Por Karlyng Silva Leal

Como en una legislación en línea con el trabajo en desarrollo, así calificaron los municipios de Concepción y Talcahuano la reciente ley promulgada por el Ejecutivo que sanciona y regula el comercio ilegal, también llamado comercio ambulante, que constantemente generan una serie de incomodidades, problemas y conflictos en los polos comerciales de las principales ciudades del país.

La nueva normativa establece que se aplicarán sanciones para los delitos que contemplen la falsificación o copia de obras, marcas y productos, la comercialización de objetos robados o de origen clandestino, a quienes eludan el pago de impuestos, entre otros aspectos que desencadenan la situación más visible, que son las personas instaladas vendiendo diferentes artículos en pleno paseo peatonal en Concepción o disminuyendo el espacio en bermas como en Talcahuano.

Al respecto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, manifestó que la nueva norma "brinda más herramientas a policías y a otros entes que deben actuar en la materia y toda medida que contribuya a dar una solución a esta problemática siempre será muy bienvenida". A esto, agregó que los detalles de la ley están siendo analizados por el equipo jurídico del municipio para identificar y aclarar los alcances prácticos.

Por su parte, el director de seguridad pública de la Municipalidad de Talcahuano, Óscar Muñoz, coincidió con Ortiz en cuanto a la entrega de herramientas, pero también destacó la entrega de mayores atribuciones a los municipios, al Servicio de Impuestos Internos, las policías y los jueces de Garantía, a través de los cuales se busca dar con el fondo del comercio ilegal.

Al respecto sostuvo que busca aplicar "mejores mecanismos para dar con este tipo de delito, como falsificar cuando los comerciantes no logran acreditar la procedencia de los bienes. En ese sentido creemos que la ley está bien formulada, además muy en línea con lo que ya viene desarrollando la municipalidad de Talcahuano hace algunos años, liderado por el alcalde Henry Campos".

En tanto, Ortiz agregó a esta valoración que la Dirección de Seguridad Pública del municipio penquista ya solicitó una reunión a la Delegación Presidencial y a los demás entes que participan en la mesa de Comercio Legal para revisar la nueva normativa y cómo influirá en el trabajo intersectorial de este año 2022, ante las diversas dudas de su puesta en marcha.

MEDIDAS PREVIAS

Desde ambos municipios indicaron que la nueva norma avanza en la dirección que las administraciones locales han adoptado ante la problemática que implica para la ciudadanía el comercio ilegal por su masiva instalación en los polos comerciales, sobre todo, desde que inició la pandemia.

Muñoz recordó que en 2021 en Talcahuano se aprobó una ordenanza que se encuentra en proceso de implementación que ya contempla aspectos de la nueva ley. Así destacó aspectos como "la creación de un registro de comerciantes ambulantes, establecer límites geográficos, dónde se puede dar este tipo de comercio ambulante", además de que han realizado intervenciones en la comunidad y campañas para concientizar a la población a no comprar estos artículos a vendedores ilegales, ya que pueden acarrear consigo una serie de otros delitos.

Ortiz, por su parte, indicó que "lo que ya venimos realizando hasta ahora es fiscalizar en el marco de la ordenanza que existe, establecer un catastro de las personas que cuentan con permiso municipal, participar constantemente en reuniones de coordinación para generar operativos permanentes. Incluso en el caso de la comuna de Concepción, multando a las personas que son sorprendidas comprando al comercio ilegal, etc.".

NUEVA NORMATIVA

La legislación promulgada este lunes por el presidente Piñera incluye una serie de disposiciones tendientes al control del comercio ilegal, que hasta hace poco constituía solo una falta que los municipios podían sancionar a través de multas. De esta forma, la ley aplicará sanciones a personas que se asocien para cometer distintos delitos o faltas a la propiedad intelectual, siendo aún más estricta con los jefes de las asociaciones ilícitas.

