Por Diana Aros Aros

El Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) elaboró un nuevo boletín en conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. El informe presenta la caracterización sociodemográfica de quienes pertenecen a algún pueblo originario y participan en el mercado del trabajo de la Región del Biobío.

Respecto a las cifras, las que más destacan corresponden a informalidad laboral y a las brechas salariales respecto de trabajadores que no pertenecen a ningún pueblo indígena. Los datos fueron extraídos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2020 y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del mismo año, las que arrojaron que el 8% de la fuerza laboral en el Biobío se declara perteneciente a algún pueblo originario. Esto equivale a 54.726 personas ocupadas, de los cuales el 94% se reconoce como mapuche.

En cuanto a la caracterización de la ocupación, el 37,5% del grupo en cuestión declara desempeñarse en una ocupación informal, es decir, una cifra 11,5 puntos porcentuales más elevada que la informalidad en trabajadores no pertenecientes a algún pueblo originario.

El director del Observatorio Laboral del Sence Biobío, Luis Méndez, explicó que esta diferencia se debe a los niveles de desigualdad existentes en el territorio. "La educación y la formación son factores que potencian lo anterior, pero que sus grados de cantidad y calidad no han llegado a todos por igual (...) Para el caso de Chile, y de manera histórica, se han visto afectados por grados importantes de discriminación", señaló Méndez.

Diferencias salariales

Según el estudio, los trabajadores que pertenecen a pueblos originarios perciben un salario menor respecto de aquellos que no pertenecen, existiendo una diferencia de -22,8%. Por ejemplo, quienes son de pueblos indígenas pueden obtener en la zona ingresos de $430.734, mientras que quienes no pertenecen pueden ver incrementado su sueldo a $558.270. Así, la diferencia es de $-127.537.

No obstante, la brecha salarial por sexo para ocupados que pertenecen a pueblos originarios en Biobío se situó en -38,7% en desmedro de las mujeres. Así, hombres de este grupo perciben en promedio $521.439, mientras que las mujeres reciben $319.400, generando una diferencia de -$202.038.

Según señaló el también académico de la Universidad del Bío-Bío, esto se debe a que "la discriminación explica de modo importante la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y también entre personas de diferente origen étnico. Si esta se aplica en el acceso a diferentes niveles educacionales y de formación, los grados de desigualdad serán mayores".

Sectores económicos

En el informe del Observatorio Laboral se advierte además que dos de cada tres personas ocupadas pertenecientes a pueblos originarios trabajó en el sector terciario de servicios, dentro del cual el sector de servicios sociales y personales concentra el 23% del total de trabajadores de este grupo, lo que corresponde a un total de 30.489 personas.

La distribución de los sectores económicos para la población de pueblos indígenas en la Región del Biobío a 2020 es 67,5% en el sector primario, 11,9% en el secundario y 20,7% en el terciario.

Respecto a la categoría ocupacional, los asalariados privados concentraron la mayor cantidad de ocupados pertenecientes a pueblos originarios, con un total de 19.145 personas. Símil situación presentan los ocupados que no pertenecen a un pueblo originario, con 286.437 personas asalariadas privadas en la Región.

Uno de los grupos ocupacionales donde se desempeña una gran cantidad de personas pertenecientes a pueblos originarios son los trabajadores de ocupaciones elementales, quienes concentran el 17,4% del total de ocupados.

A través de un documento subido al Panel Técnico de Concesiones, con fecha 17 de junio, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) respondió a la discrepancia realizada por la Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A., en atención al eventual impacto financiero causado en pandemia.

Según se lee en el informe, la cartera ministerial mostró su negativa a la solicitud del operador del terminal aéreo. La sociedad pide a la entidad técnica que recomiende una compensación de 268.669 UF, algo así como US$ 10 millones, que podría ser por pago directo o la prolongación del contrato por 18 meses, entre otras alternativas.

El MOP plantea en el informe que "demostraremos que, en este caso, la baja en la demanda de pasajeros por un período aproximado de dos años, que ya cesó, en un contrato que dura 15 años, en ningún caso habilita para modificar el contrato en los términos pretendidos por la concesionaria".

En la misma línea, el órgano ministerial añadió que "se debe señalar con respecto a la afirmación de la concesionaria que sus expectativas respecto a la demanda de pasajeros, en nada obligan a esta parte, mucho menos a una eventual compensación".

Asimismo, se explica que parte del alegato se apega al contrato estipulado, ya que se dispone que la concesionaria percibirá como única compensación los beneficios expresamente indicados en el documento firmado, además de señalar que el MOP ha operado de manera colaborativa en el proceso, pese a las acusaciones de la concesionaria de actuar en contra de la buena fe.

Conflicto

El conflicto se hizo público luego de que el pasado 27 de mayo la firma presentara sus inquietudes al Panel de Concesiones, proceso que dio origen a una discrepancia de carácter técnico y económico con el Ministerio. Desde la Sociedad Concesionaria Carriel Sur S.A. indicaron posteriormente que debido a la crisis fueron "lesionados fuertemente en nuestro contrato", a lo que añadieron que el MOP tuvo una posición de no hacerse responsable de la situación.

El Panel ya acordó un programa de trabajo para el análisis de esta discrepancia, resolviendo con ello una fecha para la audiencia pública. La instancia se desarrollará este 28 de junio a través de una videoconferencia y allí se espera que acudan los representantes de ambas partes para profundizar sus argumentos.

Respecto al proceso, es posible que el panel logre encauzar el conflicto, aunque hay que tener presente que su pronunciamiento no es vinculante. La respuesta podría ser conocida hacia finales de julio, según indicaron desde el MOP semanas atrás.

Diario EL SUR tomó contacto con el equipo del seremi Hugo Cautivo para profundizar sobre el rechazo ministerial a la compensación solicitada por la concesionaria de Carriel Sur. Sin embargo, la autoridad declinó entregar mayores detalles mientras la situación se mantenga en revisión por parte del Panel de Técnico de Concesiones.

Álvaro Ananías, cofundador de la empresa de soluciones digitales Genesys, fue reelegido como presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, según la decisión unánime del directorio de la multigremial. Así, el empresario penquista asumiría por segunda vez el cargo por el período 2022-2023.

Al respecto, Ananías dijo estar "contento por poder trabajar en CPC Biobío y por esforzarnos en conseguir los resultados que nos mueven a todos los que estamos aquí. Ojalá los podamos conseguir el año que continuamos".

En la oportunidad también se ratificó a la mesa directiva que acompañó al presidente durante su primer mandato, por lo que el gerente general de Innergy, Nelson Donoso, se mantiene como primer vicepresidente; David Fernández, gerente general de Fepasa, como segundo vicepresidente; y Sergio Echeverría, gerente zonal de Transbank, como tesorero. En tanto, Michelle Prater, gerente general de Puerto Coronel, y Jorge Sabag, vicerrector de la Universidad San Sebastián, asumieron formalmente como nuevos directores durante el período 2022-2024.