Por Efe / Redacción

Las empresas de telecomunicaciones Verizon y AT&T, que este miércoles tenían previsto activar sus nuevos servicios de 5G, anunciaron que van a retrasar su despliegue cerca de algunos aeropuertos estadounidenses, después de que las principales Aerolíneas de EE.UU. advirtieron efectos "catastróficos" de este despliegue en las cercanías.

Las compañías dieron a conocer su decisión después de que las principales aerolíneas del país pidieron al Gobierno que bloqueara la transmisión de señales 5G en un radio de 3,2 kilómetros alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos.

Airlines for America, que representa a los principales transportistas de pasajeros y carga, advirtió de que, si eso no ocurre, el lanzamiento este miércoles 19 de las nuevas bandas de frecuencia 5G en Estados Unidos tendría consecuencias "catastróficas" en las operaciones de las aerolíneas comerciales del país.

Verizon explicó que decidió de forma voluntaria "limitar" su red de 5G alrededor de aeropuertos, mientras que AT&T señaló que aceptó retrasar temporalmente el encendido de un número limitado de torres alrededor de ciertos aeropuertos.

"Quiero agradecer a Verizon y AT&T por aceptar retrasar el despliegue del 5G alrededor de aeropuertos clave y seguir trabajando con el Departamento de Transporte para un despliegue seguro del 5G en este número limitado de lugares", dijo tras los anuncios el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Según el mandatario, el acuerdo "evitará alteraciones potencialmente devastadoras en el tráfico de pasajeros, las operaciones de mercancías y la recuperación económica, mientras permite que más del 90% del despliegue de torres inalámbricas ocurra como estaba previsto".

EL DILEMA

El presidente dijo que la Casa Blanca continuará en contacto permanente con todas las partes hasta que se arreglen todas las cuestiones y pueda encontrarse una solución permanente en esos aeropuertos.

Según las compañías aéreas, las nuevas bandas de frecuencia de 3,7 a 3,8 gigahercios (GHz), el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes un mayor alcance geográfico y señales más rápidas, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan "inutilizables".

En concreto, a las aerolíneas y los fabricantes de aviones como Airbus y American Boeing les preocupa que las nuevas señales 5G puedan interferir en los radioaltímetros de los aviones, que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a los aviones a aterrizar.

Airlines for America, que representa a los principales transportistas de pasajeros y carga, advirtió que sin un plan que evite la transmisión de señales 5G en las cercanías de las pistas, habrá consecuencias "catastróficas" en las operaciones de las aerolíneas.

"El efecto dominó tanto en las operaciones de pasajeros como de cargamento, en nuestro personal y en la economía en general es simplemente incalculable", indicó.

El acuerdo con el Departamento de Transporte con esas compañías contempla la creación en hasta 50 aeropuertos de zonas donde se mitigará la interferencia de las señales 5G durante seis meses, pero las aerolíneas aseguraron que eso no impedirá que haya "restricciones en los vuelos".

La Comisión de Constitución del Senado declaró admisible una indicación presentada por el senador Francisco Huenchumilla (DC) al proyecto que busca indultar a los detenidos por delitos ocurridos durante el estallido social, también llamados "presos de la revuelta".

La indicación reemplaza el indulto por la figura de la amnistía, lo que según Huenchumilla permitiría reducir el quórum necesario para su aprobación. Sin embargo, el presidente de la instancia, Pedro Araya (ind.) aclaró que dicho efecto no se producirá.

"No se cambia el quórum, sigue existiendo un artículo que es norma de ley orgánica que necesita votos de senadores de derecha", explicó el legislador.

Araya precisó que se trata de una disposición que permite a las personas condenadas solicitar la amnistía a un juez de garantía: "Esa es una nueva atribución que hoy los jueces de garantía no tienen y, como consecuencia de lo anterior, es norma de ley orgánica".

"Nos hemos demorado porque estamos tratando de construir un acuerdo, tratando que algunos senadores de derecha entiendan la necesidad de construir paz social y a partir de esto aprobar este proyecto que da una solución a los denominados presos de la revuelta", dijo el senador.

La Comisión de Constitución continuará este miércoles el debate en particular del proyecto.

En tanto, la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a quienes cometieron delitos durante el estallido social sigue provocando malestar en el gobierno.

"MUY MALA SEÑAL"

"Es una muy mala señal indultar a personas que han cometido delitos tan graves como tirarle bombas molotov en la cara a dos carabineros, como incendiar iglesias, incendiar el metro, incendiar monumentos", afirmó el presidente Sebastián Piñera.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, emplazó a los promotores de la iniciativa a transparentar qué delitos buscan indultar, para saber "respecto de quién va a haber impunidad y cuál va a ser la respuesta a las víctimas de esos delitos".

Según Gendarmería, 211 personas se encuentran privadas de libertad por delitos relacionados con el estallido social, de las cuales 67 están condenadas y 144 en prisión preventiva.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó que aprobó tres solicitudes de organizaciones de la sociedad civil para iniciar el procedimiento para un posible referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

"El CNE aprobó tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro", indicó el organismo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, declaró que las solicitudes aprobadas fueron impulsadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional Confedejunta, en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como Internacional.

"Es el primer paso de acuerdo con lo establecido en las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de elección popular", explicó el CNE y agregó que la eventual activación de este mecanismo requerirá que el 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten "su voluntad", ratificada con sus firmas.

Para revocar a Maduro, el día de la elección los votos deben sumar lo mismo o por encima de lo que obtuvo cuando fue electo: 6.245.862 apoyos.

Ahora "la Junta Nacional Electoral deberá ahora elaborar un cronograma para la recolección de estas voluntades", precisó el CNE.

Maduro fue elegido en unos comicios presidenciales adelantados en mayo de 2018 y juró su segundo mandato (2019-2025) ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente el 24 de ese mismo mes, y también volvió a hacerlo el 10 de enero de 2019 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Constitución venezolana establece que el presidente debe tomar juramento el 10 de enero del año en que empieza su período de mandato, pero ante el Parlamento.

La toma de posesión, sin embargo, se realizó en el Tribunal Supremo, porque la Suprema, controlada por el oficialismo, declaró a la Cámara en "desacato" en el 2016, después de que la oposición lograra la mayoría de los escaños.