También se entregarán atribuciones a los jueces de Garantía con previa solicitud del Ministerio Público, para autorizar que los productos ilegales circulen por el territorio nacional bajo vigilancia para individualizar y detener a los responsables y prevenir el uso de las especies, con colaboración del Servicio Nacional de Aduanas.

Las policías, inspectores municipales y funcionarios autorizados del SII podrán fiscalizar al comercio ambulante o establecido, facultados para comprobar los permisos municipales o sanitarios y documentos que acrediten el origen de los productos. El Ministerio del Interior, las gobernaciones y municipalidades podrán hacerse parte de los procesos que estas operaciones desencadenen.

Además, los municipios deberán establecer vía ordenanza lugares habilitados para el comercio ambulante con al menos un sistema único de identificación personal con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer el comercio. Igualmente se sancionará la reincidencia con mayor severidad.

Organizaciones sociales ligadas a los DD.HH. se manifestaron ayer en contra de la determinación de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Carlos Peyrin, primer condenado por los hechos ocurridos tras el 18 de octubre de 2019, luego que le fuera revocado el beneficio de libertad condicional. Por ello, la defensa recurrió ahora a la Corte Suprema.

El abogado Esteban Arévalo indicó que tras la negativa de la corte penquista al recurso de amparo que presentaron como defensa, apelaron a ante la Corte Suprema por la situación. "Nuestros argumentos para apelar son, fundamentalmente, que los incumplimientos parciales a una parte del plan de intervención que son la asistencia a ciertos talleres no constituyen un incumplimiento de una gravedad tal como para poder revocar el beneficio de la libertad condicional", detalló.

Peyrin cumplió un total de 14 meses en prisión efectiva, tras lo cual accedió a la libertad condicional, medida que requiere su asistencia a controles con la delegada de libertad condicional, así como talleres contemplados en el plan de intervención, a los cuales faltó, según apela la defensa, por motivos laborales, ya que al quedar en libertad consiguió trabajo en el rubro de la construcción.

APOYO

La diputada electa, María Candelaria Acevedo (PC) participó en la manifestación fuera del palacio de Tribunales junto a las organizaciones Mujeres Unidas contra la Impunidad, Coordinadora provincial de DD.HH., Urdiendo Memoria, así como a los familiares de Carlos Peyrin, de los jóvenes imputados en el caso de daños a la Universidad de Concepción y a la concejala penquista Olimpia Riveros , indicando que continuarán apoyando a los denominados presos de la revuelta.

"Nos parece de suma importancia que no se tomen en cuenta las pruebas o las situaciones ocurridas respecto a la revocación de la prisión preventiva. Nosotros seguimos solidarizando con la familia, con todos los presos políticos de la revuelta y por ende nuestro trabajo será en función de cómo podemos aportar, apoyar a que se pueda llegar a la libertad de Carlos Peyrin, no solo de él, sino que, de todos los compañeros y compañeras del estallido social, por lo menos de la octava región", manifestó.

La futura parlamentario aseguró que más allá del delito por el que fue condenado Peyrin, calificó la remoción de la prisión preventiva como rara y excesiva, reiterando además que se ausentó a 3 o 4 talleres o reuniones mientras se mantenía vigente un contrato de trabajo.

La comuna de Santa Juana será beneficiada con la primera planta solar regenerativa de la región que permitirá la generación de energía eléctrica y beneficiar a la población que se ve habitualmente afectada por cortes de luz que tardan incluso días en solucionarse.

Se trata de un proyecto que incluye un diagnóstico territorial, planificación integral financiamiento y ejecución.

El diseño y el desarrollo de ingeniería tiene una asignación de cercana a los $140 mil millones, mientras que entre las características del proyecto destaca la inclusión energética a través de energía sostenible, recuperación del uso de suelo en cuanto al panorama de escases hídrica, fomento productivo y educativo.

La alcaldesa, Ana Albornoz, manifestó la importancia de la iniciativa para los sectores que aún se encuentran sin acceso a electricidad lo cual produce reclamos, molestias y falta de oportunidades para el desarrollo de la comunidad.