Por Diana Aros Aros

El pasado miércoles la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas sesionó para analizar el conflicto que involucra a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y a la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub), a raíz de presuntas prácticas antisindicales de las cuales sería responsable la estatal. En la instancia participó la actual presidenta del directorio, Gloria Maldonado, quien por primera vez se refirió a la situación y a las medidas que están gestionando.

Maldonado indicó que lo que se está viviendo con Fenatrasub, quienes llevan 39 días de huelga, ha sido una oportunidad para construir una relación de confianza con trabajadores y afirmó que durante mayo realizaron encuentros con otras federaciones contratistas de la empresa, con el objetivo de construir una ruta de trabajo que busque potenciar la participación de los subcontratados.

Asimismo, sostuvo que "personalmente he solicitado que se inicie un proceso de revisión integral de todos los acuerdos marco y que se fortalezca el trabajo con las distintas federaciones. Estamos hoy pronto a iniciar un proceso de diagnóstico y construcción de propuesta, que esperamos sean muy útiles para construir un futuro mejor junto a nuestros trabajadores".

Posible comisión investigadora

En la comisión también participó el ministro de Energía, Claudio Huepe, y el diputado Leonidas Romero (IND-REP), quien cuestionó algunos dichos de Maldonado. "Hay una serie de irregularidades que usted desconoce, hay muchas cosas que destapar", dijo el parlamentario, a la vez que agregó que ya tiene apoyo para iniciar una comisión investigadora.

Tras la discusión de Maldonado y Romero, el ministro Huepe intervino para señalar que algunos acuerdos no se le pueden solicitar a la empresa petrolera, porque eso corresponde a las contratistas. "Enap por supuesto que ha ayudado mucho. Ha tratado de tener una buena relación con sus contratistas y tiene este acuerdo marco que es fundamental para establecer un marco de relación con los trabajadores (…) Pero estamos hablando de empresas distintas", sentenció.

Respecto a la comisión investigadora que se pide para analizar la situación interna de la firma, el presidente de Fenatrasub, Víctor Sepúlveda, realizó un llamado a los parlamentarios: "Solicitamos que nos ayuden con la firma del documento de la comisión investigadora a Enap presentada por el diputado Romero para investigar las prácticas antisindicales al interior de la empresa y así poder solucionar sobresueldos, pagos abusivos de viáticos y la nefasta disposición de Enap para reabrir un acuerdo marco impuesto a los trabajadores subcontratados".

Consejo regional

El conflicto de la estatal y trabajadores contratistas ha llegado a diversas autoridades. Fue así que durante un encuentro de la comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional se abordó el Plan de Desarrollo de la Enap, instancia en la que se discutieron diversos temas que involucran a la empresa, incluyendo el de los subcontratados.

En el informe emitido por la comisión se indica que "es importante que la empresa trabaje en materias sensibles como la situación laboral de los trabajadores, incluso quienes presentan demandas como son los subcontratados".

El consejero y presidente de la instancia, Rodrigo Vera, detalló que "nosotros le pedimos que tenían que abordar las medidas de la imagen corporativa de una empresa estatal frente a lo que está ocurriendo con los subcontratistas".

Con el objetivo de potenciar a las pymes de Chiguayante en su proceso de modernización, la Universidad San Sebastián (USS) desarrollará dos proyectos de Vinculación con el Medio. En concreto, se trata de las iniciativas de Revitalización de la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de la comuna, y Clínica de Gestión: un aprendizaje bidireccional FEN USS-Fecomtur Biobío.

En la revitalización de la cámara de comercio participarán 80 estudiantes de las carreras de Ingeniería Comercial y Trabajo Social, quienes realizarán un diagnóstico sobre los niveles de gestión. Asimismo, entregarán herramientas para que las pymes puedan potenciarse.

