Por Mauricio Ávila C.

Esta semana se publicó la encuesta Ipsos "Lo que preocupa al mundo", sondeo que incluyó opiniones de más de 19 mil ciudadanos de 27 países. La mayor inquietud de los chilenos es el crimen y la violencia: 48% de los consultados dijo que esta era su mayor preocupación. El promedio de este ítem en el resto del mundo en que se hizo la misma pregunta es del 26%.

La delincuencia es tema de conversación y preocupación nacional para un público que todos los días es bombardeado con noticias de agresiones, "encerronas", "portonazos", asesinatos, asaltos y hasta secuestros. La subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, dice que el resultado de la encuesta no es novedoso, porque "el tema de la seguridad y los delitos ha sido por muchos años la principal preocupación de los chilenos y los resultados de esta encuesta son consistentes con otros sondeos".

-¿Hay alguna explicación para que la preocupación en Chile sea tan por sobre el promedio mundial? Es evidente que no somos el país con más delincuencia.

-Uno puede ver la serie de encuestas del Centro de Estudios Públicos en que por muchos años la seguridad fue la primera prioridad y tiene que ver con algo muy central, y es que la seguridad de las personas es fundamental para que puedan desarrollar sus proyectos de vida con libertad, para poder desarrollarse como personas y familias. Nosotros como Gobierno entendemos eso y compartimos esa preocupación, y por eso fijamos desde un principio del mandato del Presidente Piñera la seguridad como una prioridad. Por eso el primer acuerdo nacional al que llamó el Presidente en su minuto fue para abordar el área de delincuencia con una serie de iniciativas que están viendo la luz tanto en materia administrativa como legislativa. El Acuerdo Nacional por la Seguridad se materializó y se fueron dando una serie de iniciativas que queríamos impulsar como la ley de armas, que tras una larga tramitación logramos que se promulgara y que esté como ley vigente luego de 14 años de debate en el Congreso. Esto es algo que necesitábamos con urgencia para poner al día nuestra legislación para enfrentar los nuevos fenómenos que estamos viendo en nuestro país y en otros países.

-¿Y qué le dicen a usted los números luego de cuatro años de este Gobierno?

-Yo creo que en el debate y el análisis del tema de la seguridad hay que mirar los números, que son importantes, pero hay que mirarlos en dos planos que son igualmente relevantes. Uno es el del número de delitos. El año pasado las cifras indican, de acuerdo a los casos que informa Carabineros, que los delitos de mayor connotación social registraron una baja de casi un 14 por ciento y lo violentos de casi un 16%. Pero también estamos muy conscientes y preocupados y ocupados porque existe una alta percepción de inseguridad y de temor de las personas que se viene dando hace muchos años y eso tiene que ver a nuestro juicio con la mayor violencia con la que se realizan estos delitos. Este fenómeno de la violencia está vinculado a tres elementos que van muy encadenados entre ellos, que es la existencia de bandas y organizaciones criminales, muchas veces ligadas al narcotráfico y al uso de armas de fuego. Nosotros vemos que donde hay droga hay armas y hay violencia. Por lo tanto, lo que hemos hecho es focalizar la acción de ambas policías precisamente en combatir esto que denominamos crimen organizado. Queremos ir al foco, al origen de los fenómenos que están teniendo como consecuencia una mayor violencia en los delitos. Veíamos antes que en un robo con intimidación, en un "portonazo", en una "encerrona", las armas se usaban para intimidar. Hoy esas armas se usan para disparar. Hay otro fenómeno que se ha estado dando que es la participación de menores de edad en estos delitos violentos. Son menores que no controlan impulsos, que tienen y usan este armamento y estos delitos terminan con personas fallecidas. Por eso hemos focalizado la acción de las policías en abordar esta triada, estos tres factores que inciden en la violencia.

-¿Y cuál ha sido el resultado?

-Durante el 2021 obtuvimos buenos resultados, que son positivos: se aumentó en 83% la incautación de droga, se desarticularon más de mil bandas y organizaciones criminales y también hubo un aumento en el decomiso de armas de fuego. En el caso de las armas convencionales, de un 15%, y también en el de las modificadas, de un 103%. Esto último es muy importante porque lo que hemos visto en los distintos operativos de las policías en los trabajos investigativos es que aparecen con mayor frecuencia armas de fogueo modificadas a muy bajo costo y que tienen un alto poder de fuego y terminan contando con poder asesino. Por eso, y al alero de la implementación de la ley de armas, prohibimos la importación de cuatro modelos de armas de fogueo, que sabemos que se están modificando y que encontramos en los decomisos. Estas armas van a tener el mismo procedimiento que un arma convencional, es decir se va a tener que tener un registro respecto de la persona que la importó y de la que la vendió, de manera que cuando se usen o sean usadas en un delito se les pueda seguir el rastro. Por eso es tan importante esta ley, porque nos va a dar nuevas y buenas herramientas tanto para fiscalizar como para combatir el uso ilegal de armas de fuego.

-Hace un año el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que se había perdido la batalla contra la delincuencia. En ese mismo lenguaje bélico, ¿en qué estado cree que está esta guerra?

-La batalla contra la delincuencia, el combate contra ella, es una pelea diaria, es dura, no se termina nunca porque siempre va a existir delincuencia en el país. Nosotros lo que podemos decir es que hemos enfrentado con decisión y frontalmente la delincuencia, la violencia y el crimen organizado. Nadie puede decir que no hemos hecho la pega. Hemos ido obteniendo resultados, una baja en los delitos de mayor connotación social durante el año pasado, pero también estamos conscientes de que hay un trabajo muy importante que realizar y que tiene que ver con la sensación de inseguridad. A algunas personas puede que no les guste la labor que hemos realizado, que discrepen políticamente, pero nadie puede decir que no hemos hecho la pega y que no hemos enfrentado con fuerza y con decisión la violencia, el crimen organizado y la delincuencia.

