Sin duda que el proceso llevado adelante por la Convención Constitucional (CC) en nuestro país ha tenido de todo. Como expresión de ejercicio democrático sí, es innegable que ella es una legítima expresión de esta, dado que su inicio y posterior trabajo han sido fruto de una elección donde los chilenos y chilenas en su momento votamos rechazo o apruebo, ganando como sabemos esta segunda opción.

Pese a ello, no ha sido nada de fácil el despliegue y desarrollo de su trabajo. Peor aún, diría yo, esta instancia ha venido a intensificar las divisiones y peleas entre los chilenos, con miradas y visiones dicotómicas, donde dependiendo del lado de la vereda en que me encuentre, algunos son los malos y otros los buenos. Se han exacerbado las divisiones y la polarización abunda y está a la orden del día.

La encuesta Plaza Pública Cadem del 29 de abril pasado, arrojó que el 46% de los votantes rechazaría el texto que propongan los convencionales en contraposición a un 36% que si estarían de acuerdo con aprobarla, asimismo, desde la perspectiva de la confianza también los resultados nos indican que una mayoría del 56% de las personas le tienen "poco o nada de confianza" a la CC.

Este escenario no le hace bien al trabajo de los constituyentes y tampoco a Chile. Hemos tenido que verlos -quizás- en la mayoría de las ocasiones más bien entregando explicaciones que difundiendo el arduo trabajo realizado. Muchos juzgan y se increpan furiosamente, las odiosidades desbordan las redes sociales y ya hay grupos organizados que marchan en días fijos defendiendo o atacando, donde la violencia a la vez ha empañado con hechos de sangre estas manifestaciones. Ya hemos conocido bastante de la calidad del trabajo que están realizando los convencionales y es muy importante informarse de ello, para que desde ahora mismo ir tomando una posición.

Pero será el domingo 4 de septiembre de 2022, cuando se realice el "Plebiscito Constitucional de Salida", la instancia en la que los ciudadanos a través de las urnas deberemos hablar y con fuerza. Serán las urnas, donde cada uno deberá enfrentarse a una papeleta para votar Apruebo o Rechazo al texto constitucional propuesto por la CC.

Por eso partir invitando tan luego, pero tan cerca de la fecha, a asistir y votar en dicha instancia, es quizás el llamado más importante. Está muy bien discutir y debatir con la fuerza de las ideas y los argumentos, jamás con violencia ni odio, pero debe ser en las urnas donde se oiga nuestra voz como Chile democrático, con gran fuerza y ojalá una participación ciudadana que nos permita entender que su resultado será tan legítimo como representativo de la ciudadanía. En esta ocasión, además, el voto obligatorio podría darnos al respecto esperanzas. El "temple" que resulte de este proceso nos acompañará para siempre, ese día de septiembre vamos a fraguar la próxima historia que queremos seguir escribiendo, con su voto y un lápiz podremos decidir cómo serán sus próximas líneas.

La consulta ciudadana online #DecideBiobío sobre congestión vehicular y transporte público que se realizará desde el 27 de mayo al 2 de junio, reviste un giro político estratégico para la región. Al finalizar este proceso democrático, podremos conocer la opinión de las personas sobre una posible restricción vehicular transitoria, su evaluación del transporte público y, finalmente, se invitará a soñar con alternativas de nuevos medios de transporte que representen anhelos de mejora.

Sin duda, las inversiones en materia de infraestructura y transporte público distan de lo que una región como la nuestra aspira. La comparación con la capital es inevitable, ya que Santiago no se cansa de proyectar y ejecutar más y más líneas de metro, ferrocarriles de cercanía y corredores eléctricos. Salta entonces a la vista la necesidad de alzar una voz ciudadana regional que nos ayude a revertir la evidente disparidad en la asignación de recursos públicos. También es relevante disminuir los tiempos de tramitación de las iniciativas y, finalmente, poner en el tapete las descoordinaciones entre los distintos servicios que deben entregar las soluciones: MOP, EFE, Serviu, Minvu, Concesiones y Transporte.