Sobre la otra iniciativa, la líder de estos proyectos colaborativos, Paula Quiñones, detalló que intervendrán las carreras de Ingeniería Comercial y Enfermería. "Se desarrollará un diagnóstico de, por ejemplo, la situación mental de los integrantes de las pymes para luego realizar un taller de prevención en cuidado mental para ayudar en la toma de decisiones", puntualizó.

Ambos proyectos se enmarcan en el FIC Market Place Biobío, iniciativa liderada por la carrera de Ingeniería Comercial USS Concepción, que acompañará a los empresarios durante su proceso de transformación digital.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Chiguayante, Víctor Costa, dijo que "queremos crecer en conjunto y cuidar el medioambiente. Tenemos potenciales enormes como el río Biobío, el cerro Manquimávida y el Parque Nacional Nonguén. También hay desafíos en nuestro comercio establecido para formalizar a los emprendedores y atraerlos a nuestro gremio".

El director de Ingeniería Comercial, Luis Felipe Slier, destacó que este proyecto no solo aportará a la educación de los estudiantes, sino que responderá a las necesidades del comercio local a través de diferentes herramientas.

"Les agradezco a cada uno de los comerciantes por compartir este proceso formativo, ya que para nosotros es de vital importancia que nuestros estudiantes aprendan de ustedes", indicó el directivo académico.

En síntesis, la propuesta de la nueva Constitución establece, en su artículo 13, el Derecho a la Seguridad Social, indicando que será una la ley la que deberá establecer un Sistema de Seguridad Social Público, entregando al Estado la definición de las políticas de seguridad social y que el financiamiento del sistema se efectuará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias.

Estas ideas son radicalmente opuestas a la actual Constitución, la cual establece que las instituciones de seguridad social pueden ser públicas o privadas, que la ley establecerá el sistema de cotizaciones y que el Estado tiene una función de supervigilancia.

De una lectura somera, uno podría concluir que la propuesta viene a eliminar toda participación de los privados en la gestión y administración de la seguridad social. Claramente, nuestra primera idea sería que la Convención quiere la eliminación completa de lo privados en la administración de nuestro sistema previsional, como si fueran los grandes pecadores del problema que se viene arrastrando de hace años. Pareciera que los privados fueran los responsables de que el sistema no cumpla las expectativas que tenemos.

Sin embargo, la existencia de privados en nuestra seguridad social no es propio ni exclusivo de nuestra actual carta fundamental. En efecto, las cajas de compensación familiar fueron creadas por empleadores en el año 1953 y, por su parte, las mutuales de seguridad de accidentes del trabajo, trayecto y enfermedades profesionales nacen en 1950, siendo instituciones privadas sin fines de lucro.

No puede negarse el aporte que han tenido ambas instituciones en el desarrollo de la seguridad social en Chile. Las primeras con beneficios para sus afiliados, como capacitaciones, descuentos en diferentes instituciones, recreación y el muy utilizado crédito social por un sinnúmero de trabajadores. Y las mutuales, con campañas de prevención, hospitales o clínicas y prestaciones médicas completas.

De este modo habría que peguntarnos si se debe eliminar a todos los justos por algunos que creemos que son pecadores.

Sin embargo, en una lectura más profunda de la propuesta de la Convención podría concluirse que no se está negando la participación de privados en la nueva Constitución. En efecto, solo se está obligando a que debe dictarse una ley que debe establecer un sistema de seguridad social, pero no está exigiendo que la administración de este sistema deba ser estatal. Lo que puede interpretarse es que estaría permitiendo la participación de privados e, incluso, que el Estado solo mantuviera un rol de supervigilancia como ocurre con la actual Constitución.

En todo caso, lo que es más llamativo, y a pesar de ser fuente de diversas críticas durante muchos años, es que este borrador no excluye ni elimina la utilidad que algunos privados obtienen con la administración que efectúan de la respectiva institución de seguridad social.

José Antonio Santander,

abogado y académico Seguridad Social UCSC