Proyecto de amnistía para detenidos del estallido social abre debate entre senadores
Mientras el socialista Gastón Saavedra adelanta su aprobación, Enrique van Rysselberghe (UDI) y Sebastián Keitel (Evópoli) muestran su total rechazo a la medida.
Restan algunos días para que el Senado ponga en votación el polémico proyecto de amnistía, iniciativa que, según el propio ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, busca "cerrar heridas" del estallido social que vivió el país en los últimos meses de 2019. A inicios de la semana pasada se informó que el Ejecutivo y la Cámara Alta continuarán las negociaciones. Esto, a fin de alcanzar los 26 votos mínimos que permitirían ayudar a parte de los denominados "presos de la revuelta".
Si bien el plan contaba con suma urgencia -que obligaba a votar en un plazo de 15 días-, este miércoles aquella medida venció.
Y, aunque desde La Moneda han precisado que la iniciativa hoy es más acotada, transversal y que no beneficiará a las personas detenidas por cometer saqueos, su posible análisis sigue causando debate, especialmente en los parlamentarios locales que deberán atender la acción en una primera instancia.
A la espera de este escenario, los senadores Gastón Saavedra (PS), Enrique van Rysselberghe (UDI) y Sebastián Keitel (Evópoli) entregan sus apreciaciones respecto al asunto, elevando aún más las diferencias de sus respectivos bloques políticos.
Saber diferenciar
"Este un proyecto que viene a despejar una serie de cuestiones que está pendiente y que provoca desencuentros, dificultades y protestas. Por lo tanto, se trata de aplacar esta situación, sobre todo de aquellos presos que están en prisión preventiva por largo tiempo y que son juzgados por la Ley de Seguridad Interior del Estado", explica el senador Saavedra.
El legislador agrega que es vital que el Presidente de la República, por medio de una ley, tenga la facultad de "indultar a quienes están presos por razones ideológicas". "El Partido Socialista votará a favor, porque no nos hemos negado y vamos a respaldar la iniciativa del Gobierno. Lo único que pedimos es que tengamos cautela y haya un trabajo prelegislativo, de tal manera de que esto no sea un fracaso", puntualiza.
La clave para llegar a buen puerto, dice, es que la medida se apegue a las situaciones que tienen que ver con la Ley de Seguridad Interior, "porque la gente que quemó, robó o hizo otro tipo de cosas está siendo juzgada por leyes comunas, y ahí es otro el panorama (…) No quisiéramos generar un precedente maligno para la sociedad si no somos capaces de diferenciar los delitos comunes de los que tienen carácter ideológico".
Tarea de la justicia
Al contrario del senador socialista, su par Enrique van Rysselberghe insiste en que su tienda política desde un principio ha mostrado rechazo a una idea que pretende dar amnistía a personas que cometieron delitos en el contexto del proceso que se vivió a partir de octubre de 2019. "No nos parece adecuado ni sano para la estabilidad política del país que se quiera imponer la impunidad frente a graves delitos cometidos contra la propiedad y las personas. Como bancada vamos a votar en contra de esta iniciativa, tal como lo hemos dicho desde el primer día", sostiene el parlamentario.
Añade que lo más preocupante es dejar instalado en la ciudadanía el concepto de impunidad. Por eso, dice, "creo que cometemos un error como sociedad al hacer creer a la gente que existen 'buenas razones' para no responder ante la justicia por distintos tipos de delitos. No debemos sorprendernos si en unos meses más comienzan a pedir nuevas amnistías o perdonazos para otros graves episodios y delitos específicos".
A juicio de Van Rysselberghe, el camino en este caso está claro, pues "debe ser la justicia quien defina la culpabilidad o no de los imputados. Eso es lo que corresponde a todo ciudadano en una democracia".
Mala señal política
En una misma línea, el ex atleta Sebastián Keitel remarca que todo esto significa "un insulto para las verdaderas víctimas (del estallido social)". En concreto, el senador Evópoli enfatiza que quienes saquearon a comerciantes locales, vandalizaron espacios públicos o cometieron delitos de incendio "tienen que pagar y no se les puede dar un perdonazo (…) La justicia tiene que actuar con independencia en nuestro país y perseguir con todas las herramientas de la ley a los delincuentes".
Para Keitel los puntos que más preocupación provocan tienen que ver, principalmente, con una negativa señal política de impunidad. A eso suma la interferencia que podría producirse al incidir en materias que corresponden a los tribunales y la revictimización que podrían enfrentar los dueños de negocios que vieron vandalizadas sus empresas. "Eso afecta la confianza en nuestras instituciones y hace que el día de mañana la gente no crea en la justicia", plantea.
Consultado por algún elemento rescatable del proyecto de ley, Keitel asegura que no hay ninguno.
"Nunca estaré del lado de los delincuentes, ni mucho menos estaré a favor de la impunidad ni los perdonazos. El Estado tiene una deuda pendiente con las verdaderas víctimas, que son los emprendedores de nuestro país a quienes les arrebataron sus sueños, y con ellos estará siempre mi compromiso como senador de la Región", afirma.