y desarrollo, en la adquisición de manufactura y servicios de alta tecnología, en certificaciones ISO. En cuanto a la recaudación, confiamos en los estudios y estimaciones que ha realizado el equipo de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos.

-Richard von Appen, presidente de la Sofofa, calificó como "impresentable" en la reforma la ausencia de medidas proinversión, proproductividad y sin metas sobre eficiencia de gasto. La comparó incluso con la de Bachelet II, "una mala reforma", a su juicio.

-El jueves tuvimos la oportunidad de conversar con Richard von Appen sobre este punto, durante la reunión que se realizó con todas las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio. Junto con explicar más en detalle la Tasa de Desarrollo que se propone que pueda ser usada por las empresas para invertir en mejoras de productividad, expusimos sobre las medidas que queremos aplicar del lado del gasto, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto público y darle a éste mayor estabilidad. También informamos a Richard y los demás dirigentes del avance en la agenda de productividad en la que está trabajando el Gobierno. Estoy seguro que su apreciación cambió bastante después de esto.

-Distintas voces en la economía local y gremios como la Sonami se preguntan si acaso es el mejor momento para impulsar la reforma, sobre todo por su ambición, la más grande en este siglo. Aún hay pandemia, temor a recesión global, crisis de suministros, alimentaria y de insumos, incertidumbre política, una guerra en desenlace, crisis climática, entre otros.

-Retrasar el ingreso de la reforma tributaria hubiera ido justamente en el sentido de incrementar la incertidumbre. Con el proyecto en conocimiento y luego de su aprobación existirá certeza para todos los actores de mercado. Además, debe considerarse que este proyecto considera una implementación gradual para permitir un tránsito ordenado y el aprendizaje de los actores del sistema y que recién comenzará a recaudar el año 2024, cuando muy probablemente ya estemos en una coyuntura económica muy distinta.

-¿Le satisface cómo quedó el artículo relativo al Banco Central en el proyecto de Constitución?

-Hubo mucho temor de que la nueva Constitución podría terminar con la autonomía del Banco y eso no ocurrió. Se mantienen los objetivos de velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos y que el banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Otro tema muy relevante es que se mantiene la prohibición de otorgar créditos o adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Más aún, en relación al ordenamiento actual, varias de estas normas suben su status jurídico, al pasar de una ley orgánica a la propia Constitución.

-Si gana el Rechazo, ¿corre peligro la reforma, alguna parte de ella?

-La reforma no está ligada en ninguno de sus componentes al resultado del plebiscito. De todas formas, las normas tributarias en el proyecto de reforma constitucional no modifican el régimen actual en cuanto a que las leyes son de aquellas que requieren la concurrencia del Presidente de la República.

-Si se aprueba la Constitución hay varias nuevas instituciones estatales. Considerando que este Gobierno tendría el mandato de comenzar a implementarla, ¿hay un cálculo de cuánto más deberá gastar el Estado en sí mismo?

-El texto propuesto incluye la creación de nuevas instituciones, pero reconoce que estas pueden surgir de adecuaciones, separaciones o fusiones de las existentes, por lo que los costos incrementales de crear estas instituciones deberán analizarse caso a caso. En todo caso, debería aclararse que estas instituciones no se proponen para "gastar en el Estado", sino para prestar servicios, ejercer regulaciones o garantizar derechos a la ciudadanía.

-Si no se aprueba la reforma tal como viene y pierde alguno de sus pilares, ¿usted da un paso al costado? ¿Hay consenso entre las fuerzas políticas detrás del Gobierno para llevarla adelante?

-La reforma es el resultado de un proceso que se inició en abril con los diálogos sociales para luego dar espacio a un trabajo prelegislativo con diversos actores. Ahora comienza el proceso legislativo y el resultado final será el fruto de este proceso. Desde el Gobierno y particularmente como Ministerio de Hacienda estamos disponibles para lograr los acuerdos que nos permitan otorgar nuevo pacto fiscal que le entregue mayor estabilidad y legitimidad al sistema tributario, permitiendo al mismo tiempo financiar otras reformas estructurales necesarias para el país y el bienestar de las personas. Esta reforma no se está haciendo para el lucimiento de una persona, de un ministerio o una coalición, sino para tener un sistema tributario más justo para el país, que genere recursos para impulsar el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.