En ese sentido, la aparición de este nuevo Gobierno Regional electo y empoderado a través de la participación ciudadana, ofrece una esperanza que, apoyada en el sentir de los habitantes de la región, pueda atraer recursos humanos y financieros frescos (en el presupuesto 2022, el GORE solo representa un 4% del gasto público en la región).

Adicionalmente, el Gobernador Regional Rodrigo Díaz ya ha anunciado la solicitud de nuevas competencias en la materia. Por ejemplo, SECTRA (Programa de Vialidad y Transporte Urbano que hoy depende del Ministerio de Transporte) debe ser, en nuestra mirada, la unidad regional preinversional por excelencia, formulando una carta de navegación alineada con la Estrategia Regional de Desarrollo, que ancle la planificación del territorio a través de un plan de gestión de movilidad e inversión en infraestructura de corto, medio y largo plazo financiado por el Gobierno Central y gestionado localmente.

Necesitamos que las personas de la región participen de este proceso. Acá no hay respuestas buenas ni malas. Lo que realmente buscamos es demandar, con una sola voz, que el Gobierno de Chile ponga arriba de la mesa un plan de acción intersectorial con recursos, plazos, objetivos e hitos asociados que fijen condiciones objetivas en la línea de superar la emergencia vial que enfrentamos. Nuestras demandas de mejor conectividad y calidad de vida, tienen hoy la oportunidad de ser escuchados. La invitación está hecha. Depende de nosotros ocupar esta instancia para empezar a forjar un futuro mejor.

Un año ha transcurrido desde la elección de quienes integramos la Convención Constitucional y el plazo para culminar nuestro trabajo está pronto a cumplirse.

Desde el período de nuestras campañas, muchas de quienes apostamos por un cambio de paradigma constitucional, lo hicimos con un programa que integraba los contenidos fundamentales que la ciudadanía manifestaba debían ser considerados por la Convención. Nada más que las demandas democráticas planteadas desde hace ya décadas, sin haberse concretado bajo el esquema de la Constitución actual. Muchos de estos temas hoy forman parte del señalado borrador de nueva Constitución.

Postulamos la necesidad de trabajar por una verdadera descentralización política de Chile, que contemplase más atribuciones, recursos y poder de decisión a las regiones. Ello hoy se concreta en una nueva definición del país como un Estado Regional, con regiones y comunas autónomas con mayor poder político, equidad y solidaridad entre ellas. Con más canales de participación de la ciudadanía y mecanismos de asignación de recursos que permitan financiar las políticas públicas a nivel territorial.

Otro de los objetivos fueron los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a una vida digna con nuevos paradigmas en educación, pensiones, vivienda, trabajo y salud. Hoy estos derechos se afianzarán con la definición de un Estado Social y Democrático de Derecho, comprometiendo a este en un rol activo de solución de problemáticas sociales.

Se impulsó la relevancia de la naturaleza, la protección de las aguas y el medio ambiente, junto con la garantía de mecanismos de acceso justo a estos elementos, asegurando la sustentabilidad de los mismos. Por primera vez en nuestra historia se considerarán constitucionalmente temas relacionados con la naturaleza, el reconocimiento de principios ambientales, los derechos de las personas y los derechos de la propia naturaleza, considerando una defensoría propia, la Agencia Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca.

Por último, la propia paridad de la Convención revelaba el objetivo de consagrar la perspectiva de género y la igualdad sustantiva para las mujeres. Hoy, el borrador contempla como principios transversales el enfoque de género y la democracia paritaria, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, expresándose tanto en disposiciones de fondo, como en mecanismos formales de elección de autoridades, la protección de derechos y medidas afirmativas que permitan concretar toda esta perspectiva.

Las comisiones de Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo, de cara al cierre de nuestro trabajo, darán un paso a la formulación de un proyecto que contemple de manera sistematizada todas estas temáticas. Aquellos programas y campañas se multiplicaron con el esfuerzo y voluntad de todas y todos, permitiéndonos avanzar en tan importantes materias. Pronto estas se encontrarán nuevamente en manos de la ciudadanía, quien definirá los destinos de nuestro ordenamiento constitucional.