-¿La demora de 14 años en aprobar la ley de Armas no les dio una ventaja a los delincuentes?

-Se demoró 14 años en el Congreso y, por supuesto que necesitábamos poner al día nuestra legislación, porque requeríamos más y mejores herramientas para poder enfrentar este fenómeno del creciente uso de armas de fuego. Y ahí, independientemente del momento en que llega esta ley, nos está entregando herramientas que son muy importantes. El desafío es a la implementación de esta ley, que es a lo que nos hemos dedicado en conjunto con el ministerio y subsecretaría del Interior, con aduanas, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y el Ejército para ver cómo hacer operativas cosas que hoy son urgentes, por ejemplo, la existencia del ADN balístico. Hemos estado trabajando hace dos semanas aspectos prácticos para que la ciudadanía sienta efectos concretos en la implementación de la ley y uno es la integración en un solo software de la información que tienen las distintas instituciones públicas sobre el registro de las "huellas" del armamento que permite tener este ADN balístico. Eso es muy importante, porque nos va a permitir incorporar la información de las dos policías y después integrarlas con la de la DGMN para reducir ostensiblemente los plazos que toma hoy poder hacer el chequeo de dónde provienen las municiones cuando se cometen delitos. Al reducir este plazo vamos a poder investigar mejor y en un plazo más corto y conseguir las condenas a las personas que usen ilegalmente este armamento. De hecho, la DGMN acaba de firmar un acuerdo con el Ministerio Público para poder tener información en tiempo real respecto de esta huella.

-¿Hay recursos suficientes para su implementación? Una ley sin fiscalización es letra muerta.

-Como todas las leyes, tiene que tener un informe financiero y los recursos tienen que ser provisionados en el tesoro público. En el caso de esta nueva ley va a haber un mayor gasto fiscal en el primer año, que está aprobado en el informe financiero, de 2.800 millones de pesos. Pero también las instituciones tienen sus propios presupuestos para ir desarrollando proyectos que apunten a la implementación de esta ley. La ley incorpora a la PDI, que antes no tenía la facultad de fiscalizar armas de fuego. Eso nos amplía el músculo y robustece la capacidad del Estado de realizar estas fiscalizaciones. La norma les pone más requisitos a las personas cuando quieren tener un arma de fuego, tienen que justificar de dónde sacan los fondos, tienen que pasar un examen tanto físico como sicológico y realizar un curso sobre mantenimiento y manejo de las armas. Y si a una persona se le condena por un crimen o un simple delito, se le cancela la inscripción del arma de fuego.

-Una crítica de expertos y académicos es que en Chile no hay una cifra unificada de los delitos, sino que hay varias fuentes que dificultan la generación de políticas públicas. ¿Se está avanzando en este tema?

-Dentro de la coordinación que realizamos con las policías en estos cuatro años precisamente apuntamos a tener cifras consolidadas de ambas policías. Hay que entender que aquí hay distintas labores, una es la que realiza el Ministerio Público y otra PDI y Carabineros, y que son de distinta naturaleza. A Carabineros le llegan los casos policiales, la PDI realiza las labores investigativas y la fiscalía realiza las investigaciones judiciales pertinentes. Por lo tanto, hemos avanzado en tener cifras consolidadas de ambas policías por un lado y también en ir avanzando respecto de fenómenos que fueron blanco o envueltos en alguna polémica hace poco.

-La polémica con el Ministerio Público sobre la cifra de homicidios.

-En el caso de los homicidios ahí es muy importante tener cifras consolidadas, pero también es importante que cuando las analicemos la naturaleza distinta del hecho, no porque sean distintos los números, sino porque a veces abarcan periodos distintos. En la polémica, ya zanjada con el Ministerio Público, se habló del aumento de la tasa de los homicidios en los últimos años, que efectivamente es así, pero también, y así terminaron reconociéndolo los propios fiscales, durante el último año bajaron los casos de homicidios, cerca de 22% a nivel nacional. De hecho, estamos ahora conversando con el Ministerio Público, tenemos un observatorio del homicidio en el que vamos chequeando los datos porque a veces son complejos. Carabineros recibe los casos, pero muchas veces un caso que está caratulado como suicido puede terminar después de la investigación judicial como homicidio, o viceversa, y por lo tanto ahí es muy importante contar con la colaboración del Ministerio Público que estamos formalizando, para tener a la Fiscalía como último ente verificador, porque ellos son lo que terminan las investigaciones judiciales y por eso ese trabajo tiene que ser permanente. Sin duda que tenemos que tener cifras unificadas.

-Ahora que están en transición con el gobierno entrante, ¿qué encargo le deja a su sucesor o sucesora?

-Una no es quién para dejar encargos. Estamos aquí trabajando hasta el último día en una lucha frontal contra la delincuencia, contra la violencia y el crimen organizado, y lo que uno espera es que en el país existan políticas públicas que sean tratadas como políticas de Estado por la relevancia que tiene en el país, especialmente en el caso e la seguridad pública, que hoy día es la primera prioridad de las personas. A una lo que le gustaría como subsecretaria es que determinadas acciones que se vienen realizando en esta repartición puedan tener una proyección en el futuro.