Por Redacción

Un día después de aprobar la definición de Chile como "Estado regional, plurinacional e intercultural" en el primer artículo de la nueva Carta Magna que elabora la Convención Constitucional, la Comisión de Forma de Estado visó una iniciativa que busca crear Asambleas Legislativas Regionales para reemplazar los actuales Consejos Regionales.

De acuerdo con el texto, que avanzó al Pleno y necesita 2/3 de los convencionales para aprobarse, "la Asamblea Legislativa Regional es el órgano de representación popular, colegiado, autónomo, plurinacional y paritario, dotado de potestades legislativas, resolutivas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y las leyes".

Los asambleístas regionales, que serán elegidos por cuatro años en votación ciudadana, deberán crear leyes regionales que "procurarán suprimir los obstáculos que impidan la plena igualdad en el goce de derechos, en la vida social, cultural y económica, tomando en cuenta especialmente la diversidad geográfica y cultural, la igualdad y la lucha contra la violencia de género, la igualdad de las diversidades de género y sexuales, la existencia de Pueblos Originarios y las acciones afirmativas necesarias para el goce de derechos de individuos o grupos históricamente marginados".

COMPETENCIAS Y GOBIERNO

Las competencias de este nuevo organismo "serán consultivas, participativas e incidentes respecto de las estrategias de desarrollo y financiamiento regional, instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, Presupuesto Regional Anual, y otras reguladas por el Estatuto Regional. La Constitución y la ley establecerán las bases de los mecanismos y procedimientos de participación popular, velando por un involucramiento efectivo de las personas y sus organizaciones dentro de la Región Autónoma".

Entre las competencias de la Región Autónoma están "crear, modificar y suprimir contribuciones especiales y tasas, o establecer beneficios tributarios respecto de estas, dentro de su territorio", "crear empresas públicas regionales en conformidad a los procedimientos regulados en la Constitución y en la legislación respectiva", "la administración del dominio público minero y de las aguas existentes en el territorio de la Región Autónoma" y "aprobar, mediando procesos de participación ciudadana, los planes de descontaminación ambientales de la Región Autónoma".

En los artículos aprobados se mantuvo la figura del gobernador regional, quien deberá representar a la "Región Autónoma ante las demás autoridades nacionales e internacionales, en el marco de la política nacional de relaciones internacionales, con funciones de coordinación e intermediación entre el gobierno central y la región".

La forma de elección del gobernador se mantendrá: por la mayoría de los votos válidamente emitidos en elección cada cuatro años y con segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance el 40% de los sufragios.

Otra innovación entre lo que se visó es la creación de un "Consejo de Alcaldes y Alcaldesas", órgano de carácter "consultivo" que estará integrado de alcaldes de todas las comunas de la región y ciudades respectivas. Su fin será "abordar las problemáticas de la región autónoma, promover una coordinación efectiva entre los distintos órganos con presencia regional y fomentar una cooperación eficaz entre los gobiernos locales".

SIN CONSENSO

Jeniffer Mella (ind-CS), coordinadora de la Comisión, explicó que "hemos propuesto que los consejeros regionales y el Consejo Regional se transformen en un CORE 2.0, que ya no solo tenga estas poquitas atribuciones de aprobar o rechazar asignación de fondos sin iniciativa".

"Queremos que esto sea un verdadero colegislador regional en aquellos servicios que la comisión unánimemente considera que deben ser descentralizados, por ejemplo, vivienda, medio ambiente, proyectos de obras públicas, crear empresas públicas a nivel regional o a nivel comunal", agregó.

Opuesta fue la reacción de Álvaro Jofré (RN): "Hoy el Consejo Regional está con camisa de fuerza y necesita una iniciativa reglamentaria, pero no atributos legislativos. Legislar y crear empresas públicas como se ha propuesto podría dar para que cada región decida crear zonas francas".

Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, dijo estar consciente de que el organismo trabaja contra el tiempo, por lo que debe hacer todo lo posible por cumplir los plazos y evacuar un texto que sea sometido a un plebiscito de salida: la fecha límite es el 4 de julio.

Por ello emplazó a sus compañeros en a discutir y avanzar en las iniciativas que tienen opciones de ser aprobadas por los 2/3 de los votos y desechar aquellas que no tengan posibilidades.

El lunes en la noche, la mesa de la Convención conversó, a puertas cerradas, con representantes de los colectivos acerca del estrecho margen de tiempo que resta para analizar y votar más de 1.200 propuestas de norma. Dicha cita, dijo Domínguez, "buscaba establecer las estrategias necesarias para poder cumplir las tareas que hay que hacer en el plazo y tiempo establecidos".

En Radio Cooperativa, el convencional subrayó que "tenemos que hacer todos los esfuerzos existentes para cumplir los plazos, porque nuestro cronograma está hecho y aprobado, zanjado y sacramentado desde hace varios meses".

Aprovechar el tiempo, añadió, "implica por ejemplo que si nosotros vemos que hay iniciativas, independiente del contenido o de quien la presenta, que tienen muy poca probabilidad de encontrar éxito en el Pleno, es mejor dedicarnos a discutir las que sí tienen posibilidad de flotar, concentrarnos en esas y mejorarlas. De esa manera, el trabajo será más eficiente".

"Quedan nueve semanas y media para que las comisiones temáticas se cierren e hicimos presente que todas las iniciativas que tenemos hay que resolverlas. Para lograr eso, hay que ponerse de acuerdo", agregó el también médico.