Medidas inmediatas
Entre los proyectos que piden considerar los legisladores de la zona, están los de infraestructura crítica, la tipificación de delito del tráfico de madera y uno de usurpaciones de terrenos forestales.
Uno de los puntos que forma parte del acuerdo alcanzado entre La Moneda y los gremios de camioneros y contratistas forestales este jueves tiene relación con que sea el Parlamento quien legisle en aquellos temas críticos, a través de un acuerdo entre ambos poderes en un periodo de dos semanas.
En particular, el acuerdo contempla un proyecto de ley de reforma constitucional que crea los "estados de excepción intermedios" que permitan que efectivos de las Fuerzas Armadas resguarden las rutas al calificarlas como infraestructura estratégica.
Los parlamentarios locales plantearon como necesario mejorar el diálogo con el Ejecutivo, junto con revisar los proyectos de ley que ya han iniciado su tramitación y poner el foco en discutir iniciativas asociadas a la seguridad en las rutas, modernización de las policías y dotar de más herramientas a la Fiscalía para abordar las querellas.
El senador UDI Enrique van Rysselberghe valoró la propuesta de los trabajadores forestales -que considera declarar a las carreteras como infraestructura crítica- y dijo que "si el Gobierno presenta una propuesta, contaría con todo nuestro apoyo, pero implica una reforma legal que podría demorar varios meses en el Congreso. Creo que dada la emergencia de seguridad que se vive en la macrozona y la provincia de Arauco, el Gobierno debe priorizar medidas de aplicación inmediata y para eso, ya existe el estado de excepción constitucional que podría implementarse de forma inmediata".
Su par de Evópoli, Sebastián Keitel puso el énfasis en que el Ejecutivo no ha tenido un sentido de urgencia para abordar el escenario en la macrozona: "Nos dijeron que el período de instalación había terminado, pero siguen sin llegar proyectos que se hagan cargo de restablecer el estado de derecho en la macrozona. La ciudadanía no puede seguir esperando frente a la indolencia de las autoridades, por eso es fundamental que impulsen las iniciativas que ya están en el Congreso y que buscan enfrentar el conflicto que tenemos en la zona".
Además, mencionó que entre los proyectos de ley que se podrían reactivar para dar respuesta a las demandas de los gremios está el de usurpaciones de terrenos, el que tipifica como delito el robo de madera o el de infraestructura crítica.
"Llamo al Presidente Boric a entender de que este es un tema de Estado, no es de izquierdas ni derechas. Aquí estamos hablando de personas que necesitan vivir en paz, y si eso significar impulsar proyectos de la administración anterior, debe hacerlo, porque su primer compromiso es con los chilenos, no con su partido político", planteó.
El senador PS Gastón Saavedra en tanto, expuso que "en el Parlamento debemos asumir nuestro rol, y el Ejecutivo debe enviar, como se ha dicho, un proyecto de ley que permita la protección y restablecer el estado de derecho en la zona. Se habla de resguardar la infraestructura crítica, caminos, cables de alta tensión, lugares productivos, pero sobre todo donde habitan las personas. Nosotros tenemos la disposición para legislar, y colaborar con el gobierno".
Además, el legislador dijo que "la otra tarea es el diálogo, pero con contenido, para solucionar situaciones complejas que se arrastran por décadas. Como el traspaso de terrenos, las inversiones públicas, apoyar a la agricultura y actividades que se desarrollan, inversiones en salud y educación junto con la inclusión social, para tener una zona en paz y avanzar en bienestar".
AGENDA LEGISLATIVA
El diputado republicano por el distrito 21, Cristóbal Urruticoechea planteó que "debemos impulsar un paquete de iniciativas legales que contribuyan a restablecer con prontitud la paz en la Macrozona Sur, y que permita a los camioneros y contratistas forestales realizar sus trabajos con total libertad y seguridad".
El jefe de bancada del partido de oposición dijo estar convencido de "aprobar cuanto antes el proyecto de modernización del sistema de inteligencia del Estado. Además, se requiere actualizar la legislación procesal penal con el fin de garantizar que las fuerzas policiales cuenten con las herramientas y atribuciones necesarias para combatir a los violentistas".
Su par de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez en tanto dijo que además del proyecto de estados intermedios, "le pido al Ejecutivo que ponga urgencia al proyecto de ley de infraestructura crítica que está en comisión mixta, y en su último trámite".
La diputada del Partido de la Gente por el distrito 21, Karen Medina comentó que "es necesario un plan del Ejecutivo para que las policías tengan la tecnología necesaria para su labor. Sé que el Senado está pidiendo ver el tema de la seguridad en las carreteras, pero espero que sea el Gobierno el que reaccione y que se comprometa con la gente para resolver esto. Llevamos cuatro años entrando y saliendo de estados de excepción y la violencia no se detiene".
Los diputados UDI Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Marlene Pérez presentaron esta semana también un proyecto de ley que define como infraestructura crítica a las carreteras, caminos, autopistas, accesos a rutas y otros servicios de utilidad pública, a fin de permitir el empleo de Fuerzas Armadas en la protección y resguardo de dichos servicios.
"La gente necesita seguridad y poco le importan los temas ideológicos. Este proyecto piensa en las personas, y lo primero es que se pide dar celeridad al proyecto de infraestructura crítica. Como complemento, ingresamos este proyecto para que se consideren las rutas donde la vida de las personas ha sido afectada", comentó Weisse.
Consultada la diputada Clara Sagardía (CS) señaló que aún no se toma una postura clara desde el oficialismo respecto a cómo afrontar desde el Parlamento las propuestas que han levantado otras bancadas, los gremios e incluso el propio Ejecutivo.