Municipios destacan mayores facultades que otorga la nueva ley de comercio ilegal
La nueva legislación promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, incluye mayores herramientas para los municipios, policías y el Servicio de Impuestos Internos.
Como en una legislación en línea con el trabajo en desarrollo, así calificaron los municipios de Concepción y Talcahuano la reciente ley promulgada por el Ejecutivo que sanciona y regula el comercio ilegal, también llamado comercio ambulante, que constantemente generan una serie de incomodidades, problemas y conflictos en los polos comerciales de las principales ciudades del país.
La nueva normativa establece que se aplicarán sanciones para los delitos que contemplen la falsificación o copia de obras, marcas y productos, la comercialización de objetos robados o de origen clandestino, a quienes eludan el pago de impuestos, entre otros aspectos que desencadenan la situación más visible, que son las personas instaladas vendiendo diferentes artículos en pleno paseo peatonal en Concepción o disminuyendo el espacio en bermas como en Talcahuano.
Al respecto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, manifestó que la nueva norma "brinda más herramientas a policías y a otros entes que deben actuar en la materia y toda medida que contribuya a dar una solución a esta problemática siempre será muy bienvenida". A esto, agregó que los detalles de la ley están siendo analizados por el equipo jurídico del municipio para identificar y aclarar los alcances prácticos.
Por su parte, el director de seguridad pública de la Municipalidad de Talcahuano, Óscar Muñoz, coincidió con Ortiz en cuanto a la entrega de herramientas, pero también destacó la entrega de mayores atribuciones a los municipios, al Servicio de Impuestos Internos, las policías y los jueces de Garantía, a través de los cuales se busca dar con el fondo del comercio ilegal.
Al respecto sostuvo que busca aplicar "mejores mecanismos para dar con este tipo de delito, como falsificar cuando los comerciantes no logran acreditar la procedencia de los bienes. En ese sentido creemos que la ley está bien formulada, además muy en línea con lo que ya viene desarrollando la municipalidad de Talcahuano hace algunos años, liderado por el alcalde Henry Campos".
En tanto, Ortiz agregó a esta valoración que la Dirección de Seguridad Pública del municipio penquista ya solicitó una reunión a la Delegación Presidencial y a los demás entes que participan en la mesa de Comercio Legal para revisar la nueva normativa y cómo influirá en el trabajo intersectorial de este año 2022, ante las diversas dudas de su puesta en marcha.
MEDIDAS PREVIAS
Desde ambos municipios indicaron que la nueva norma avanza en la dirección que las administraciones locales han adoptado ante la problemática que implica para la ciudadanía el comercio ilegal por su masiva instalación en los polos comerciales, sobre todo, desde que inició la pandemia.
Muñoz recordó que en 2021 en Talcahuano se aprobó una ordenanza que se encuentra en proceso de implementación que ya contempla aspectos de la nueva ley. Así destacó aspectos como "la creación de un registro de comerciantes ambulantes, establecer límites geográficos, dónde se puede dar este tipo de comercio ambulante", además de que han realizado intervenciones en la comunidad y campañas para concientizar a la población a no comprar estos artículos a vendedores ilegales, ya que pueden acarrear consigo una serie de otros delitos.
Ortiz, por su parte, indicó que "lo que ya venimos realizando hasta ahora es fiscalizar en el marco de la ordenanza que existe, establecer un catastro de las personas que cuentan con permiso municipal, participar constantemente en reuniones de coordinación para generar operativos permanentes. Incluso en el caso de la comuna de Concepción, multando a las personas que son sorprendidas comprando al comercio ilegal, etc.".
NUEVA NORMATIVA
La legislación promulgada este lunes por el presidente Piñera incluye una serie de disposiciones tendientes al control del comercio ilegal, que hasta hace poco constituía solo una falta que los municipios podían sancionar a través de multas. De esta forma, la ley aplicará sanciones a personas que se asocien para cometer distintos delitos o faltas a la propiedad intelectual, siendo aún más estricta con los jefes de las asociaciones ilícitas.
También se entregarán atribuciones a los jueces de Garantía con previa solicitud del Ministerio Público, para autorizar que los productos ilegales circulen por el territorio nacional bajo vigilancia para individualizar y detener a los responsables y prevenir el uso de las especies, con colaboración del Servicio Nacional de Aduanas.
Las policías, inspectores municipales y funcionarios autorizados del SII podrán fiscalizar al comercio ambulante o establecido, facultados para comprobar los permisos municipales o sanitarios y documentos que acrediten el origen de los productos. El Ministerio del Interior, las gobernaciones y municipalidades podrán hacerse parte de los procesos que estas operaciones desencadenen.
Además, los municipios deberán establecer vía ordenanza lugares habilitados para el comercio ambulante con al menos un sistema único de identificación personal con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer el comercio. Igualmente se sancionará la reincidencia con mayor severidad.